Mientras se acerca la fecha fijada para el primer debate presidencial del país y Daniel Scioli pone en duda su participación, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados impulsará en las próximas semanas el trámite parlamentario de un proyecto de ley consensuado entre todas las fuerzas políticas. La diputada nacional Diana Conti, quien encabezó a principios de julio la discusión de la iniciativa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aseguró a parlamentario.com que, tras las declaraciones del equipo de campaña sciolista, “se decidió avanzar con el proyecto” en la Cámara baja.

La iniciativa, a la que aún le quedan algunos puntos por pulir, fue acordada entre todos los bloques políticos y obtuvo dictamen en la comisión comandada por Conti y en la de Comunicaciones e Informática, presidida por otro oficialista, Mario Oporto. No obstante, el trámite formal del proyecto debe continuar en las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, también en manos del kirchnerismo, con Graciela Giannettasio y Roberto Feletti, respectivamente. Por eso, Conti confió a este medio que “el Frente para la Victoria acordó pedirle a Giannettasio que ponga el proyecto en tratamiento cuando lo considere”, lo que podría suceder una vez agotado el debate por el Presupuesto 2016, al que ahora se aboca el Congreso.

De todos modos, no habría ley antes del 25 de octubre, fecha de las elecciones presidenciales, por lo que este año la organización de los debates recaerá en manos privadas –uno, promovido por Argentina Debate, será el próximo domingo 4, mientras que el otro será transmitido por la señal Todo Noticias–. “Yo no veo que salga una ley antes del 25 de octubre, pero ley a futuro habrá seguro”, garantizó Conti, y agregó que “está bien que Scioli exija institucionalizar las reglas del juego” para que no sean “impuestas por el sector privado”. La diputada oficialista advirtió en este sentido que “el nivel de agravio en el discurso opositor es tan insoportable que cuando las reglas del juego del debate están en manos privadas, uno corre el riesgo de que el debate sea chabacano”.

El proyecto en cuestión fue elaborado junto a las organizaciones que forman parte de Argentina Debate y la propia Cámara Nacional Electoral que, según recordó Conti, “pidió que no sea una ley muy reglamentarista” porque “prefieren tener un margen para los temas y el formato” del debate. De acuerdo a ese texto, la Cámara Electoral sería la autoridad de aplicación y la transmisión se realizaría por la Televisión Pública “en simultáneo con todos medios audiovisuales que pretendan transmitirlo”, explicó la legisladora.

En su camino al recinto, la iniciativa podría recibir al menos dos modificaciones, que están siendo evaluadas por los bloques. La primera tiene que ver con sumar al que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires un segundo debate en otro lugar del país; la segunda, y más relevante, es sobre qué candidatos podrán participar de esta instancia. En el proyecto en trámite se establece que serían sólo quienes superen el piso del 1,5 % de los votos que establece la ley de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. No obstante, Conti indicó que “se quedó en analizar si se sube ese piso”, lo cual limitaría aún más la cantidad de aspirantes a la Presidencia que estarían habilitados a debatir.

Otro aspecto importante es que la obligatoriedad que establece la propuesta de ley no sólo regiría para la primera vuelta electoral, sino también para un eventual balotaje, una instancia en la cual un debate podría ser decisivo para la suerte de los candidatos.

La Cámara Electoral debería fijar la fecha para el debate, entre 10 y 20 días hábiles antes de la elección, “si no hubiera acuerdo unánime entre los candidatos”. Además, tendría que convocarlos a una audiencia “a fin de que expresen sus opiniones en lo relativo a la determinación de la fecha, hora, lugar y moderadores del debate”.

Con respecto a la sanción, los diputados acordaron no retirar los espacios publicitarios a los postulantes, sino dedicar los primeros 20 segundos del spot, ya sea radial o televisivo, a un aviso que indique que dicho candidato no accedió a debatir. Esos 20 segundos serían descontados del tiempo total del que disponen los candidatos para hacer publicidad en los medios con financiación del Estado.

El proyecto fue unificado entre propuestas de Carla Carrizo (Suma +), Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco), Patricia Bullrich (Unión Pro), Oscar Aguad (UCR), Guillermo Durand Cornejo (Demócrata Progresista), Omar Duclós (GEN), Adrián Pérez, Alberto Asseff y Graciela Camaño (Frente Renovador).