La historia sobre la lucha entre el Gobierno argentino y los holdouts estaría transitando el inicio del desenlace, o al menos así pareciera. ¿Cuánto falta realmente para lograr un fin a esta larga lucha? Si bien mucho se ha hablado durante los últimos días, y la intención del gobierno de Macri es dar pronta solución al conflicto, sobre el principio del fin no hay nada seguro.

La disputa

La lucha con los holdouts lleva más de 15 años de disputa judicial e incluso política. Pero no será el objetivo de este artículo hacer un repaso de esta larga historia, sino más bien aclarar los oscuros tecnicismos que envuelven el tratamiento del tema, y que en los medios de comunicación se repiten incesantemente, pero que en la práctica y cotidianidad poco entendemos. Sin embargo, se vuelve necesario mirar hacia atrás para poder comprender la complejidad del asunto desde sus inicios, motivo por el cual se acompañará a los términos con un breve contexto histórico.

En diciembre de 2001, en plena crisis económica, política y social, Argentina suspendió los pagos de su deuda pública, de U$S 144 mil millones, declarando el default más grande de la historia. Aquí tenemos nuestro primer término. ¿Qué es un default? Es un estado de incumplimiento de obligaciones de pagos en el que se encuentra un deudor con respecto a sus acreedores, quienes, en un principio, le prestaron dinero. Este término tiene un origen anglosajón, significa “suspensión de pagos” o “cesación”, y puede aplicarse a la totalidad o a la parte de un préstamo. Es considerado como un paso anterior a la declaración de quiebra en una empresa o un país, y se declara con el objetivo de buscar un acuerdo que impida la bancarrota.

Así, Argentina quedó excluida del mercado financiero global y sólo contó con sus propios recursos para financiarse. En 2005 y 2010 se produjeron canjes con una gran cantidad de acreedores. ¿De qué se trata? En el año 2005, el país logró una adhesión del 76 % en la reestructuración de la deuda, lo que permitió financiar bonos por U$S 81 800 millones, con la quita del 65,4 %. En 2006 se canceló una deuda con el Fondo Monetario Internacional por U$S 9500 con fondos del Banco Central. Posteriormente, en 2010, el país logró una reestructuración de la deuda del 17 %. Este segundo canje se realizó por U$S 20 mil millones para los fondos que no habían aceptado las condiciones en 2005. Los canjes en total sumaron el 93 % de los acreedores y resta el 7 %.

Pero, antes de continuar, regresemos atrás para centrarnos en los principales protagonistas. ¿Holdouts o fondos buitre? En inglés, el término holdout hace referencia a una persona que se resiste a algo. En el caso de la Argentina, ese 7 % que no entró en los canjes de 2005 y 2010 está conformado por un grupo de acreedores que rechazaron los bonos de pago, y poseen el 0,45 % de la deuda argentina en default. Entre ellos figuran algunos hedge found (del inglés, fondos de cobertura), por ejemplo, Elliott Management, que lidera a su vez los fondos NML Capital y Aurelius Capital, todos ellos propiedad del multimillonario estadounidense Paul Singer.
 

Buitres, buitres, buitres

Los holdouts, en el pasado, invirtieron en una Argentina en default, como así también en otros países como Perú y El Congo. Estos empresarios y hombres de negocios se especializan, básicamente, en comprar deuda de países cuando están en crisis (lógicamente, a precios ínfimos, rozando el ridículo), y luego la revenden a un precio exorbitante. En nuestro caso, desde 2010, tras el rechazo del canje de deuda, reclaman ante los tribunales de Nueva York, cuyo juez es Thomas Griesa, el pago de los títulos a precio original de emisión. Es por este motivo que el Gobierno que antecedió a Mauricio Macri calificó a los hedge founds como fondos buitre.

Los buitres son aves rapaces que se alimentan, principalmente, de animales muertos o a punto de morir. Poseen una vista muy aguda y son capaces de detectar la presa a kilómetros de distancia, como así también son capaces de analizar detalladamente el movimiento de otras aves, e incluso otros animales en tierra, cuando estos se encuentran en busca de alimento. Una perfecta analogía con el modo de operar de los hedge founds, quienes invirtieron U$S 40 millones en bonos argentinos y hoy quieren cobrar U$S 1300 millones, más unos U$S 200 millones en concepto de intereses.

Por lo general, las “víctimas” de los fondos buitre han sido países con bajos recursos y bajo índice de desarrollo humano, como algunos estados pobres de África y América Latina. Cuando estos fondos logran sus objetivos y el país queda en quiebra, una gran cantidad de personas comienza a vivir una situación crítica, pobre y triste.    

