Dos de los integrantes de la Segunda Cámara del Crimen, sede que tenía en sus manos la causa por la desaparición de Soledad Olivera, poseen en su historial fallos que podrían considerarse sexistas, que hacían prever el peor final para la defensa de la mujer.

La noche del 22 de noviembre de 2004, Diego Arduino fue al departamento de Alejo Hunau (33) y lo atacó por la espalda, provocándole la muerte. Al año siguiente, Roberto Uliarte y José Valerio, integrantes de esa cámara, justificaron el asesinato por ser homosexual. Afirmaban que Hunau practicaba una "desviada sexualidad" y que por su condición sexual tenía una conducta "licenciosa". De este modo dejaron libre al único imputado por "falta de mérito".

José Valerio, integrante de la Segunda Cámara del Crimen

La familia de la víctima pidió la recusación de la Cámara. Aunque fueron incapaces de explicar por qué habían escrito “desviada sexualidad” en la sentencia que liberaba a Arduino –una expresión que, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), manifiesta lo que se conoce como “homofobia institucional”–, los jueces Roberto Yanzón (por entonces presidente de la Cámara), Uliarte y Valerio negaron haber tenido un comportamiento homofóbico.

La causa pasó a la Tercera Cámara del Crimen, la cual dictaminó que sus colegas sí habían discriminado a la víctima y justificado su asesinato. De esta manera, le dio la razón a la familia de Hunau y le quitó la jurisdicción del caso a la Segunda Cámara. Finalmente, el acusado fue capturado en octubre de 2006 y en octubre del año siguiente, la Cuarta Cámara del Crimen lo encontró culpable de homicidio agravado, condenándolo a 16 años de prisión.
 

Femicida suelto

En 2009, Gustavo Calderón asesinó a Fernanda Toledo frente a los dos hijos que tenían en común.

Roberto Uliarte, integrante de la Segunda Cámara del Crimen

Luego de un año y medio de este aberrante femicidio, el juez Uliarte le ofreció al asesino una condena de sólo 10 años a cambio de que se declarase culpable frente a la familia y amistades de Fernanda. La familia de Toledo, sedienta de justicia, fue desalojada a los 15 minutos de comenzado el juicio.
 

Vinculación con la dictadura

En otro orden de cosas, el periodista Ramón Ábalo, activo militante por los derechos humanos, vinculó a Roberto Uliarte con la última dictadura militar cuando declaró en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en nuestra provincia. En su testimonio ratificó lo que ya había publicado en su libro El Terrorismo de Estado en Mendoza. En la página 146 puede leerse: "otro caso es el de Roberto Uliarte, juez de la dictadura", a quien acusó de ser "empleado" de los empresarios Vila. De hecho, Uliarte fue vicepresidente de Nihuil SA y vicepresidente de la Fundación Cristo de los Cerros, ambas propiedad de la familia Vila.