Último programa de "Apuntes": recorrido por sus tres años
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20 DE DICIEMBRE DE 2024
Roberto Follari, epistemólogo, docente y doctor en Psicología.
Foto: Prensa UNCUYO
Milei promete privatizar la educación. Para ello, nos habla de las supuestas ventajas de otorgar vouchers a los estudiantes, o a sus familias, para que ellas vayan a pagar a un colegio privado (o uno que fue estatal, ya privatizado). Es la liquidación de la educación igualitaria, y la segmentación y dispersión caótica del sistema escolar nacional.
Cada escuela sería regimentada empresarialmente. Es decir: sería un negocio. Ya se ha hecho en Chile: proliferaron las escuelas/garaje. Si tenés un garaje libre, hacés negocio con él: lo convertís en escuela. Así, oportunistas de todo tipo se vuelven regenteadores de colegios para lucrar con los vouchers de los estudiantes. La calidad educativa, obviamente, por el piso.
Es que no solo se liquidaría la cohesión del conjunto de sistema, dándose en cada escuela planes diferenciados según gusto y comodidad de los empresarios a cargo, sino que automáticamente se irá “tirando hacia abajo” a los alumnos más pobres. Demostrada largamente la correlación estadística entre clases sociales y rendimiento educativo (dado que la escuela coincide con la cultura de los sectores medio-altos de la sociedad), los sectores menos favorecidos no serían aceptados en las escuelas “de prestigio”: para que los colegios puedan recibir subsidios, hay que mostrar o aparentar buen rendimiento, y para mostrar buen rendimiento, hay que tomar solo a los alumnos de los sectores de más calificación educativa formal. Los pobres tendrán que ir a las escuelas peores. Habría escuelas absolutamente segmentadas según cada sector social.
No cuesta prever que, luego de un tiempo, las mejores escuelas pedirán un “coseguro”: atendiendo a reglas de mercado, cobrarán el voucher más un excedente. Solamente los más ricos podrán acceder allí, y de hecho tendrán que poner del propio bolsillo. Para los que no tengan tanto dinero, estarán las referidas escuelas de segunda o de tercera.
Uno se pregunta: ¿qué ahorra el Estado si, en vez de pagar al sistema educativo, paga los vouchers a los estudiantes? Porque, si debe financiarse con tales vouchers al empresariado a cargo, este debe cubrir con ello edificios, equipamiento, personal de apoyo, personal directivo y docentes. Olvidemos a esos docentes, sometidos en su salario al arbitrio de la patronal, sin sindicato ni organización colectiva. Lo cierto es que los vouchers deben ser muy caros –de alto valor monetario– para financiar, además, la ganancia privada de los gestores.
Por ello, no sería de extrañar una decadencia generalizada del sistema por disminución del financiamiento: es el único modo en que esta privatización sirviera en algo a la baja del gasto público a que suelen aspirar los hoy denominados “libertarios”. Es decir: si se financian los vouchers, no sería raro que se los empezara a bajar gradualmente en monto.
Pero resulta que todo puede ser más grave: en verdad, en Argentina, la idea no es que existan vouchers garantizados por el Estado. Esa es laexperiencia de Suecia, por ejemplo. Aquí, el proyecto está desnudado en un elocuente –y lamentable– artículo del diario La Nación” del 25 de enero de 2022, firmado por Martin Krause (puede verse en Internet), llamado “Milei, vouchers y educación estatal”.Allí, intentando hacer seductora la idea con citas de Borges e invocaciones a la aventura y la novedad, se dice sin titubeos: "(…) Pero estos –los de Suecia– son vouchers financiados con impuestos. Lo que propone Milei son vouchers privados, es decir, financiados con aportes voluntarios particulares”. Luego, el texto entra en una tortuosa ciencia ficción: “La idea tampoco es tan extraña, y la conocemos aquí y en todo el mundo como becas, que otorgan personas o empresas para que otros pudieran estudiar”.
Clarísimo: la educación ya no sería universal. Dependería de la decisión de grupos privados de hacer una especie de improbable acto de caridad o de limosna hacia amplios sectores de la población, que no tendrían ni siquiera sus vouchers garantizados. Todo dependería del arbitrio de los más ricos: es un retorno a la sociedad estamental anterior a la Ley 1420 (con su declaración de la obligatoriedad y la gratuidad educativas), por el que se somete a amplios sectores sociales a la vergüenza de depender de la dádiva “voluntaria” que grupos privilegiados pudieran otorgar.
Podrán declarar que esta idea no es la que hoy sostiene el candidato, pero no borrar la sospecha de que este es su verdadero pensamiento, manifestado cuando no tenía urgencias electorales: vouchers privadamente financiados. Pero, aún si los mentados vouchers fueran estatales, la desorganización del sistema, la aparición de escuelas de garaje y oportunistas inescrupulosos dirigiendo colegios, y la tendencia a la fuerte segmentación con solo los más afortunados yendo a las escuelas prestigiadas están aseguradas.
No en vano Chile tuvo la rebelión de los pingüinos a comienzos de siglo, y luego la de inicios de su segunda década, en la que aparecieron el actual presidente Boric y la dirigente Camila Vallejo: ha sido fuerte lucha contra el lucro en la educación, y contra la cada vez mayor desigualdad en el servicio. No nos compremos quimeras, y aprendamos las lecciones que se han dado aquí cerca, del otro lado de la cordillera.
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