La reforma laboral brasileña, que entrará en vigor el sábado 11 luego de haber sido aprobada por la mayoría oficialista en ambas Cámaras del Congreso, modifica las relaciones de trabajo vigentes desde 1943 en la normativa de la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). De acuerdo con el sondeo de Vox Populi, el 81 % rechaza el proyecto, 6 % lo aprueba, 5 % no aprueba ni desaprueba y el 8 % no respondió. La difusión de la encuesta coincide también con una jornada de protestas en todo el país convocada para este viernees 10 por las centrales sindicales.

De acuerdo con el sondeo encargado por la Central Única de Trabajadores (CUT), el 67 % considera que la ley es "buena para las patronales", el 15 % sostiene que no es buena para nadie, el 6% que es buena para ambos, el 1 % que es buena para los empleados y el 11 % no supo responder.

El mayor índice de rechazo a la ley laboral se dio en la región más rica y poblada del país, el sudeste (estados de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo), con 89 %, contra el 60 % de la región sur.

La encuesta relevó 2000 opiniones en 118 municipios, con un margen de error del 2,2 %.

Entre los 100 cambios de la ley laboral, se encuentran la posibilidad de negociar entre empresa y empleado las condiciones laborales sin tener en cuenta los convenios colectivos de trabajo, la división de días de vacaciones, la legalización de la subcontratación y el trabajo intermitente, cuando el trabajador apenas cobra cuando es convocado por su empleador.

Anoche, Temer expresó su optimismo sobre la creación de puestos de trabajo con la nueva legislación. "De aquí en adelante la economía va a seguir creciendo y vamos a recoger los frutos de la nueva ley laboral. La nueva ley no le va a quitar los derechos a nadie", aseguró el presidente durante una entrevista divulgada por la cadena oficial de radio Voz de Brasil.

Por otra parte, los tres precandidatos presidenciales para 2018 de la izquierda o centroizquierda, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista) y Manuela Dávila (Partido Comunista del Brasil) dijeron que si llegan al poder derogarán la reforma.