La mitad de las construcciones emplazadas en el piedemonte no cuenta con las habilitaciones legales exigidas. Por eso, el Gobierno ya intimó al 80 % de los propietarios y les dio un plazo de 10 días para regularizar la situación.

La vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, explicó a Unidiversidad que el objetivo de la medida es que los titulares de cada emprendimiento cumplan con las exigencias legales que deben tener para construir y habitar en esa zona, considerada de fragilidad ambiental y de riesgo aluvional. La geógrafa comentó que, pasado el lapso que tienen para regularizar, las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial analizarán los pasos a seguir, teniendo en cuenta en qué sector están ubicadas esas construcciones, cuáles son los riesgos y las obras necesarias para mitigarlos.

Cornejo paralizó las construcciones en el Piedemonte

El Gobernador decretó la emergencia ambiental en esa zona por el impacto negativo que están generando los emprendimientos inmobiliarios.

Freno a la construcción

La intimación a los propietarios tiene como amparo legal el Decreto N.° 219, que se publicó el 8 de febrero en el Boletín Oficial, por el cual el Ejecutivo provincial declaró la emergencia ambiental en el piedemonte y suspendió por 12 meses las autorizaciones para construir en la zona.

El gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto luego de conocer las conclusiones del estudio que realizaron investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA), en el que analizaron en profundidad distintas variables en un área de 1300 kilómetros cuadrados, desde la subida de Villavicencio hasta Agrelo, en la margen derecha del río Mendoza. El estudio arrojó una gran cantidad de datos, entre ellos, que en la zona que atraviesa los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo viven 10 mil familias.

Zonificarán el piedemonte, donde viven 10 mil familias

Es una de las conclusiones del informe del INA, que fue la base para que el gobernador Cornejo decretara el freno de obras en la zona. En ocho meses se sabrá dónde se puede construir y qué habitantes se deben trasladar.

La zonificación

Rapali explicó que, si bien evaluaron que el 50 % de quienes habitan en la zona no cuentan con las habilitaciones pertinentes, este porcentaje no es equivalente a la mitad de los habitantes (10 mil familias), sino que se trata de titulares registrales, que en muchos casos son quienes construyeron un barrio o un condominio en el que viven muchas familias.

La profesional destacó que, en paralelo con los emplazamientos, continúan con el trabajo en el seno de la Comisión del Piedemonte, cuyo objetivo es zonificar ese territorio, es decir, determinar claramente qué se puede hacer, dónde y con qué condiciones. Ahí se reunen representantes de los cuatro municipios y de todos los organismos públicos que tienen participación en la temática, como Hidráulica, Irrigación o los entes reguladores de los servicios públicos, entre otros.

Dos diques, los puntos débiles del sistema de defensa aluvional

Explican que hay que concretar obras para mejorar la seguridad del Maure y el Papagayos. La importancia del freno a las construcciones en el piedemonte.

Rapali comentó que una vez que concluyan con la zonificación, evaluarán cuál es el camino a seguir con los habitantes que no tienen los permisos necesarios para habitar o para construir. Entre otros aspectos, en el seno de la Comisión determinarán zonas de peligro bajo, medio y alto respecto del riesgo aluvional, por lo que será necesario estudiar dónde están asentados y cuáles son las soluciones posibles para quienes no están en zona de seguridad.

Hidráulica, sin poder de policía sobre el territorio

Así lo reconoció el titular del organismo, David Cangialosi. Explicó a Unidiversidad que en todos los oasis hay algunos emprendimientos urbanísticos y agrícolas ubicados sobre cauces. Juzgó como positivo el freno de construcciones en el piedemonte. ...

Rapali comentó que, para analizar la urbanización actual y futura de la zona, estudian dos variables clave: el riesgo aluvional y los servicios, ya que muchos habitantes se trasladaron sin contar con algunos básicos, como luz o agua. En este último caso, explicó que cuentan con el aporte de los profesionales del Departamento General de Irrigación (DGI).

Además de las notificaciones de emplazamiento, las autoridades de la Secretaría paralizaron la construcción de cinco emprendimientos en el piedemonte (la mayoría barrios) porque no contaban con las habilitaciones requeridas.