El investigador y director del Programa de Posgrado en Administración Pública de la UBA, Oscar Oszlak, recalcó que para lograr un modo de gestión de Estado Abierto se necesitan dos patas: la decisión política de transparentar la información y un ciudadano que esté dispuesto a participar y a ejercer su rol de contralor. Oszlak, que fue uno de los disertantes en las Terceras Jornadas de Estado Abierto que se realizaron en la UNCUYO y el Poder Judicial, explicó que el ciudadano desconoce qué están haciendo en los tres poderes tanto en su beneficio como en su perjuicio. Por eso, recalcó que la transparencia y la apertura de la información son fundamentales, aunque no el único eslabón necesario, ya que sin la participación del ciudadano el proceso no está completo.

“No sólo el Estado es una caja negra y no se abre a la sociedad, sino que en la otra punta el ciudadano no tiene la disposición, el tiempo o las ganas para involucrarse activamente e intervenir en el seguimiento de la gestión pública. Cuando se le pregunta al ciudadano si está a favor de la participación, todo el mundo dice que sí, pero el lema termina siendo “Animémonos y vayan”, recalcó el investigador.

Dentro de este concepto genérico de Estado Abierto, ¿cuáles son las particularidades del Poder Judicial?

Evidentemente hay innumerables formas a través de las cuales se distorsiona totalmente el rol que tiene el Poder Judicial, sea en pequeños privilegios o corruptelas, como puede ser tener salarios inmensamente superiores a los de cualquier otro funcionario público, tener un mes y medio de vacaciones, horarios reducidos de trabajo, no estar sometido al aliento en la nuca del ciudadano. Se desconoce lo que se hace desde este poder, y por lo tanto puede mantenerse en la impunidad y no ser sometido a una evaluación de su tarea. Es decir, si yo no doy a conocer información, tengo poder; en la medida en que el ciudadano la conozca, la información tiene su capacidad de ser utilizada como recurso de poder.

Usted recalcó la falta de participación del ciudadano. ¿Cuáles son los mecanismos para intentar cambiar esa realidad?

Sinceramente creo que hay que empezar por una reorganización total del sistema educativo. No se trata de darle un curso de instrucción cívica a los chicos en la escuela secundaria, sino que desde la primera infancia, desde el jardín de infantes, tienen que aprender a ser ciudadanos. Deben aprender que sus intereses como individuos y como integrantes de una sociedad están en juego en esa relación con el Estado, y que por lo tanto parte de la asunción de su responsabilidad en la vida adulta incluye no sólo votar de vez en cuando, sino participar activamente en los asuntos de una comunidad. Eso es un problema de educación. Hay países donde eso funciona más –a lo mejor no como sería deseable–, pero en todo caso estamos lejos de ese ideal. Ese es uno de los instrumentos, y por supuesto una acción muy decidida desde el propio Estado de instar a los funcionarios públicos a que se abran a la sociedad. Para eso, el que está más arriba tiene que estar exento de todo interés corporativo y debe estar imbuido de un real interés público a escuchar al ciudadano, a rendirle cuentas, a aceptar sus críticas. Todo eso implica educar al soberano y al ciudadano.