El proyecto recibió dictamen el martes pasado en el marco de un plenario de comisiones de Transporte, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas, que contó con la presencia del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien puso de relieve que la iniciativa apuntaba a "consolidar un proceso, una transformación inédita en materia ferroviaria". "Se trata de entender cómo una ecuación social y no económica está asociada al progreso de Argentina y a la vida de miles de pueblos desaparecidos a partir del abandono de una política ferroviaria", reflexionó el Ministro al explicar los alcances del proyecto ante los diputados.

El dictamen de mayoría contó con las firmas del Frente para la Victoria (FpV), sus aliados habituales y de algunos bloques opositores, como el Frente Renovador, la UCR y el PRO, que anticiparon su respaldo al texto en el marco del plenario, luego de que el oficialismo aceptara algunas de sus propuestas para modificar el articulado original. La iniciativa recibió dictamen luego de tres plenarios de comisiones en los que, además del ministro del Interior y Transporte, expusieron especialistas y referentes sindicales del sector ferroviario, quienes en su mayoría anticiparon su respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo. De esta manera se descuenta que el proyecto –cuyo envío al Congreso fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1.º de marzo pasado al inaugurar las sesiones ordinarias del Parlamento– será aprobado en el recinto con un amplio respaldo en la sesión prevista para el próximo 8 de abril.

"Este proyecto tiene por objeto la recuperación definitiva de la administración de los ferrocarriles por parte del Estado, partiendo de la idea central de que el mismo puede gestionar, incluso de una manera más eficiente que los privados", remarca la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en los fundamentos. La propuesta otorga al Estado la potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías".

La medida apunta a "profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario y estratégico establecido por este gobierno nacional y en atención a la especificidad y profesionalidad que el sistema ferroviario requiere". Se trata de una disposición similar adoptada el 21 de agosto de 2014, cuando el Poder Ejecutivo había asignado a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) la prestación de los servicios correspondientes a las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Según la nueva normativa, la dirección y administración de la empresa pública estará a cargo de un directorio integrado por un representante de la Secretaría de Transporte, por el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (o de la sociedad que la reemplace en el futuro), por el presidente del directorio de Belgrano Cargas y por dos representantes gremiales del sector, designados por el Ministerio del Interior. A través de la iniciativa, se sostiene además que el Estado Nacional "viene implementando políticas públicas con el objeto de fortalecer y mejorar el sistema ferroviario, incluyendo la reactivación de los diferentes ramales de pasajeros de media y larga distancia, poniendo en valor varias estaciones y llevando adelante numerosos proyectos e inversiones en infraestructura, como la construcción de nuevos pasos a nivel, la puesta en valor y reactivación de distintos talleres y el mejoramiento de vías".

Al exponer ante los diputados, Randazzo insistió con que el proyecto "no es un eslogan ni un hecho nostálgico", sino un intento por "reparar errores cometidos en los últimos 60 años" en materia ferroviaria, que apuntaba a saldar "una vieja deuda con los argentinos".