La Oficina Anticorrupción (OA) ejerció su actividad de control sobre 1.536 funcionarios de alta dirección en la administración pública y formuló 191 instrucciones preventivas, referidas a declaraciones juradas patrimoniales integrales, incompatibilidades y otros aspectos, según el informe anual 2018 del organismo. 

La difusión del informe de la Oficina Anticorrupción –publicado en su página web- coincide con un tiempo de alta exposición de la secretaría de Estado que conduce Laura Alonso: mientras desde el oficialismo se dice que está en elaboración una reforma "integral" del organismo para "este año electoral", a pedido del Presidente Mauricio Macri, la OA confirmó hoy, por medio de su titular, que estudia cómo hicieron en diversos países para recuperar activos en resonantes casos de extinción de dominio.

También estos días viene mostrándose muy activa la OA en materia judicial: pidió por escrito confirmar la condena a Amadeo Boudou (causa Ciccone) y salió contra la posibilidad de postergar el inicio del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por presunto fraude en la obra pública.

La OA logró siete condenas en juicios finalizados durante 2018 (otros dos juicios están en curso, los de el exfuncionario kirchnerista José López y el empresario Lázaro Báez), y participa en 47 querellas, de las cuales 17 están ya en etapa de juicio oral.

Por otra parte, la Oficina resolvió 25 investigaciones en el control del cumplimiento de la ley de Etica Pública; inició 130 por posible comisión de hechos de corrupción y formuló 43 denuncias ante el Poder Judicial.

Respecto del informe 2018 sobre funcionarios públicos, se señala que para "la emisión de las instrucciones" se analizó la situación particular de cada uno (antecedentes laborales, participación en sociedades, integración de asociaciones sectoriales), y se elaboró un manual con estándares éticos generales y específicos, de manera "que el funcionario conozca qué comportamiento le está permitido, cuál prohibido, de qué y cómo debe abstenerse". 

La OA constató asimismo, según indica su Informe de Gestión correspondiente al año pasado, un 92% de cumplimiento de las declaraciones juradas (frente a 81,1% en octubre de 2017), y remitió 468 solicitudes de aclaraciones patrimoniales a los declarantes, a fin de recibir mayor información o la rectificación de los datos consignados. 

Otros 450 casos fueron derivados por "incumplimiento de la obligación" de presentar esas declaraciones y/o "a raíz de la detección de posibles conflictos de intereses", con lo cual se dio intervención a la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción o a la Subsecretaría de Integridad y Transparencia, y se formularon 153 denuncias ante la Justicia. Por otra parte, "a partir de un trabajo conjunto con distintos organismos, se incrementó la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaración jurada, que pasó de 51.690 en octubre de 2017 a 53.652 en junio de 2018".

El organismo intervino también en lo concerniente a viajes registrados y obsequios a funcionarios. En este sentido, entre el 17 y 21 de diciembre pasados, en forma previa a las fiestas de fin de año se les recordó a los funcionarios y empleados la prohibición de recibir obsequios, en el marco de lo establecido por el decreto 1179/2016.

De todos modos, en esta materia hubo 1.684 casos durante 2018: 1.332 obsequios y 352 viajes financiados por terceros.

Argentina se estancó en el ranking global que mide la corrupción

Nuestro país alcanzó los 40 puntos sobre un máximo de 100, mostrando una leve y lenta mejora hacia la transparencia del Estado nacional desde 2015, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización no gubernamental global ...