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La acusan de haber realizado un nombramiento irregular durante su gestión y de haber violado las normas que rigen la Ética en la Función Pública.
María Teresa Day. Foto: archivo Unidiversidad
Los abogados Alejandro Acosta y Alfredo Ramón Guevara Escayola interpusieron una demanda contra la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal, María Teresa Day, por considerar que la abogada “suprimió un puesto de planta de su sector” para “transferirlo a la Suprema Corte” y así favorecer a la hermana del procurador general de la Provincia. Según los abogados que iniciaron la demanda, la mujer que propuso el Gobierno para reemplazar a Jorge Nanclares en la Suprema Corte “violó en reiteradas ocasiones” las normas que rigen la función pública “a través de actos administrativos” durante su gestión.
“La Dra. María Teresa Day actuó en violación a las normas que rigen la Ética en la Función Pública, ya que en el ejercicio de su cargo, realizó actos administrativos y dictó una resolución suprimiendo un cargo de la planta del Ministerio Público Fiscal con el fin de transferirlo a la Suprema Corte de Justicia, donde había sido designada la hermana del procurador general, Alejandro Gullé”, dice el texto presentado en el Ministerio Público Fiscal.
En consecuencia, los abogados Acosta y Guevara Escayola solicitaron que la doctora María Teresa Day “presente su renuncia de forma inmediata” ante las autoridades competentes.
María Teresa Day es la mujer elegida por Suarez para llegar a la Corte
María Teresa Day es la candidata del gobernador Rodolfo Suarez para la Suprema Corte de la provincia, en reemplazo del renunciante Jorge Nanclares, quien preside el máximo tribunal. Ahora, el Senado deberá analizar y votar su pliego en votación secreta, aunque no hay fecha aún. Se trata de la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal.
¿La denuncia la recibió la propia demandada?
Paradójicamente, los demandantes tuvieron que presentar la denuncia ante la propia demandada, ya que mediante la resolución N.° 485/2019, el procurador general de la Provincia, Alejandro Gullé, delegó esta función en la persona implicada en el caso, la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. La demanda judicial explicita: “En virtud de dicha delegación, resulta usted la autoridad competente para la recepción de la presente denuncia. Sin embargo, ante la evidencia de un conflicto de interés, es su deber restringir su actuación a la mera recepción procediendo a la remisión inmediata de la denuncia a los efectos de que tomen intervención los órganos respectivos conforme lo establece la Resolución 485/19, absteniéndose de todo acto dilatorio que pueda entorpecer u obstaculizar el debido proceso en materia administrativa”.
El pedido
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