La Cámara de Diputados de Mendoza tratará un proyecto de resolución para declarar su repudio a la actitud del camarista federal Otilio Romano, actualmente suspendido en sus funciones, quien se fugó del país para intentar sustraerse del proceso judicial al que es sometido por estar procesado en 103 casos de violación de los derechos humanos entre 1975 y 1983, durante la última dictadura militar.

En los fundamentos del proyecto, presentado por el diputado justicialista Gustavo Arenas, se declara que la Cámara Baja “no puede permanecer indiferente, sino que debe pronunciarse públicamente expresando su más enérgico repudio” ante “la conducta del camarista procesado, de sustraerse durante algún tiempo más a someterse como cualquier ciudadano al proceso judicial que lo tiene como protagonista”.

La medida a adoptarse se basa en que la República Argentina ejerce un claro liderazgo en Latinoamérica con relación a los derechos humanos ya que ha aplicado una política reparatoria hacia las víctimas, así como de enjuiciamiento y castigo para los autores de delitos de lesa humanidad. Ésta es una manera de mantener la memoria, sostener la verdad e impartir justicia con el fin de que jamás se vuelvan a cometer crímenes de ese tipo.

La fundamentación aclara también que Romano viajó a Chile el 24 de agosto pasado, incumpliendo así con la carga de presentarse ante el tribunal que lleva su causa y  revelando su intención de sustraerse al proceso judicial al que es sometido con todas las garantías de la Constitución.

“Su actitud de fugarse y no someterse al proceso judicial que lo tiene como protagonista es una continuidad de su conducta procesal esquiva y dilatoria, así como la presentación de certificados por enfermedad, pedidos de suspensiones para ir a declarar, presentación de acciones de amparo y demás vicisitudes que han atentado contra el normal desarrollo de la causa”, señala más adelante el proyecto.

Posteriormente aclara que “Romano no es un perseguido político, es un funcionario judicial acusado por la comisión de delitos de lesa humanidad”.

A continuación, los fundamentos hacen hincapié en que “ la República Argentina transita actualmente el camino de la consolidación de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Y recuerdan después que “la reforma constitucional de 1994 reconoció con jerarquía constitucional múltiples tratados internacionales que establecen que, ante las violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos de facto, el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a los responsables de los crímenes”.

Agrega que ese estatus “establece que el Estado está obligado a revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo que pueda establecerse sobre los hechos y circunstancias en las que se produjeron dichas violaciones. La primera obligación se enmarca en el derecho a la justicia y la segunda en el derecho a la verdad”.

Finalmente, la fundamentación discurre en que “estas dos obligaciones del Estado se complementan con la de reparar a las víctimas y la relativa a adoptar toda medida conducente a desmantelar y transformar las relaciones sociales impregnadas con las prácticas del pasado destinadas a difundir e instalar el terror en el conjunto de la población”.