Nuevo femicidio en Mendoza: el atacante tenía una denuncia previa por violencia de género

Sociedad

Alfredo Bendini es uno de los abogados que ha logrado notoriedad como defensor de varios de los imputados por causas de violencia de género. Incluso, tomó notoriedad mediática al encadenarse el mes pasado frente al Palacio Judicial.

Recientemente, en diálogo con diario Los Andes, Bendini afirmó: “El centro de la Justicia es la mujer y empecé a sentir que había una criminalización hacia el hombre. Yo a esto lo hago como abogado, pero también como ser humano”.

Una vez conocida la huelga de hambre, los números que maneja el Ministerio Público Fiscal parecen contrastar con los reclamos. Desde el área de la justicia que maneja el procurador Alejandro Gullé, difundieron datos pocos conocidos hasta el momento sobre las personas detenidas por delitos asociados a la violencia de género en Mendoza.

El MPF informó que durante 2022 ingresaron un total de 8.783 causas por violencia de género. De ese total, el equipo de fiscales ordenó la detención de 667 hombres, lo cual representa un 7.59% del total de personas denunciadas. En este marco, destacaron que, del total de imputados, un 59% había delinquido con anterioridad (y son considerados reiterantes – reincidentes).

Asimismo, el MPF brindó información sobre cómo se llega procesalmente a esas detenciones, dado que se había puesto en dudas ese procedimiento por parte de los internos.

“Se informa que en los delitos vinculados a hechos de violencia de género, la detención del imputado se sustenta en informes técnicos de contenido científico que realizan profesionales de la salud mental (psicología y psiquiatría) del E.P.I. (Equipo de Profesionales Interdisciplinario). Dichos informes se elaboran en base a estándares de evaluación internacionales, arrojando el riesgo que corre la víctima de sufrir nuevamente hechos de violencia. Sin perjuicio de las pruebas obrantes en el expediente (declaraciones testimoniales, procedimiento policial, informe de lesiones del Cuerpo Médico Forense), si del informe del EPI surge que el riesgo es alto o moderado, el imputado podrá ser detenido a fin de garantizar la integridad física de la mujer”, indicó en un comunicado el MPF. 

Al mismo tiempo, desde la justicia indicaron que “en ningún caso transcurren más de 10 días desde la detención hasta la realización de la audiencia de prisión preventiva ante el Juez Penal Colegiado”, que es quien termina por ratifica o no la detención. Entonces, es el juez o jueza quien evalúa las pruebas reunidas y dispone o no la prisión preventiva del imputado.