Por estos días, ¿la sociedad argentina ha mutado sus opiniones sobre el rol que tiene que tener el Estado en salud, educación, obras públicas, temas de género y derechos sexuales y reproductivos (DSR)? Los resultados de una investigación —realizada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en articulación con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y la colaboración de Luis Costa y Asociados— indicaron que las políticas públicas implementadas en las últimas décadas para resguardar derechos reconocidos siguen siendo importantes y se mantienen más allá de un gobierno en particular.

El 80 % de las personas en Argentina considera que falta mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos en el país. Esa misma proporción aseguró preferir un Estado que provea más servicios como salud, educación y obras públicas, y siete de cada 10 cree que el Estado debería involucrarse y/o invertir “mucho” o “bastante” en brindar asistencia integral a víctimas de violencia de género, facilitar información y métodos de prevención de embarazos e ITS (infecciones de transmisión sexual), y brindar educación sexual integral.

El estudio “Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina 2024” se realizó en base a una encuesta online en redes sociales a dos mil personas a nivel nacional y desarrolló 13 grupos focales con participantes de todas las regiones del país. Las personas fueron seleccionadas para representar la diversidad de contextos sociales y territoriales del país. El objetivo fue conocer el grado de adhesión de la población a la agenda de género y derechos sexuales reproductivos, las razones de esos posicionamientos y la importancia que se le asignan a estos derechos, teniendo en cuenta la política que tiene el gobierno actual sobre la agenda de género. 

“Una mirada global de los resultados permite tener una apreciación diferente de lo que el clima cultural parecería indicar. El Estado aparece como un actor clave que, lejos de retirarse, debería involucrarse y garantizar inversión social en una sociedad en la que las personas consideran que resta mucho por hacer para generar condiciones de mayor igualdad de derechos”, analizó Lucila Szwarc, investigadora del Cedes.

Cerca del 90 % de las personas encuestadas considera que el Estado debe “involucrarse mucho” para reducir la pobreza, garantizar la educación en las escuelas y controlar las fronteras. En la prevención del embarazo adolescente y en la educación sexual integral (ESI), más del 70 % de argentinos y argentinas indicó que la participación estatal es clave. 

La idea de un Estado presente alcanza apoyos considerables. Prácticamente 8 de cada 10 personas prefiere “un Estado más bien grande” que provea servicios, a “un Estado más bien pequeño”.  

Para las personas encuestadas, el Estado debería invertir mucho o bastante en aumentar salarios en salud y educación (más del 80 %), en distribuir alimentos a comedores (71 %) y en facilitar métodos de prevención de embarazos e ITS (70 %). 

Las preferencias de las personas por un Estado que invierta también son importantes en cuanto a brindar asistencia a víctimas de violencia de género y brindar servicios de cuidado infantil. Son las mujeres quienes expresan mayor apoyo para la inversión estatal en métodos anticonceptivos (MAC) y prevención de ITS y para la asistencia a víctimas de violencia de género.

Investigación del Cedes, en articulación con ELA, y la colaboración de Luis Costa y Asociados.

En contraste con el discurso que desestima la desigualdad entre los géneros, seis de cada diez personas considera que existen inequidades grandes o muy grandes entre mujeres y varones. Acá la diferencia de opinión entre los géneros es notoria: entre las mujeres la suma de las opciones “muy grandes” y “grandes” llega hasta un 66 %, mientras que entre los varones la suma de ambas opciones llega a un 49 %. Por otro lado, un 20 % de los varones votó que “no existen”, mientras que esa respuesta solo llegó al 9 % entre las mujeres. 

Sin embargo, sí hay coincidencia relativa entre varones y mujeres respecto a que las desigualdades son menores que hace 10 años (cinco de cada diez). La violencia por motivos de género en la pareja es considerada el principal problema que enfrentan las mujeres, seguido de los problemas de exposición a abusos y a violencia sexual.

Además, la mitad de las personas considera que interrumpir un embarazo en condiciones seguras, que las adolescentes puedan prevenir un embarazo y que haya una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado en el hogar son situaciones que mejoran la vida de las personas. 

“Para enfrentar el actual asedio y descalificación de las agendas de género y derechos sexuales y reproductivos es clave generar conocimiento acerca de cómo la sociedad percibe y valora esas agendas. Este conocimiento sirve no solo para hacer valer las voces de la sociedad, sino también para nutrir el debate público y orientar la acción política a fin de sostener los derechos adquiridos y fortalecer el vínculo de esas agendas con la democracia”, señaló Silvina Ramos, coordinadora general del estudio e investigadora del Cedes.