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La norma permite la participación en política de los excombatientes de las FARC. De resultar elegidos, los excombatientes deberán dejar sus bancas si son condenados mientras las ejercen en caso de que sus penas tengan que cumplirse en establecimientos penitenciarios. Pero, además, quienes hayan abusado sexualmente de menores perderán los beneficios de la JEP e irán a la justicia ordinaria.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: JuanK Díaz para Prensa Cámara de Representantes de Colombia.
Unidiversidad / Fuente: Télam
Publicado el 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
La Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que será la encargada de juzgar los delitos cometidos en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, fue aprobada esta madrugada por 84 votos a favor y ninguno en contra en la plenaria de la Cámara de Representantes, informaron fuentes oficiales.
"Agradezco a la Cámara de Colombia la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP. Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos", dijo en Twitter el presidente Juan Manuel Santos al conocer la decisión.
Agradezco a la @CamaraColombia la aprobación de la ley estatutaria de la JEP. Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las victimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos)
En el debate, que comenzó pasado el mediodía de ayer y se extendió por 12 horas, se discutieron los 163 artículos que componen la ley, entre ellos el que permite la participación en política de los excombatientes de las FARC y el de sometimiento a la justicia ordinaria a quienes hayan cometido delitos sexuales contra los menores de edad.
Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, indicó que "con 84 votos a favor y cero en contra, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate la JEP", reprodujo la agencia de noticias EFE.
El sistema de justicia especial, acordado en los diálogos de paz y plasmado en el convenio de paz que el Estado colombiano y la por entonces guerrilla firmaron hace un año, estaba pendiente de aprobación parlamentaria y debía abordarse antes de fin de mes, cuando caducará un mecanismo de tratamiento legislativo rápido llamado fast track.
La iniciativa aprueba la participación en política de las FARC (ya bautizadas como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, manteniendo la sigla) y deja en suspenso las condenas a los exguerrilleros para permitirles esta nueva actividad. Sin embargo, de resultar elegidos los excombatientes deberán dejar sus bancas si son condenados mientras las ejercen en caso de que sus penas tengan que cumplirse en establecimientos penitenciarios.
Otro de los artículos aprobados tiene que ver con que quienes hayan abusado sexualmente de menores pierdan los beneficios de la JEP y vayan a la justicia ordinaria.
"Ante la JEP es una realidad que los violadores y asesinos de niños miembros de las FARC recibirán las penas de la Justicia ordinaria, con penas en centros carcelarios, y no los beneficios de la jurisdicción de paz con penas bajas y trabajo restaurativo", dijo el representante a la Cámara y autor de la iniciativa de cadena perpetua Efraín Torres. De este modo, agregó, "defendemos y reparamos a todos esos niños y niñas que fueron abusados sexualmente mientras estuvieron en manos de la guerrilla. Una violación o la explotación sexual no tienen nada que ver con el conflicto armado".
El pasado 15 de noviembre fue el Senado de la República el encargado de darle el visto bueno a la ley que reglamenta la aplicación de la JEP, considerada la columna vertebral del acuerdo con las FARC, y que empezará a funcionar el próximo año. Un día antes fue la Corte Constitucional la encargada de declarar "ajustada a la ley" la Justicia Especial para la Paz.
Tras la aprobación de este lunes, el proyecto de ley debe superar su prueba final en el Congreso de la República, que es la conciliación de los textos aprobados en el Senado y la Cámara. Posteriormente, irá a estudio de la Corte Constitucional para ser finalmente sancionado por el presidente Santos.
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