Según datos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en San Juan fueron más de 213 las víctimas detenidas, torturadas y violadas durante la dictadura cívico-militar. De ellas, 44 permanecen desaparecidas. Hasta no hace mucho, las cifras del horror se redondeaban a poco más de la mitad de estos totales. A pesar de que resta por precisar sobre el alcance y las consecuencias del terrorismo de Estado en la provincia, la base de datos y la reconstrucción histórica se han ampliado contundentemente en los últimos años. Uno de los principales motivos para que esto suceda es la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad. El actual proceso judicial, el segundo que se hace en San Juan y que ingresa en su etapa condenatoria en los próximos días, permitió una vasta incorporación de material documental y el surgimiento de nuevas vías de investigación para causas ya en trámite.

Esto se explica por la dimensión de megajuicio del debate y por la configuración que se trabajó para su mejor desarrollo, con cuatro grandes causas que reúnen a 61 víctimas, encabezadas por los casos “emblema”: la desaparición de la joven francesa y militante montonera Marianne Erize, a fines de 1976; las torturas y tormentos infligidos a Hugo Ricardo Bustos, de la Juventud Peronista, tanto en la Legislatura como en el Penal provinciales; el asesinato de Alberto Carvajal tras las torturas a las que fue sometido, y los tormentos a Margarita Camus, jueza de Ejecución Penal, testimoniante y querellante junto con su hermana María Julia. 

Los testimonios de más de 150 personas dieron cuenta de los aberrantes crímenes oscurecidos durante décadas, abrieron aspectos y motivaron nuevas denuncias y señalamientos sobre el plan genocida. Incluso se dio el caso de una testigo protegida que por vez primera se animó a relatar las torturas y violaciones a las que fue sometida en el Centro clandestino “La Marquesita”, en dependencias del camping de suboficiales, considerado lugar de exterminio de las víctimas. Se trató de uno de los testimonios más significativos, dado que hasta entonces se consideraba que solo dos personas habían sobrevivido a La Marquesita, donde se cree que fue ultimada la militante francesa Marianne Erize, único caso de una desaparecida llevado adelante en este proceso. 

Los años de impunidad se vieron agravados en San Juan porque su Poder Judicial estaba “desnaturalizado” respecto del juzgamiento de los responsables de los crímenes de la dictadura. En un contexto nacional que posibilitaba la libertad, incluso, de Videla, la provincia vio cómo las causas deambularon por años, primero en Córdoba y luego en los Tribunales Federales de Mendoza, hasta que en 2004 retornaron a la provincia. Las instrucciones y la visibilidad del primer juicio (con dos condenas por sustracción y apropiación ilegal de un menor, hijo de padres desaparecidos), y del presente, hicieron que sobrevivientes y la sociedad declararan sin miedo ante la Justicia, certificando infinidad de delitos desconocidos.

Con el pedido de penas ya realizado, y casi concluida la etapa de alegatos y el turno de la Defensa, se esperan para la segunda semana de julio las sentencias contra siete imputados, en un juicio que comenzó el 7 de noviembre de 2011. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, conformado por los magistrados mendocinos Héctor Cortés y Alejandro Piña, y el puntano Raúl Fourcade, debatió semana a semana en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Es significativo que la mayoría de las víctimas haya sido estudiante o profesor o profesora de esa institución. Al igual que en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, entre los imputados y como mayor responsable se encontraba el jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Menéndez fue apartado y las responsabilidades recayeron sobre Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel y Horacio Julio Nieto, para quienes el Ministerio Publico y las querellas pidieron prisiones perpetuas; Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, por quienes se pidieron penas de 25 años; y Alejandro Manuel Lazo, por quien se requirieron 15 años. Las acusaciones son: delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita.

Un juicio en virtud

El fiscal Dante Vega, del Ministerio Público y con vasta trayectoria en el juzgamiento de las violaciones a los Derechos Humanos, comentó su experiencia con el equipo de la Fiscalía de San Juan: “Decir que trabajé con el Doctor Mateo Bermejo resulta pretencioso” aclaró, ya que estuvo presente los primeros cinco meses del juicio y debió interrumpir al participar tanto del juicio por la masacre de Trelew como del tercero, recientemente finalizado, en Mendoza. Vega retomó el seguimiento de las causas en los alegatos, con el fin de “introducir criterios relativos a la dimensión política de la represión en San Juan, donde el terror tuvo una etapa de agudización concentrada”. Es importante destacar que Mendoza además colaboró con el servicio de justicia a través de la Oficina de Asistencia, para agilizar las causas por violaciones de los Derechos Humanos en todo Cuyo, coordinada originalmente por ex el fiscal Omar Palermo.

Consultado por la extensa duración del proceso, Vega refirió que se trató de “un megajuicio con muchísimos testigos y varios imputados, dos de los cuales fueron reincorporados tras haberse fugado y ser recapturados. El problema es que hay pocos jueces en la jurisdicción y se van turnando. El Tribunal está conformado por jueces de otras provincias y cuesta articular eso”. Sin embargo, “la forma de agrupar las causas permitió entender cómo funcionó el terrorismo en San Juan, con sus particularidades y notas comunes respecto a otros procesos del país. Si bien la represión no tuvo el mismo alcance que en Mendoza, sí contó con la misma crueldad. Este debate lo revela, comenzó con esa virtud”.

