Este viernes 5 de agosto se incian los Juegos Olímpicos, pero la situación política de Brasil no deja de ser noticia. Es que durante la tarde del 4 de agosto, la Comisión Especial del Senado discutió el impeachment contra Dilma Rousseff y sentenció la destitución de la presidenta brasileña. La decisión aprobó su salida definitiva por 14 votos a favor y 5 en contra. Ahora, el documento que respalda esa posición, que acusa a la jefa de Estado de delitos administrativos, subirá al plenario de la Cámara, que deberá o no avalarlo el 9 de agosto.

Según consigna el diario Clarín, en los medios parlamentarios descuentan que ese día será aprobado el dossier que la condena. Luego, entre el 25 y el 29 de agosto se hará el juicio, presidido por el titular de la Corte Suprema en conjunto con la cúpula del Legislativo y el mismo 29 se realizará la votación final. Nadie, a esta altura, cree que el juicio pueda ser favorable a Dilma.

Las razones no se relacionan con las acusaciones en su contra que fueron desmontadas por los peritos llamados por el propio Senado. Es decir, no existe una razón judicial para el proceso. Como dijo su aspirante a sucesor Michel Temer, ahora vicepresidente en ejercicio de la presidencia, “se trata de un juzgamiento político y no jurídico”.

Lo mismo que había señalado el expresidente Fernando Henrique Cardoso: se la derriba por los resultados de su gestión, no por un delito específico. Por los cálculos previos, ya hay más de 41 senadores, la mitad más uno del cuerpo, que declararon su voto a favor de deponerla. Se precisan 54. El senador Ricardo Ferraco, del Partido Socialdemócrata (aliado hoy a Temer), sostuvo que se trataba de “una elección entres dos escenarios: la perspectiva y la posibilidad de dar vuelta la página, para darnos una oportunidad para reconstruir el país, ola vuelta al pasado, con la continuidad de aquello que hay más de primitivo, sobre todo la apropiación del Estado brasileño”.

El problema es que eso, además del peso del inquietante precedente, representa una negación explícita de los argumentos jurídicos que se habían basado en "pedaleadas" fiscales y supuestas irregularidades administrativas, y no en algún presunto delito de corrupción. Para Ana Amelia, del ultraconservador Partido Progresista (PP), esa comisión especial “respetó todos los ritos; por eso cae el relato del golpe (que denuncia Rousseff). Si no fuera así, la Corte Suprema habría impedido el juicio”.

La respuesta vino por el líder del PT en la Cámara Alta, Humberto Costa, que afirmó que el proceso que ayer se terminó en esa comisión –que también quedó disuelta en el acto– no es otra cosa que "una estafa” a la Constitución, ya que se pretende alejar a la jefa de Estado sin que ésta haya cometido delitos.

“Las causas mencionadas jamás justificarían la retirada de la presidenta. Las irregularidades que ella cometió también fueron hechas por los presidentes anteriores. Ahora, lo que se hizo fue elegir quién debía ser la delincuente y luego se procedió a buscar el crimen”. Aquí hay un punto grave. La justicia determinó que las "pedaleadas" (es decir el pago de programas sociales por bancos estatales antes de que el Tesoro envíe el dinero) sucedieron en el mandato anterior de Rousseff pero no en el actual que, según la Constitución, es el único que puede ser juzgado.

Otro de los senadores del Partido de los Trabajadores, Lindbergh Farías, sostuvo: “Ya no es necesario que haya tanques en las calles. Este es un verdadero golpe frío. Y los parlamentarios que votaron por el impeachment quedarán en la historia como golpistas”. Y alertó: ·”Un golpe se sabe cómo comienza, pero no se sabe dónde termina”.