El diario Vox y el portal MDZ Online coinciden en la búsqueda de información local como un reflejo de la discusión nacional sobre el destino institucional de los espías que trabajan para el Estado. El efecto de la muerte violenta de Alberto Nisman es la sospecha en que cayó la Secretaría de Inteligencia, la ex Side, por parte del mismo gobierno de Cristina Fernández.

El primero que apuntó la acción de los espías en Mendoza la publicó el lunes 26 el diario Uno con un informe titulado: “La SI apuntada por la muerte del fiscal federal, también opera en Mendoza”.

Inteligencia menduca y el recuerdo de Cobos

El diario gratuito muestra el trabajo de inteligencia que realiza el Ministerio de Seguridad de Mendoza. La nota de Pablo Icardi quien dirige la publicación titula en tapa: “Inteligencia estatal: escuchas, fondos reservados y dudas”.

El periodista postula en el texto un detalle de la repartición dedicada a escudriñar los pliegos de la delincuencia organizada:

Dentro del Ministerio de Seguridad existe una Dirección de Inteligencia, que es conducida por un civil. Su misión es tratar de anticiparse a la comisión de los delitos, principalmente los relacionados con el crimen organizado. Para ello también se valen de fuentes y métodos extraordinarios: agentes encubiertos, soplones (que muchas veces son delincuentes) y, sobre todo, 7 millones de pesos de gastos reservados que son usados a discreción.

En otro párrafo el informe de Vox hace una revisión sobre cómo se llegó a la utilización de las escuchas telefónicas para resolver los delitos:

Las escuchas telefónicas se transformaron en una de las claves de las investigaciones judiciales complejas. De hecho Mendoza tiene experiencia: gracias a ese sistema, por ejemplo, se descubrió la connivencia entre el Gobierno (cuando Julio Cobos era gobernador) y la barra brava del Tomba, comandada por Daniel “Rengo” Aguilera. Incluso el propio Cobos fue quien promovió la ley que flexibiliza la autorización de las escuchas. La ley 7.697 permite que se intervenga algún teléfono con la autorización de un juez de garantías (a pedido de un fiscal). Operativamente es la Secretaría de Inteligencia (ex Side) la que realiza las escuchas.

La Inteligencia en la campaña electoral

El primer diario digital nativo de Mendoza abre su edición de hoy miércoles con una nota del periodista Juan Carlos Albornoz quien titula su trabajo así: “La UCR pide a Pérez cambios en Inteligencia”.

En la nota se le da aire al ex viceministro de Seguridad, el radical Alejandro Salomón quien ahora asesora al presidente de la UCR nacional y senador nacional, Ernesto Sanz, a la vez fuerte crítico de la iniciativa reformista de la ex Side por parte de la presidenta.

El informe postula la idea de Salomón de ajustar los controles sobre la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) y elevar al organismo de rango institucional y que los responsables tengan acuerdo del Senado provincial. Esto dice textualmente sobre el asunto:

El asesor legislativo y otros radicales apuntaron también en las últimas horas al control de la DIC y los recursos que maneja. Son muchas las críticas a la situación mendocina: en el partido opositor creen que el organismo no tiene planificación alguna ni trabaja en coordinación con otras provincias. "Inteligencia es hablar de prevención y si Inteligencia no previene, fracasa. Aquí el problema es que se pone a la gente a trabajar sobre lo que pasó", sostuvo Salomón. "Es mentira que no se puede hacer control sobre la inteligencia. El presupuesto debería ser controlado por la Bicameral de Seguridad y que digan cuáles son los lineamientos estratégicos y cuál es el plan provincial anual", precisó Salomón.

Detalla Albornoz también, que en una consulta radial el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore admitió que el año pasado se utilizaron 500 mil pesos salidos de la partida de “gastos reservados”.

Pero también está la sospecha instalada a nivel nacional en el territorio provincial sobre la utilización de este organismo con fines electorales en un año con elecciones fragmentadas por jurisdicción y donde se pone en juego la gobernación. Preste atención a lo que dice Salomón sobre este punto:

El problema es que, según el ojo opositor, ese dinero (mucho o poco) no se gasta bien y, en años como el que se está iniciando, hasta podría tener usos electorales. "Inteligencia debería hacer un mapa de lo que está pasando, por ejemplo, con la droga en el oeste del Gran Mendoza. Pero en cambio, se sigue trabajando todo judicializado. Todo es en torno a una causa judicial, en lugar de casos, y se deja de lado la prevención. No se hacen operaciones legítimas de inteligencia", opinó Salomón.