Un punteo por los medios de comunicación estatales y privados que cubren el juicio y sus testimonios fuente lleva a considerar:

• Los importantes reconocimientos efectuados por víctimas y testigos. Un exgendarme dijo conocer la existencia de órdenes escritas con respecto al destino de detenidos y detenidas; el relato en primera persona de las torturas que recibió el gobernador José Luis Gioja; el reconocimiento que durante un interrogatorio hizo Juan Carlos Salgado de la voz de Olivera, de las complicidades eclesiásticas del capellán militar Quiroga Marinero y académicas del interventor en la UNSJ, Fernández Monje; un exsoldado relató que era vox populi que el jefe Olivera y Lazo fueron quienes ultrajaron a Marianne Erize; cinco víctimas señalaron los abusos sobre ellas y dos responsabilizaron a los mismos autores; la doctora Margarita Camus señaló a Lazo ´por haberla desnudado en la tortura en el Penal de Chimbas. Con respecto a las violaciones, la misma querellante denunció con vehemencia los abusos cometidos contra la integridad de las mujeres y la importancia de que a tres de los imputados se les sumara el delito de abuso deshonesto.

• La perseverancia en la provincia en torno a la profundización en la búsqueda de los responsables civiles del terrorismo de Estado, instancia que se abrirá en el próximo debate junto con las causas por veinte desaparecidas y desaparecidos de la provincia. En la primera jornada de alegatos, los querellantes Margarita Camus y Fernando Castro acusaron al exfiscal Juan Carlos Gianello, a su secretario Raúl Plana (hoy defensor), y al fallecido juez Mario Gerarduzzi, de no investigar denuncias sobre personas torturadas en la dictadura, como es el caso de la misma víctima y denunciante. Otras detenciones de civiles, realizadas durante el desarrollo del juicio, ilusionan a la memoria y a la verdad colectivas. Demuestran que, inexorablemente, en San Juan se juzgará la responsabilidad de funcionarios y empresarios.

Las delgadas líneas

Dante Vega mencionó a dos de los acusados como profugados que finalmente recibirán pena la semana próxima. Se trata de los exmilitares Gustavo De Marchi y Francisco Del Torchio quienes, además de Eduardo Cardozo, Jorge Páez, Juan Coronel, Eduardo Vic y Carlos Malatto, se vieron posibilitados de eludir la justicia en octubre de 2010, a instancias de la pésima decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, conformada entonces por Julio Petra, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditi, quienes permitieron que permanecieran libres hasta la apertura del proceso judicial. Así, los últimos cinco represores, investigados en estas y otras causas, de momento no recibirán condena. Al igual que De Marchi y Del Torchio, fueron recapturados en 2012 y 2013 en distintos puntos del país (Cardozo en Mendoza, por ejemplo) y del extranjero; sin embargo, no dieron los plazos administrativos para que fueran reintegrados al debate en curso. De todas maneras, permanecen detenidos o con prisión domiciliaria a la espera del próximo juicio. Malatto, junto a Olivera los mayores responsables del “plan”, y Vic continúan prófugos.

San Juan y Mendoza estuvieron estrechamente vinculadas en la represión, a través de operativos de inteligencia y traslados de detenidos y detenidas ilegalmente entre ambas provincias. Los mandos del III Cuerpo establecieron que la subzona 33 (Cuyo) dependiera de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza, “el Comando”, con el fin de asegurar el aislamiento y la persecución de militantes en contacto en toda la región. El fiscal Vega ahonda lo que la investigación hizo emerger al respecto: “A diferencia de Mendoza, donde hemos hallado poca documentación sobre el plan sistemático, hemos tenido fortuna: se encontró una habitación llena de información policial que refleja a las claras cómo fue el accionar conjunto entre las fuerzas policiales, Gendarmería y Ejército, sobre todo bajo la órbita del Regimiento de Infantería 22” (RIM 22).

La documentación incluye registros de órdenes y operativos con la firma de casi todos los imputados, y las planillas con el seguimiento de la actividad política, sindical y estudiantil de referentes de la época. Así, “si bien San Juan tenía una estructura represiva menor, no dependía solo de la inteligencia que se practicaba en Mendoza. Había entera correspondencia y colaboración a nivel del Ejército, que diagramaba las zonas”. También han resultado muy válidas las reconstrucciones de los hechos, a través de los relatos de víctimas y sobrevivientes. Tal el caso de Erize, perseguida en Mendoza junto a su compañero Daniel Rabanal. Cuando este fue detenido, ella huyó clandestina a San Juan, donde de todas maneras fue secuestrada y desaparecida. Para Vega, “este formidable hallazgo material demuestra documental y testimonialmente la conexión interfuerzas entre provincias y el papel central de la comunidad informativa”. “Algo que sirve para los futuros juicios”, agregó.

“Me consta que es enorme la expectativa en la comunidad sanjuanina. De parte de víctimas, organismos y sociedad, se ha concentrado un gran interés. La expectativa también es nuestra, de las partes actuantes, a la espera de que el Tribunal considere sus argumentaciones y llegue a una sentencia justa en todos los casos, acorde a la tremenda gravedad de los hechos que se han ventilado”, dijo. Y agregó coherente a su trayectoria, sobre sus próximos pasos en juicios de lesa humanidad: “El próximo de San Juan no lo tengo definido. En el de Mendoza seguramente estaré y en el de San Rafael quiero estar. Ahora tengo otras responsabilidades en la Cámara Federal, pero mi intención es estar y aportar a los juicios de Cuyo, incluso los de San Luis. Este es el mayor compromiso que uno tiene, es una decisión tomada”.