La industria vitivinícola y el Gobierno provincial estallaron con fuertes críticas a los impuestos al vino y espumantes, pero el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, ratificó este miércoles la medida que anunció ayer en el marco de las reformas tributarias con una sugerente pregunta.

"¿Es justo que la cerveza tenga impuestos y el vino no?", dijo Dujovne en diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre, y explicó que la decisión de ponerle impuesto al vino es porque se lo considera una bebida "no saludable".

"Cualquiera de estas empresas que se quejan –en clara referencia a las bodegas– tendrá una baja sustancial en otros impuestos. Es muy difícil que cualquiera de estas empresas esté peor, porque estamos bajando la estructura de costos", agregó el funcionario.

Y aseguró que está previsto conversar con las provincias productoras de vino para buscar consensos.

Además, Dujovne remarcó que: "Hay impuestos que generan distorsiones, pero que van en el sentido de mejorar la salud pública y mejorar el costo de las externalidades negativas que en la salud se generan por el excesivo consumo de ciertos productos. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud". 

Duvojne volvió sobre el mismo argumento esgrimido ayer durante su presentación y dijo que el consumo de alimentos y bebidas perjudiciales para la salud, como es el caso del vinos, tiene costos para quienes los consumen, es decir, menores ingresos en el mercado laboral, gastos médicos y enfermedades y también costos para la sociedad como por ejemplos los gastos que ocasionan las enfermedades que causan que deben ser atendidos por el Estado.

El anuncio

Dujovne sostuvo ayer que el Gobierno nacional busca implementar un nuevo tributo a los vinos y espumantes y el sector vitivinícola de la provincia y varios funcionarios mendocinos aseguraron que su implementación será un golpe a las ventas y provocará una mayor concentración de productores. Habló de un gravamen del 10% para el vino tranquilo y del 17% para los espumantes.

Las repercusiones no tardaron en hacerse sentir. "La propuesta de reforma fiscal no dimensiona el daño y arruina años de trabajo público privado en el posicionamiento del vino en el mercado", dijo ayer por Twitter la vicegobernadora Montero, quien dirigió las críticas a la cuenta personal en esa red social del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

"¿Quién pagará finalmente el impuesto?", preguntó Montero, y respondió: "el consumidor = caída en el consumo x mayor precio". 

La vicegobernadora también aseguró que "bodegas con menos rentabilidad tendrán estímulo a mayor concentración en elaboradores", y sugirió a Dujovne consultar una propuesta sobre el tema que trató el Senado. "Podría repasar el diagnóstico de la Consulta en el Senado y ver políticas sugeridas", recomendó.

Desde el sector privado, José Alberto Zuccardi, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), calificó la propuesta como "aberrante" e "impropia".

El dirigente bodeguero añadió que "es muy importante que el gobierno de la provincia le haga saber, al presidente de la Nación, los inconvenientes que una medida de este tipo traería a todo el oeste argentino, para que entienda que esto sería quizás una medida que tendría más impacto que la que tuvo la (resolución) 125 para la pampa húmeda".

Zuccardi dijo que "tenemos una ley nacional, que es la ley del Vino argentino, Bebida Nacional, reconociendo los atributos saludables del vino, por lo tanto no entiendo que pretenden cuando intentan mostrar todo lo contrario al decir que no es saludable", lo que calificó como una argucia, ya que "de otra manera no se podría gravar".

Según datos del ministro de Economía de Mendoza, Martín Kerchner, la vitivinicultura produce 105.000 empleos directos más 280.000 indirectos y su producción abarca 230.000 hectáreas en la Argentina, la mayor parte en Mendoza. 

El sector, además, es altamente exportador, con embarques en el 2016 de casi 1.000 millones de dólares y "posibilidades de que si tenemos mejoras en la competitividad podemos duplicar o triplicar ese número", dijo anoche Kerchner a productores.

El ministro mendocino dijo que "queda mucho por hacer, todavía hay margen para trabajar, no están agotadas las negociaciones y, hasta que se presente el proyecto de ley, vamos a seguir buscando alternativas para hacer mejor ese diferencial".

Hilda Wilhelm de Vaieretti, vicepresidente de la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), sostuvo que "somos la única economía regional alcanzada por este impuesto que afecta a 17.000 productores que brinda 380.000 puestos de trabajo, que se verían impactados fuertemente".