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El proyecto para que las tarifas no suban más que los salarios obtuvo sanción inicial. Ahora pasará al Senado. El presidente prepara el veto.
La aprobación del proyecto para atenuar las subas en las tarifas de los servicios públicos se impuso por 133 votos contra 94 negativos y 3 abstenciones. Foto: Osvaldo Fantón para Télam
Unidiversidad / Fuente: parlamentario.com
Publicado el 10 DE MAYO DE 2018
La oposición unida ganó este miércoles 9 el primer round parlamentario de la discusión sobre tarifas. Con 133 votos afirmativos contra 94 negativos, el arco peronista y el kirchnerismo consiguieron aprobar el proyecto de ley para ponerle un freno a los aumentos, en una sesión de alto voltaje atravesada por las incipientes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El interbloque Cambiemos hizo esfuerzos discursivos por calificar a la iniciativa de “irresponsable” y culpó a la gestión anterior por la herencia recibida en materia de política energética. Pero no alcanzó: el oficialismo vio pasar ante sus ojos el triunfo de la oposición y ahora deberá afrontar el debate en el Senado. De repetirse el resultado, la ley va camino al veto presidencial.
Si nos vetan
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El Frente Renovador, liderado por Graciela Camaño, y el interbloque Argentina Federal, conducido por Pablo Kosiner, garantizaron el grueso de los votos para avalar el proyecto. El Frente para la Victoria-PJ, al mando de Agustín Rossi, dejó de lado sus diferencias -proponía retrotraer tarifas a diciembre de 2017 y suspender los aumentos en 2018- y acompañó al espectro peronista.
A la hora de votar también hubo tres abstenciones, del bloque de Martín Lousteau (Evolución), quien defendió su propio proyecto. Y se destacaron las bancas vacías de la Coalición Cívica. Diputados del Movimiento Evita colocaron una gigantografía de Elisa Carrió a modo de burla, pero Emilio Monzó, molesto, los mandó a sacarla.
El corazón del proyecto aprobado consiste en que la actualización de las tarifas no supere a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La futura ley sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional, y las provincias podrían adherir.
Los mentores del proyecto -el justicialista Diego Bossio y el massista Marco Lavagna- tuvieron que dar marcha atrás con la rebaja del IVA en las facturas del 21 % al 10,5 %. Por tratarse de un impuesto coparticipable, esa reducción había sido muy cuestionada por gobernadores. Y en el radicalismo advertían sobre un costo fiscal de 49.300 millones de pesos si se suman 2018 y 2019.
Esa no fue la única modificación que sufrió el texto aprobado en comisiones. También se amplió el espectro de beneficiarios de la tarifa social -se incluyó, por ejemplo, a los clubes de barrio-, y se eliminó el tope de aumentos para el transporte automotor (colectivos) y peajes.
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