Durante los últimos años, los fondos buitre han intentado, sin éxito, embargar bienes argentinos en el exterior, como embajadas y cuentas bancarias, ante la falta de pago. NML Capital, de hecho, confiscó la Fragata Libertad en Ghana. “El fondo buitre NML tiene su sede en las islas Caimán, una guarida fiscal que, vale recordar, es una colonia de Gran Bretaña, desde la cual operan quienes no se someten a las leyes de ninguna jurisdicción y han sido denunciados tanto por el G-20 como las Naciones Unidas. (…) El Grupo NML pertenece al especulador internacional Paul Singer y es el principal financista del lobby que opera en la Justicia y el Congreso de Estados Unidos con el nombre ATFA (Grupo de Tareas Argentina, por sus siglas en inglés) para perjudicar a nuestro país”, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado en 2012.

La mayoría de los hedge founds son sociedades radicadas en paraísos fiscales y no cotizan en Bolsa. Así lo señalan ellos mismos en los escritos presentados ante el juez Griesa, por lo que no están obligados a brindar ningún tipo de información de manera pública.
 

La reestructuración

Cuando un país inicia un proceso de negociación con los acreedores para buscar una solución al conflicto, se habla de reestructuración o canje de deuda. En Argentina, el Estado ofreció nuevos bonos de deuda a cambio de los viejos con un descuento, es decir, con una quita de alrededor del 70 %. Como se mencionó anteriormente, más del 90 % de los bonistas aceptaron las condiciones en un proceso legal considerado exitoso.

¿Qué es un bonista? Los bonistas son poseedores de títulos de la deuda que emite un Estado a cambio de dinero o préstamo y que pueden ser comprados tanto por empresas como por personas. Los bonos suelen negociarse en mercados financieros internacionales; siempre tienen fecha de vencimiento y la promesa de una ganancia (intereses). Según los especialistas, cuanto más riesgo emprende una empresa a la hora de invertir, más jugosos son los intereses. “Los bonos no son nominales sino al tenedor: no dicen el nombre del portador sino que el que los posee los puede hacer circular y venderlos sin que estos estén ligados a su persona”, explicó Martín Tetaz, economista y profesor de Economía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de Macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), al sitio chequeado.com.

En 2012, el juez federal Thomas Griesa falló a favor de los acreedores, pues argumentó que los fondos buitre merecían un trato equivalente a los bonistas que sí pudieron acceder a los canjes ofrecidos. Esta igualdad de condiciones está garantizada por la cláusula Pari Passu. Según relató El Cronista, por más de 100 años ningún acreedor pudo demandar con éxito a un país por incumplir el pago de su deuda, pero el fondo Elliott cambió esa historia en el 2000, cuando se amparó en esta olvidada cláusula (que en latín significa “a igual paso”) para lograr que un tribunal de Bruselas ordenara a Perú que pagara.

Pari Passu evita que el emisor de una deuda otorgue cualquier tipo de prioridad de cobro o preferencia entre acreedores. Propone un pacto de solidaridad forzosa entre bonistas al entender que nadie que haya participado de un canje puede recibir un pago sin que el resto, que prefirió rechazar la oferta, también lo haga.

Griesa exigió, en total, el pago del 100 % de la deuda: U$S 1330 millones al valor de aquella fecha. Hoy supera los U$S 1600 millones.

La sede

Cabe preguntarse en este punto por qué los holdouts acudieron a la Justicia de Nueva York y la Argentina hace frente a ese juicio a través de un mediador. Pues debe saberse que el país se comprometió, en los contratos que firmó en la década del 90, a que cualquier litigio en relación con este tipo de bonos se sometería a la ley del Estado de Nueva York. Así comenzó un largo tiempo de tires y aflojes entre ambas partes, de fallos y apelaciones, de palabras cruzadas y de voces a favor y en contra.

En mayo de 2014, Argentina pidió un stay a Griesa, lo que significa un aplazamiento o suspensión. ¿Qué implicó el stay? Durante las conversaciones que fracasaron con los holdouts y el mediador del tribunal del juez neoyorkino, Daniel Pollack (designado en junio de ese mismo año), el país insistió en pedir un tiempo extra para negociar un acuerdo y evitar otro default. En parte, se buscaba respetar la cláusula RUFO. Este stay fue denegado. 

Procurando que hasta ahora el/la lector/a no se haya perdido en esta enmarañada trama financiera, sigamos. Recordará usted que el 31 de diciembre de 2014 venció la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), una estrategia legal argentina que prohibía al Gobierno nacional pagarle más a los bonistas que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 que a los que sí lo hicieron.

