Sostiene la iniciativa, en sus fundamentos, que la Cámara de Diputados “no puede permanecer indiferente, sino que debe pronunciarse públicamente expresando su más enérgico repudio” ante “la conducta del camarista procesado”.

Continúa la fundamentación aclarando que Romano viajó a Chile el 24 de agosto pasado, incumpliendo así con la carga de presentarse ante el tribunal que lleva su causa y  revelando su intención de sustraerse al proceso judicial al que es sometido con todas las garantías de la Constitución.

Al hacer uso de la palabra en la Sesión de Tablas, el diputado Gustavo Arenas (PJ), manifestó que se busca dar un mensaje “desde todas las fuerzas políticas para que se sepa que Otilio Romano no es un perseguido político sino que es un funcionario que se ha fugado de la Justicia”, demostrando así la necesidad de repudiar desde lo más profundo la actitud de este hombre.

El diputado Alberto Recabarren (PJ), explicó que “necesitamos que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes” y solicitó que se envíe copia de lo realizado a la Justicia Federal Nacional, al Jury de Enjuciamiento que sigue las actuaciones contra Otilio Romano, al Congreso Nacional de Chile y a los Poderes Ejecutivo y Judicial, también del vecino del país.

Desde la bancada radical, el diputado Daniel Dimartino explicó que su bloque apoya la iniciativa porque desde todos los sectores políticos se debe expresar posición frente a este tema trascendente. Agregó que Romano no es perseguido político. En el mismo sentido se expresó Fernando Barrigón que, además, reconoció a los organismos de Derechos Humanos por su labor y a todos los jóvenes, que aunque no vivieron la época de la dictadura, salieron a las calles a reclamar la justicia.

Barrigón subrayó también que sería importante sentar en el banquillo de los acusados no sólo a Romano sino también a todos los que colaboraron con el golpe militar de 1976 y que no pertenecían a fuerzas militares.

El diputado Néstor Piedrafita (NE) expresó que se debe entender que “Romano no es víctima sino victimario. La política de Mendoza debe hacer un repudio unánime a las actitudes de éste hombre”. Agregó además que le sorprendió que no haya tomado trascendencia nacional en la prensa estos acontecimientos.

Hugo Babolené (PD) explicó que su bloque apoya de forma unánime la iniciativa y manifestó que es repudiable que un hombre como Romano que ha tenido la función de administrar justicia hoy esté evadiendo las leyes y su sometimiento judicial.

Luis Orbelli (PJ Unipersonal), afirmó que apoyaba la Resolución y sostuvo que se debe buscar a los civiles que colaboraron con la dictadura. “No tengo miedo de que paguemos costos para que se diga la verdad. Si éstos juicios son en serio, deben serlo para todos los que posibilitaron el golpe de Estado de 1976”.

Por último, se resalta que la iniciativa, en sus fundamentos, hace hincapié en que “la República Argentina ejerce un claro liderazgo en Latinoamérica con relación a los derechos humanos ya que ha aplicado una política reparatoria hacia las víctimas, así como de enjuiciamiento y castigo para los autores de delitos de lesa humanidad. Ésta es una manera de mantener la memoria, sostener la verdad e impartir justicia con el fin de que jamás se vuelvan a cometer crímenes de ese tipo”.