Probablemente pasó desapercibido para muchas/os el comunicado oficial presentado por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza del pasado 13 de octubre mediante el cual se informaba del viaje que el titular de la misma realizara a Francia y España en el cual desarrolló “una cargada agenda de actividades con el fin de fortalecer vínculos y compartir experiencias educativas exitosas con diferentes organizaciones e instituciones, con las que intercambió conocimientos y reflexiones sobre los aprendizajes y métodos de enseñanzas de estudiantes y educadores”. Si bien se presentan en el mencionado comunicado las diferentes instituciones con las que el Lic. Thomas mantuvo sus reuniones de trabajo, no aparece en la descripción aludida las particularidades y características de las mismas con las que el máximo responsable de la educación pública mendocina “intercambió conocimientos y reflexiones sobre los aprendizajes y métodos de enseñanzas de
estudiantes y educadores”.

Una corta investigación por los sitios web oficiales de estas organizaciones permite encontrar algunos elementos comunes que sin duda desvelan al titular de la DGE. Uno de ellos es el uso de las denominadas “tecnologías educativas” para la consecución de logros en los aprendizajes y en la búsqueda de la excelencia educativa. Nadie podría dejar de estar de acuerdo con estos objetivos si se situaran en el contexto provincial y nacional y no se desvincularan de la particularidad de nuestro sistema de educación público, laico y gratuito para todas/os las/os ciudadanas/os. Al respecto, nos parece altamente preocupante que la casi totalidad de las organizaciones con las que se reunió el funcionario son privadas y tienen entre sus objetivos, no necesariamente explícitos en sus portales, el lucro a partir de la venta de sus “servicios educativos”.

Este es el caso de la reunión mantenida con Montserrat del Pozo, la directora del colegio Montserrrat de Vallvidrera, en Barcelona –la denominada Sor Innovación en algunas noticias– quien dirige el más solicitado y valorado colegio privado (y religioso) de esa ciudad, en el que el costo de la matrícula oscila entre los 300 y los 500 euros. En líneas similares se encuentra la Universidad Abierta de Cataluña, que se promociona como la primera universidad digital del mundo sin explicar, obviamente, que es privada. No ha resultado sencillo acceder a los costos de las diferentes titulaciones que esta institución ofrece en grado y posgrado y que, en el caso de América Latina, tiene presencia en Colombia y Chile entre otros países.

En definitiva, esta constante preocupación (y ocupación) del Director General de Escuelas en cuanto a la integración de las tecnologías digitales en el proceso educativo –que también lo ha llevado la semana pasada a participar de un Congreso en esa línea organizado por el Ministerio de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los que vuelve a aparecer una ponencia de “Sor Innovación” con el sugerente título de “Cambio de paradigma en la educación”– nos parece que expresa claramente la mirada e intencionalidad que este funcionario tiene sobre la educación pública.

Debe quedar claro que no analizamos sus acciones desde el punto de vista de sus características personales, sino que las interpretamos como expresión de la alianza política a la cual pertenece: creemos que la Alianza Cambiemos que detentó el gobierno nacional de 2015 a 2019, que gobierna CABA desde hace más de una década y nuestra provincia desde 2015, descree de la Educación Pública de gestión estatal y desprecia a las/os trabajadoras/es de la educación en todos sus niveles.

En el caso de nuestra provincia ha aplicado medidas de disciplinamiento a las funciones docentes y ha tenido y tiene discursos y acciones antisindicales. Esta impronta celebratoria de la digitalización y la virtualidad presente en la actual gestión de la DGE es un eslabón más en la cadena de acciones de ataque, desprestigio y debilitamiento de la Educación Pública estatal. No solamente desconoce, como ya se ha expresado hasta el cansancio con motivo de la evaluación de los esfuerzos por sostener el vínculo educativo durante la pandemia, que las condiciones materiales de niños, niñas y jóvenes para acoplarse a las “innovaciones digitales” son profundamente desiguales y heterogéneas dependiendo del sector socioeconómico al que pertenezcan, sino que, reiteramos, esconde las tendencias privatizadoras y mercantilistas que sin duda alguna vienen de la mano de estas organizaciones y fundaciones que ofrecen sus plataformas digitales y “servicios educativos”. Estas afirmaciones son verificables en los sitios web de todas ellas. Las que presentan mayores niveles de “responsabilidad social”, ofrecen becas para quienes provengan de “hogares con dificultades” en una clara manifestación “neofilantrópica”, característica de la cultura neoliberal hegemónica de nuestros tiempos.

