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Columna de Política Internacional con Augusto Grilli Fox.
19 DE NOVIEMBRE DE 2024
La cifra equivale al 3,3 % del presupuesto estatal para el 2016. El país fue condenado por cancelar en 2006 un contrato de extracción en la Amazonia.
Foto: Gentileza Reuters
Este lunes 2 de noviembre se conoció el fallo final al pedido de nulidad presentado por el Gobierno ecuatoriano a la condena de un tribunal arbitral que, en 2012, le obligó a pagar 1700 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental (Oxy). Finalmente, el Banco Mundial (CIADI) ordenó pagar 1 061 775.000 dólares, lo que equivale al 3,3 % del presupuesto estatal previsto para 2016. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció un “atentado a la soberanía” y precisó que su gobierno continuará negociando.
El tribunal de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) aún no hace público el contenido de la sentencia. Lo que sí se sabe es que la misma equivale a alrededor del 3,3 % del presupuesto estatal de 29 835 millones previsto por el gobierno para 2016 y que llega en medio de la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, factores que han golpeado a la economía ecuatoriana.
El presidente Correa hizo un comentario en Twitter y se comprometió a seguir negociando con la empresa: “Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40 % de laudo original, es decir, 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de mil. Tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación”, anunció. “Otro atentado a nuestra soberanía! Ya hemos presentado una propuesta a OXY y con el laudo definitivo continuaremos negociando. ¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!”, agregó.
Oxy pretendía recibir una indemnización de 1700 millones de dólares (de una aspiración inicial de 3300 millones) luego de que en 2006 Ecuador cancelara su contrato para extraer de la Amazonía unos 100 mil barriles diarios de crudo. Según autoridades ecuatorianas, la caducidad del contrato de Oxy se produjo por la venta, sin autorización de Ecuador, de 40 % de las acciones de la empresa a la canadiense Encana en agosto de 2000. La petrolera planteó la querella alegando que Quito violó un tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos.
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