El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, a cargo de la Secretaría de Articulación de Política Social, el área que autorizó la compra de alimentos con sobreprecios que fue un escándalo en plena pandemia por coronavirus. Calvo es el funcionario a cargo de la compra de aceite y azúcar con precios superiores a los del mercado.

Fernández frenó la compra de alimentos con sobreprecios

El presidente Alberto Fernández se refirió a las denuncias por sobreprecios en las compras de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social en diálogo con TN. Aseguró que dio la orden para que la compra "sea devuelta", ya que aún no se efectuó el pago, y que se abrirá una investigación para saber detalles de la operatoria.

Según informó infobae.com, se le abrió un sumario interno y no se descartan más renuncias. En tanto, clarin.com indicó que Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año, mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, comuna en la que tuvo que renunciar.

a decisión surge como "primer resultado de la investigación que se inició ayer" sobre el proceso de compra de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país, detallaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social.

"También se va a revisar el circuito administrativo para las compras" realizadas por la cartera, donde "no se descartan más cambios", apuntaron los informantes.

Arroyo salió a justificar la compra de alimentos con sobreprecios

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo hoy que "todas las compras" para el abastecimiento de los comedores y merenderos, donde la demanda creció de 8 a 11 millones de personas por la pandemia de coronavirus, "fueron realizadas bajo supervisión de la Sigen, el Instituto Nacional de Alimentación y las normativas del Decreto 260" de Emergencia Sanitaria.

Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social admitió haber ordenado compras de azúcar y aceite a precios más altos que los estipulados como "precios testigos", una decisión que recibió públicos cuestionamientos.

La cartera que conduce Arroyo ordenó una investigación interna para establecer cómo fueron acordadas esas compras.