En registros similares encontramos en el ámbito de nuestra universidad afirmaciones que evalúan positivamente, de una manera apresurada a nuestro entender, la virtualidad forzada que impuso la pandemia durante la cual se desplegaron las estrategias posibles para que se lograse un aprendizaje en el hogar comandado desde la institución educativa (según lo claramente expresado por la Dra. Flavia Terigi).

Nos parece apresurado porque, si bien en algunos casos en el ámbito universitario se tiene presente las desiguales y heterogéneas –obvias– condiciones de recepción de la virtualidad por parte de las/os estudiantes, creemos que las evaluaciones optimistas respecto a una mejoría en la inclusión educativa que la digitalización vendría a traer, no toma en cuenta el profundo proceso de individualización del vínculo educativo que esto trae aparejado con la consecuente degradación (y potencial desaparición) de las irrepetibles condiciones de interacción áulica entre las/os diferentes actores del proceso educativo que la educación presencial permite. Adicionalmente, son claros los potenciales efectos precarizadores de la relación laboral para las y los docentes universitarios si estos formatos virtuales lograran imponerse en proporciones elevadas.

A este clima en algunos casos celebratorio de lo virtual/digital que es presentado como “innovación educativa” debemos sumarle, para el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, la promoción por parte de la actual gestión de una faceta adicional para la que se utiliza la palabra innovación. En este caso nos referimos a la asimilación que tiende a hacerse (y en algunos casos a requerirse) de que la investigación y producción de conocimientos debería, indefectiblemente, estar ligada a innovaciones tecnológicas que estén al servicio del sistema productivo.

Como hemos expresado en el informe de consultoría que desarrollamos respecto a este tema y más allá de que si estas exigencias se consolidaran resultaría difícil encontrar el lugar para las artes, las humanidades, las ciencias sociales y básicas, pensar a las innovaciones que provienen de la producción de conocimientos exclusivamente por su aplicabilidad tecnológica en procesos productivos es un reduccionismo que también plantea preocupantes elementos privatistas.

Lejos de este reduccionismo economicista que solo imagina innovaciones educativas, de conocimiento y tecnológicas en vinculación con el mercado, sostenemos que las innovaciones tecnológicas y productivas están condicionadas por las estructuras y prácticas sociales (políticas, institucionales, culturales, entre otras) de la sociedad en la que surgen y, consecuentemente, se debe reconocer su carácter sistémico. Dado lo anterior, se podría advertir lo preocupante que resulta para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de nuestras sociedades la tendencia a la autonomización de ciertos procesos de innovación tecnológica.

En definitiva, esperamos que pueda observarse que los objetivos de digitalización y primacía tecnológica que persiguen las autoridades de la DGE pertenecen al mismo campo de ideas de aquellas que en la UNCUYO promueven innovaciones tecnológicas ligadas a lo productivo y empresarial que no logran reconocer que existen procesos de innovación “no orientados primariamente al mercado, sino a la sociedad, la cultura, el arte y otros ámbitos posibles” (Echeverría, 2008: 612).

Este campo de ideas es, además, el que a partir de su adhesión a la preeminencia de los parámetros mercantiles como forma de evaluación de toda actividad humana ignora o pretende desconocer que las actividades públicas –estatales o no estatales– de las/os ciudadanas/os, con notable frecuencia se orientan al logro de valores sociales, políticos, culturales y ambientales que exceden los beneficios económicos de empresas y corporaciones. Es por esto y frente a estas concepciones que pretenden hegemonizar los debates y acciones de la educación pública estatal en todos sus niveles que consideramos que resulta de vital importancia debatir estas ideas y recuperar los principios de gratuidad, laicidad y derecho ciudadano que ha caracterizado desde hace más de un siglo al sistema de educación público en todos sus niveles a nuestro país.