En otras palabras, hasta ese día, la Argentina estaba impedida de ofrecer voluntariamente un acuerdo a los holdouts. RUFO protegía a quienes decidieron ingresar al canje a riesgo de sufrir pérdidas en caso de que en el futuro se mejorasen los términos de la oferta. Pero ocurrió que no hubo acuerdo con los fondos buitre antes del vencimiento de esta cláusula, y Argentina entró en un default selectivo. El exministro de Economía, Axel Kicillof, insistió, en su momento, en que pagar a los holdouts según las condiciones que exigían era violar la ley argentina.

Griesa declaró, por lo tanto, en desacato al país. En otras palabras, el juez argumentó que Argentina se mostraba en desobediencia por no cumplir con la orden de pagar a los fondos buitre, puesto que sostenía que el Gobierno nacional había dado “pasos ilegales para evadir sus disposiciones”.
 

La cuenta, por favor

En síntesis, ¿de cuánto es el reclamo total a la Argentina? Según afirmó el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el reclamo total de los fondos buitre es de U$S 9882 millones. Agregó, también, que se trata del 1,98 % del Producto Bruto Interno (PBI) si se considera que el PBI en dólares de la Argentina post-devaluación de diciembre alcanzó un monto de U$S 500 mil millones (según consultoras). Kicillof afirmó, en su momento, que la deuda era mayor: U$S 23 mil millones.

"Es un paso gigante para este litigio de larga data, pero no el paso final", dijo Pollack luego de que hoy se diera a conocer el principio de acuerdo, indicando que ahora el Congreso debe derogar las leyes que impedían un acuerdo de este tipo y poner un plazo de 6 semanas para terminar el acuerdo.
 

Acuerdo con los fondos buitre

El 29 de febrero de 2016, Argentina llegó a un principio de acuerdo con los fondos buitre. Precisamente, con el fondo que más resistencia ha dado, MNL Capital, y otros acreedores como Blue Angel y Olifant. Se trata de un monto de U$S 4653 millones para saldar los reclamos.

Aquella noche, a “contrarreloj”, las partes firmaron un principio de acuerdo luego de arduas negociaciones. Según informó en un comunicado el mediador Daniel Pollack, este acuerdo resolvería el 75 % de las sentencias de los fondos buitre, incluyendo intereses. Una vez establecido el acuerdo, es el Congreso de la Nación quien decide cerrarlo o no.

Días más tarde, el juez Griesa levantó las medidas cautelares que le impedían al país pagar a los bonistas. El magistrado dejó sin efecto la cláusula Pari Passu. "El tribunal no toma a la ligera la decisión de levantar las medidas cautelares", escribió en una orden de cinco páginas. "Pero, en última instancia, las circunstancias han cambiado de manera tan significativa como para declarar a las medidas cautelares inequitativas y perjudiciales para el interés público", completó.

Pero esta orden aún no entra en vigencia y quedan ciertos obstáculos que sortear. Griesa puso como condición que Argentina derogue (deje sin efecto o cambie) sus leyes que impiden un acuerdo con los fondos buitre. Así, exigió que se paguen todos los acuerdos firmados con los holdouts hasta el 29 de febrero. Es decir, se incluyen esos U$S 4653 millones mencionados con anterioridad. Para ello, la Corte de Apelaciones de Nueva York ingresó un stay sobre la orden para que Argentina resuelva este pedido y recordó que el 85% de las sentencias suman U$S 6200 millones.
 

Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano

El llamado “proyecto de normalización de la deuda” plantea principalmente la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. ¿Qué son estas leyes? ¿Qué se está debatiendo? Estas leyes impiden realizar ofertas a los acreedores por encima de los montos ofrecidos a los bonitas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

La Ley Cerrojo (26017) fue sancionada en 2005. En su primer artículo deja fuera del canje a los bonos que no se presentaron aquel año; en el siguiente artículo prohíbe al Poder Ejecutivo reabrir el canje. La ley de Pago Soberano (26984) fue sancionada en 2014 por la Cámara baja y autoriza el reemplazo del Bank of New York por Nación Fideicomisos. Permite, además, el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada y crea una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa desde la última dictadura hasta las reestructuraciones de 2005 y 2010.
 

Batalla en el Congreso

Depende del Congreso de la Nación derogar las leyes que impiden al Estado reabrir el proceso de canje de la deuda pública para los bonos en cesación de pago. Los dictámenes se deberán lograr antes del 14 de abril, día en que se cumple el plazo otorgado por Griesa.

Hubo quórum y comenzaron las sesiones. El bloque de Cambiemos logró el apoyo de la mayoría de los bloques en la Cámara de Diputados para votar el proyecto de normalización de la deuda. La pelea continuará en el Senado.