Gran regocijo gubernativo el martes: se impuso la media sanción de la ley ómnibus en Diputados. Al día siguiente, enorme movilización de la CGT en CABA, y un Milei que salió como niño a hablar en una radio adicta. Así de veloz y cambiante es la política del vértigo argentino, una verdadera montaña rusa.

El gobierno empieza a hacer política. En vez de insultar a troche y moche, ahora el presidente felicita angélicamente a los diputados facilitadores: sobre todo, a Pichetto, al obediente Ritondo y al increíble De Loredo, que parece un agente del gobierno con cédula de la UCR. Con el remanido relato del “acompañamiento” y de que “hay que darle al gobierno las herramientas”, muestran cuál es el juego de la derecha argentina: que Milei haga el trabajo de ajuste brutal y extremo que ninguno de ellos podría realizar, y que sea el actual presidente quien cargue con los costos. Cuando la sociedad pase la factura del daño infligido, será fácil abandonarlo, subiéndose a los avances de desregulación y privatismo que Milei haya conseguido. Como se ve, la mala fe al tope.

De tal manera, por ahora en la derecha apoyan al presidente, a pesar de todo: del hambre creciente, de la inflación que continúa, del atraso del dólar, de la carencia de fondos genuinos en un Banco Central que les debe miles de millones a los importadores, de un Tesoro Nacional que le debe a Camesa, de los insultos y agravios recibidos. No importa: los costos los pagará Milei. Un presidente que irá, en el programa de liquidación del Estado que esa derecha ansía, más allá de lo que ningún otro podría conseguir.

Pichetto muestra alguna dignidad: al menos, le pide al gobierno que mejore las formas. Ritondo, en cambio, rinde los restos del PRO al dominio cómodo de LLA. Y De Loredo muestra que ser cercano al “Milico” Aguad –amigo del criminal Menéndez– no es en vano: lo suyo, desde el ridículo llanto cuando la ley ómnibus se hundía a comienzos de año, es digno de Ripley y ha superado la paciencia de muchos. Ya se ha ganado repetidos insultos y abucheos públicos, que seguro no han de ser los últimos.

Así, tenemos ley ómnibus en Diputados, mientras Menem impide que se trate el DNU, porque este sí podría anularse. Van en la ley toda clase de facilidades para el capital extranjero, la imposición del impuesto a las ganancias, modificaciones jubilatorias que liquidan la moratoria y desfavorecen el acceso a los beneficios, una reforma laboral que, no por atenuada, deja de perjudicar a los trabajadores. La CGT declaró no tener que ver con lo allí dictaminado, para disipar la sospecha de que había negociado los términos de esa reforma.

En cambio, la CGT puso en palabras lo que todos vimos: que la UCR –el sector de De Loredo, en realidad, que es mayoritario en Diputados– había “corrido por derecha” a Milei. Un milagro de la topología que habrá que discernir como misterio, ya que a la derecha de la extrema derecha no pareciera haber nada.

Por cierto, hay sectores minoritarios del radicalismo que no se identifican con eso: desde el presidente Lousteau al diputado Manes y algunos otros legisladores que se les unen. Alfonsín y Storani componen los restos de la posición que la UCR tuviera cuando el regreso de la democracia, en cuyas antípodas se sitúa hoy el bloque de diputados del partido.

Ahora sigue la cuestión en el Senado. El gobierno exhibe sin tapujos que lo suyo es una extorsión: nos votan o no les damos los fondos (fondos que son del Estado, y que es obligación legal del gobierno entregar). Un mecanismo burdo y puesto en los bordes de la legalidad, que, sin embargo, muchos gobernadores admiten. No se les ocurre nada: formar una coalición, hacer una protesta pública ante la Corte Suprema, poner un recurso a nivel internacional, forjar un llamado a la protesta popular. Nada. Van a lamer la mano del que les pega. La humillante reacción es mayoritaria, pero no unánime en los que formaron JxC, coalición hoy devastada: los gobernadores de la Patagonia no se pliegan. En el peronismo, a la oprobiosa claudicación del gobernador tucumano –habida ya hace tiempo– se suma ahora la insólita llamada de Jalil, de Catamarca, a aprobar “10 puntos compartidos”, recitando con más celo que el oficialismo el llamado al Pacto de Mayo. Venden el país a cambio de un puente o, en este caso, de la venida de una voraz multinacional.

Anótese que la ilegalidad extorsiva es mayor aún cuando se quita toda autonomía a los senadores: el chantaje se ejerce sobre los gobernadores, y estos deben subordinar a los senadores como si estos fueran sus lacayos. Una situación que lastima a la democracia de manera pública y absoluta.

Con el rechazo de la CGT a la ley y su exigencia de que no se pruebe en el Senado, los gobernadores pueden saber que su abdicación no quedará impune: es esperable que la conflictividad social se multiplique para quienes entreguen el voto a esta ley antipopular. Los gobernadores pronto habrán de rendir cuentas. Son los que olvidan que, a los cuatro meses de gobierno, Alberto y Macri tenían alrededor de 70 puntos de aceptación, mientras que Milei está debajo de los 50. ¿Cuánto va a tener dentro de seis meses?

Al mismo tiempo, la monumentalidad de las marchas por la universidad se continuó con una gran movilización el 1º de mayo. Milei salió desesperado a hablar en radio con periodistas cómplices. Por supuesto, igual no pudo evitar el golpe. Empieza a advertir que su popularidad está en baja. Por eso pone en dos tiempos la suba de combustibles, demora la del gas, se enoja con las prepagas: la luna de miel se va acabando, el hambre de las mayorías acecha, la inseguridad crece, aumentan el desempleo, el endeudamiento familiar y la miseria. Si bajó la inflación, muchísimo más han bajado los salarios. La producción está parada; el comercio, menguado. Es una radiografía del desastre.