"Usted luchó y retribuyó todo lo que la Patria le ofreció: el orgullo de ser argentino. Ahora la Patria le requiere otro esfuerzo: de ahora en más usted deberá no proporcionar información sobre su movilización, lugar de presentación, arma a la que pertenece o aptitud adquirida y su experiencia de combate", dice en tono amenazante una 'cartilla de recomendaciones' distribuida entre los soldados argentinos cuando volvieron de la guerra librada en 1982 contra el Reino Unido. El texto secreto, que ahora sale a la luz –fechado en junio de 1982– lleva la firma del subjefe II de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, el coronel Mario Davico, una de las figuras clave en la creación del andamiaje represivo de la dictadura y que formó parte del grupo de tareas argentino que operó en Honduras, a las órdenes del general Guillermo Suárez Mason.

Davico fue parte de la exportación del programa que la dictadura argentina planificó y monitoreó, y que en Centroamérica se llamó "el método argentino" de terrorismo de Estado, que integraron unos 150 oficiales argentinos; entre ellos, los coroneles Santiago Villegas y José "Balita" Riveiro, el capitán Héctor Francés García y los civiles Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti. Entre otras sugerencias, en su escrito, Davico le pide a los soldados que volvieron de Malvinas "no ser imprudentes en sus juicios y apreciaciones, no dejarse llevar por rumores ni noticias alarmantes" y los exhorta a "recordar que todos debemos perpetuar la forma heroica como nuestros soldados dieron su vida por la soberanía nacional".

Otro documento desclasificado –al que tuvo acceso Télam– da cuenta de la planificación de una "campaña de acción psicológica" entre la sociedad argentina para controlar toda la información relativa a la guerra, en la que se propone que generales retirados se presenten en los programas televisivos de mayor audiencia en el país, como Tiempo nuevo, que se emitía por Canal 7 y Telepolítica y Periodismo puro por Canal 9. Este documento lleva la firma del teniente coronel Osvaldo Lucio Sierra, jefe del Departamento de Acción Psicológica de la Jefatura II del Inteligencia del Comando en Jefe del Ejército, que fue procesado en el año 2012 en el marco de la causa en la que se investigaron delitos de lesa humanidad en el V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca, por 30 privaciones ilegales de la libertad agravadas y 14 homicidios, y por la sustracción de un niño nacido en cautiverio.

Para lograr un cambio de imagen tras la derrota en la guerra, el plan de comunicación diseñado por Sierra también proponía entrevistas a excombatientes heridos "con el objeto de destacar hechos" del conflicto, y una campaña para "impedir que la subversión capitalice a su favor el dolor o el resentimiento de los familiares de los soldados muertos y desaparecidos". Asimismo, sugería una "campaña de divulgación de reconocimientos y reparaciones que el Estado contempla para los heridos, muertos y desparecidos en esta gesta heroica del Ejército" y "operaciones psicológicas secretas mediante el empleo de diferentes técnicas y procedimientos".

Según dijo a Télam el titular de la Comisión de Ex-Combatientes, Ernesto Alonso –integrante del centro de excombatientes de La Plata–, "personajes siniestros como Sierra o Davico diseñaron junto a otros un plan de ocultamiento y de silenciamiento para 'invisibilizar' a los soldados impartiendo órdenes amenazantes". "Nos damos cuenta, revisando los archivos desclasificados, de que de regreso al continente, después de haber vivido la experiencia bélica en las islas, fuimos recibidos por lo peor del aparato represivo que actuó en la dictadura cívico-militar", sostuvo Alonso, para quien los represores "hicieron todo lo contrario a lo que necesita un sobreviviente: reencontrarse rápidamente con sus afectos, con su hogar". En ese marco, indicó que "las consecuencias que produjo en los excombatientes fueron terribles", porque derivaron en "la misma cantidad de suicidios que caídos en el frente de combate, y de esto también ellos son los responsables".

Los archivos secretos fueron entregados semanas atrás por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la comisión de excombatientes, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenara –a través del Decreto 503/15– la desclasificación de toda la documentación vinculada con Malvinas que se encontraba en los archivos de las Fuerzas Armadas. Los documentos fueron analizados por un grupo de investigación dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, digitalizados por el equipo de archivos de esa dependencia y su inventario puede ser consultado en la web www.archivosabiertos.com.

Diarios de guerra, informes de inteligencia, fotografías, cables de cancillería y las denominadas "actas de recepción" que debían completar los soldados cuando volvieron de la guerra, forman parte del archivo, que testimonia y ratifica las graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas por sus superiores durante la guerra.