Este 19 de julio se cumplió un año de la desaparición de Gisela Gutiérrez, la joven de 24 años que fue vista por última vez en el barrio La Favorita. Dos causas judiciales, una en la Justicia provincial y otra en la federal, no han servido para avanzar en la investigación. Desde el día que desapareció, no hay ni una pista de su paradero.

Aún así, la lucha de su familia junto a organismos sociales continúa. Este martes la querella, formada por la Coordinadora Feminista de Mendoza y la madre de Gisela, Ramona Alcaya, presentaron en la Legislatura un pedido de informe del caso. La solicitud se dirigió a la Comisión de Género y de Erradicación de la trata y a los Presidentes tanto de las cámaras de Senadores como de Diputados. El objetivo de este petitorio es que se aclaren las líneas de investigación.

“No puede ser que a un año de su desaparición no se tenga ni una hipótesis, que sólo se hayan hecho dos rastrillajes. Hay desinterés y obstaculización para encontrar a Gisela”, explicaron desde la Coordinadora al diario Los Andes. Insistieron en que Gisela no sólo fue una víctima de violencia de género, sino que también es una “víctima del sistema”.

“Después de un año, en la causa no hay ni un imputado. A diferencia del caso de Johana y Soledad acá contamos con tres cuerpos de expedientes”, dijo la abogada defensora, Patricia González Prado, a La Izquierda diario respecto a impunidad del caso.  

Una cadena de violencia

Gisela Gutiérrez, fue vista por última vez en 19 de julio de 2015 en el barrio La Favorita, cuando salió a visitar a su hermana. Según los testimonios de familiares cuando la joven salió de allí con un vecino para volverse cada uno a sus respectivas viviendas. “El hombre regresó pero nadie volvió a verla”, dijo su madre a Unidiversidad respecto a lo que se habìa enterado. Al momento de su desaparición, Gisela tenía tres hijos y estaba embarazada de cuatro meses.

Lo que sucedió en julio del 2015 fue el último eslabón de una cadena de violencia de género que sufrió Gisella. Según un artículo de diario Los Andes, todo comenzó cuando la joven se separó del padre de sus dos primeros hijos porque él la golpeaba. Tiempo después formó pareja con otro hombre, con quien tuvo su última hija. La situación de violencia se repitió y Gisela se separó de él. Si bien la familia sospechó en un principio de sus exparejas, nunca encontraron pruebas contundentes que los inculparan de la desaparición.

En marzo de 2015, la joven fue víctima de una violación que la dejó embarazada. Esta vejación fue denunciada por Gisela en la misma fiscalía en la que, cuatro meses después, su familia reclamaría por la averiguación de su paradero. A pesar del reclamo, la Justicia le dió la espalda y la causa quedó archivada.

Sobre la investigación inconclusa

El 19 de julio del 2015, la familia Gutiérrez denunció en la Fiscalía Nº 2 la “averiguación de paradero” de Gisela. Este reclamo quedó asentado en la Justicia Provincial, aunque hasta ahora no ha prosperado. Frente a la falta de respuestas, la querella se reclamó la desaparición de la joven a la línea nacional 145 por las sospechas de que una red de trata de personas la haya secuestrado.

Sin embargo, la abogada defensora del caso, Patricia González Prado, explicó que acudieron a la Justicia Federal  y les “confirmaron que desconocìan la denuncia, porque no recibieron ningún oficio desde el organismo que maneja la línea 145”. A partir de este momento, se empezaron a evidenciar irregularidades dentro de la investigación, la cual hasta la fecha no ha dado ni una pista.

Según, Sofia Da Costa, integrantes de la Coordinadora Feminista, el proceso de investigación no sólo es dudoso sino que también ha prejuzgado a la víctima por su condición social y económica. “Lamentablemente la discriminación por género y por clase atraviesan las distintas partes de nuestra sociedad”, explicó Da Costa respecto a la estigmatización del caso a Unidiversidad Noticias.