El proyecto de reforma del Ministerio Público, que transitó durante varios meses un camino sinuoso en la Cámara de Diputados, saldrá de su letargo esta semana en un plenario de comisiones, mientras el oficialismo define cómo resolver la situación de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el verdadero blanco de la ley. Poco quedó de la iniciativa original, presentada por el Poder Ejecutivo, que se tratará el martes que viene en las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara baja, y podría llegar al recinto el miércoles 26, de acuerdo a los planes de Cambiemos.

El oficialismo selló un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa para limitar en cinco años el mandato del procurador general, un cargo que hoy es vitalicio, y que el presidente Mauricio Macri pretendía fijar en cuatro años en el texto original. “Si hubo un Congreso que dijo que el cargo era eterno, también el Congreso puede decir que el cargo dura cinco años”, argumentó la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, en diálogo con la prensa acreditada en el Congreso.

Sin embargo, queda por resolver en la futura ley la situación de Gils Carbó, quien hoy sólo puede ser removida de su cargo mediante un procedimiento de juicio político, que requiere mayorías calificadas difíciles de alcanzar para la alianza de gobierno.

Entre las posibilidades que se barajan está la de fijar en la reglamentación el límite del mandato de la actual jefa de los fiscales, aunque desde el massismo proponen incluir en la ley una cláusula transitoria que aclare ese controvertido punto. Si el proyecto sancionado resultara ser retroactivo, Gils Carbó debería dejar el cargo en agosto de 2017, cuando se cumplirían cinco años desde su asunción, cuando reemplazó a Esteban Righi bajo el gobierno de Cristina Kirchner. De todos modos, fuentes parlamentarias pronostican que “el ámbito a resolver este tema será la Justicia”, aunque sostuvieron que “no hay antecedentes legítimos para perpetuar una persona en el poder y el cargo no puede ser in eternum”.

Más allá de los plazos, Cambiemos declinó hace tiempo su intención de crear la figura de cuatro subprocuradores para recortarle poder a Gils Carbó, algo que la oposición en pleno había cuestionado, al punto de asegurar que se trataba de una maniobra inconstitucional, dado que el Ministerio Público es bicéfalo.

En paralelo, será crucial el papel de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que a mediados de septiembre se constituyó bajo la presidencia de Camaño y que tiene importantes facultades, como la de revisar el presupuesto del órgano y la creación de fiscalías.

Tanto es así que si el procurador ignora los planteos de la bicameral, esa conducta podría convertirse en una causal de remoción, algo que se evalúa de cara a la firma de los dictámenes.