La violencia digital se ha convertido en un fenómeno en constante crecimiento con graves consecuencias para la libertad de expresión. En ese contexto, Amnistía Internacional presentó un informe que revela que el 63,5 % de las periodistas mujeres y con identidades de género diversas en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años. Las agresiones de la vida analógica encuentran en las TIC un canal de amplificación o facilitación, unas veces de manera aislada y anónima, otras veces de manera sistemática y de parte de personas con nombre y apellido.

Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas fue elaborado sobre la base de 36 entrevistas a personas con diversos roles en el circuito productivo de la información y 403 encuestas a periodistas mujeres y de diversas identidades de género de todo el país. De las que manifestaron haber sido víctimas de violencia, un 98,3 % fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6 % fue víctima de hostigamiento o trolleo, es decir, de ataques sostenidos en el tiempo y direccionalizados.

Los ataques tienen como objetivo silenciar o disciplinar a mujeres con voz pública, afirman desde Amnistía. Y, en el caso de aquellas especializadas en género, aparecen como forma de castigo por atreverse a visibilizar las estructuras sociales de dominación y discriminación que existe por motivos de género. La producción noticiosa sobre aborto, femicidios y violencia de género y derechos humanos las expone a recibir mayor violencia. Esto se enmarca en un contexto más amplio de polarización y ataques a periodistas, donde los discursos de odio, la agresión y la desinformación se han vuelto moneda corriente para desacreditarlos públicamente y dañar su reputación.

La violencia digital impacta en la libertad de expresión, en la salud mental y en el desarrollo profesional de periodistas. Imagen: captura portada de "Muteadas".

Las agresiones no empiezan y terminan en el entorno digital. Un 45,9 % de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual y un 44 %, amenazas de violencia física. Los números permiten ver que no son hechos aislados ni episódicos, sino que son parte de la vida cotidiana de aquellas con voz pública en los medios de comunicación. Además del impacto de la violencia digital en la libertad de expresión, el informe documenta las consecuencias en la salud mental y el ejercicio profesional de las periodistas.

Una de las consecuencias más severas de la violencia de género en el entorno digital contra las periodistas es su efecto silenciador. A pesar de que, ante el hostigamiento e intimidación, muchas deciden no dejar de publicar información, la mayoría opta por reducir su presencia en las plataformas digitales. Cinco de cada diez periodistas encuestadas víctimas de violencia manifestaron que se autocensuran en las redes sociales para evitar nuevos ataques; 44,7 % expresó que evita la interacción con la audiencia; 34,5 % dejó de participar en alguna red social, y 7,10% cerró sus cuentas.

Los efectos también se extienden a la vida personal. Más del 80 % de las periodistas que vivieron situaciones de violencia online reportó que su práctica profesional se vio afectada por hechos de agresión y/o amenazas digitales. Seis de cada diez afirmaron que el temor también se extiende a la posibilidad de sufrir ataques fuera del ámbito online y dos de cada diez mencionaron haber buscado ayuda médica o psicológica tras un ataque en redes sociales o plataforma digital. La misma cantidad evita cubrir ciertas historias o evalúan seriamente antes de avanzar con alguna. Otras temen por el impacto que la violencia de género puede tener en el acceso a fuentes de información.

“Si me preguntás si yo, al otro día, cuando me tocaba armar las noticias, me acordé de esa situación, por supuesto que sí. ¿Y si me condicionó? Sí. ¿Por qué? Porque de repente veo las cosas que dicen, el doxeo, y no tengo ganas de que este pelotudo me diga ‘qué linda está tu hija saliendo del colegio’”, dijo una periodista.

Los ataques tienen como objetivo silenciar o disciplinar a mujeres con voz pública. Imagen: captura "Muteadas"

La retracción de la agenda de género

El contexto nacional, particularmente, está marcado por la reacción de sectores que se oponen al reconocimiento de los derechos de mujeres y personas LGBTI+, y agravado por la crisis de la industria periodística y la precarización laboral. Todo ha llevado a muchos medios de comunicación a dejar de priorizar los temas de género en su agenda. Como resultado, las periodistas y editoras especializadas en estos tópicos, explicaron desde Amnistía, han perdido el respaldo institucional necesario para realizar su labor. De las trece editoras de género que ocupaban un lugar en los medios, actualmente quedan menos de la mitad.

Algunos medios justificaron esta retracción de la agenda de género en la pérdida de interés por parte de las audiencias. Otros ejecutivos de medios nacionales afirman lo contrario, y destacan que su compromiso con la visibilización de la desigualdad de género no está sujeto a las modas.

La Justicia que falta y los caminos a seguir

El informe de Amnistía revela que el acceso a la justicia ante la violencia de género online enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las mujeres denuncien la violencia sufrida en el entorno digital. Solo el 7% de las víctimas de violencia digital encuestadas ha denunciado los hechos ante la Justicia, lo que pone en evidencia la percepción de que el Estado no realiza los esfuerzos necesarios para abordar de manera efectiva la violencia digital y proporcionar soluciones oportunas y eficaces a las víctimas. 

Un 23 % de las periodistas que experimentaron violencia online fue por parte de figuras del ámbito político. Imagen: captura "Muteadas". 

Así como el Estado debe implementar medidas para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de actos de violencia de género, el sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas que gestionan plataformas de redes sociales —como X, Meta, Youtube, Tik Tok— deben evaluar de manera continua y activa cómo sus políticas y prácticas afectan los derechos de libertad de expresión y opinión de sus usuarios, así como los derechos a la igualdad y no discriminación de las mujeres, niñas y diversidades y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Recomendaciones

Las plataformas digitales cuentan con mecanismos diseñados para reportar ataques y reforzar la seguridad de las y los usuarios. Pero estas medidas no siempre resultan efectivas si queremos que se identifique al agresor y se adopten medidas legales para frenar y sancionar la violencia en las plataformas digitales. Las acciones no deben limitarse a las opciones que dan las empresas de redes sociales, afirman desde Amnistía, y —en un anexo del informe— recomiendan:

1. No borrar los mensajes ni bloquear cuentas.
2. Recolectar la prueba de la agresión.
3. Preservar la prueba de manera adecuada.
4. Dónde denunciar. (En Mendoza existe la Unidad Fiscal de Violencia de Género).
5. Actuación judicial.