La Justicia ecuatoriana aceptó este martes la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del expresidente Rafael Correa luego de que este desoyera la medida cautelar de presentarse en Quito ayer, lunes. La jueza Daniela Camacho "niega pedido de revisión de medidas cautelares a defensa de expresidente Rafael Correa, resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol", señaló la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por Twitter.

El exmandatario está siendo investigado en un caso que busca resolver el intento de secuestro en Colombia de un exlegislador ecuatoriano en 2012. La solicitud la realizó Paúl Pérez, fiscal general encargado, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares aplicadas a Correa en el caso de Fernando Balda y que tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

La defensa de Fernando Balda, presente en el lugar, apoyó la petición del fiscal y será la jueza Daniela Camacho quien decida si acoge o no el pedido del fiscal.

Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debió acudir el lunes a la CNJ en Quito, pero a su libre albedrío se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica como presunto cumplimiento de la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso el pasado 18 de junio.

Según la disposición judicial ese día, el ex mandatario debía presentarse en el CNJ cada quince días a partir del 2 de julio, medida cautelar que, a juicio de la Fiscalía, ha desoído y por lo tanto corresponde la imposición de la prisión preventiva. El fiscal pidió que se notifique a Interpol la petición de arresto del expresidente mediante la difusión de alerta roja para su captura y extradición.

Por su parte, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, pidió a la jueza que niegue la petición de arresto y que acepte una sustitución de medidas cautelares para que Correa pueda presentarse en el Consulado en Bélgica.

Ochoa también adujo que esa había sido también la postura inicial de la Fiscalía y que fue la jueza la que decidió requerir su comparecencia en Quito. El expresidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ya había comparecido anteriormente desde el Consulado en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.

Según denunció Balda, el intento de secuestro se produjo en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando el exlegislador fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido por cerca de una hora y media, hasta que fue rescatado. Correa rechaza cualquier participación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.