A una semana de festejar la sanción de la Ley de Identidad de Género, agrupaciones mendocinas que defienden los derechos humanos y los derechos de la diversidad conmemorarán un nuevo aniversario de aquel 17 de mayo de 1990 en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió eliminar de su listado de enfermedades psiquiátricas a la homosexualidad.  Este año los motivos de la celebración se duplican, ya que desde el 9 de mayo último las personas trans (travestis, transexuales, transgéneros) cuentan con la nueva norma que reconoce legalmente su identidad de género.

Si se amplía la mirada se entenderá además que no es una ley  que beneficia exclusivamente a un sector,  por cierto el más vulnerado dentro del colectivo LGTTB – Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales y Bisexuales. Sucede que a través del reconocimiento legal de su identidad, la comunidad trans en cierta medida tendrá abierta la puerta a distintos derechos fundamentales para la integridad humana – como la educación, la salud y el trabajo -, lo que genera una sociedad más democrática y enriquecida para todos.

Cabe señalar que al carecer de una documentación que las identifique con su propio ser – tal como se autoperciben, definen y sienten -  estas personas se ven imposibilitadas de acceder plenamente al sistema de salud y al educativo, como así también a condiciones de trabajo dignas. Esta realidad acompañada y promovida por la discriminación que padecen a diario les depara riesgosas consecuencias en lo social y en lo personal.

Es por eso que la necesidad de este sector de contar con un DNI que acredite su verdadera identidad de género – y no la que les fue establecida en base a su genitalidad desde el momento de su nacimiento – es una de las mayores demandas del movimiento de diversidad en varios países. A su vez, el proyecto que recientemente logró convertirse en ley en Argentina es interpretado a nivel mundial como de “avanzada”, otro plus para los festejos.

Mario Vargas, sociólogo y activista de género y diversidad, explica que se trata de una ley de “vanguardia” porque implica por vez primera el reconocimiento estatal al colectivo trans sin la necesidad de patologizarlo  y desde la perspectiva de los derechos humanos.

Es que hasta el momento de la sanción de la norma, para acceder a la rectificación en la partida de nacimiento del nombre y sexo la persona debía solicitar una autorización judicial para una operación de reasignación de sexo y cambio de nombre. Para eso se requería que el interesado presentara un certificado médico que acreditara una patología psiquiátrica, la que se verificaba a través de pericias elaboradas por el cuerpo médico forense. Por lo tanto, la mayoría de las veces el cambio de nombre se efectuaba una vez concretada  la intervención quirúrgica y previa orden judicial.

En este sentido, Vargas detalla que también existieron muchos fallos judiciales que autorizaron a algunas personas el cambio de nombre en el DNI sin la obligación de someterse a una intervención quirúrgica de cambio de sexo. No obstante, estos fallos fueron posibles mediante un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género. “Entonces, en definitiva nuestra identidad estaba relegada a la patologización. El Estado te reconocía la identidad a cambio de patologizarte”, sostiene.

Una vez reglamentada la flamante ley,  la identidad construida por cada una de las personas trans será respetada y reconocida legalmente sin la necesidad de autorizaciones judiciales ni intervenciones médicas. A partir de ese momento sólo bastarán una serie de trámites administrativos que prometen ser sencillos.

Para Vargas, quien además integra la agrupación “15 de julio”, otro aspecto que hace a esta ley de avanzada es que contempla el plan de Atención Sanitaria Integral para personas trans. En concreto lo que establece esta medida es que los organismos de salud pertenecientes al Estado, obras sociales y empresas de medicina prepaga, solventen los gastos de las intervenciones quirúrgicas de aquellas personas que deseen modificar su genitalidad.

“La gran mayoría de las y los trans tienen intervenciones en el cuerpo, y en gran parte de los casos ante la falta de recursos económicos que les permita recurrir al ámbito privado estas operaciones han sido realizadas en circuitos clandestinos porque el sistema sanitario estatal no lo garantizaba”, relata el activista.

Según detalla Mario, esta situación termina repercutiendo negativamente sobre la salud de las personas y en ocasiones hasta las conduce a la muerte. “No nos olvidemos que las condiciones sociales a las que están sometidas las personas en Argentina provocan que vivan en promedio hasta los 35 años”,  denuncia apoyándose en cifras oficiales.

La lucha diaria, la cultural. En su análisis, Mario profundiza sobre el valor simbólico  y cultural que porta esta medida. “Tiene que ver nada más y nada menos que con el resarcimiento del Estado a un colectivo postergado y negado. A partir de que te reconocen como sujeto/a es más fácil demandar lo que se te adeuda”, explica.

El referente reconoce que aun resta mucho por hacer para que el sector de la diversidad pueda ejercer de manera efectiva sus derechos ciudadanos. Asimismo entiende que a partir de esta ley que “ampara y ayuda” será menos complejo para las organizaciones que militan por la igualdad “seguir construyendo en ese sentido”.

Respecto al debate social en torno a la ampliación de derechos que permite esta norma y a la militancia que las organizaciones de la diversidad volcaron para que finalmente se concrete, Vargas reivindica la activa participación del propio colectivo.

“Gracias al aporte de la comunidad trans en la elaboración del proyecto hoy tenemos esta ley verdaderamente integral”, sostiene. Y agrega que fue la misma comunidad trans quien “supo hacerse cargo de su realidad”, y decidió redoblar el esfuerzo de pelear por una norma que también contemple el derecho a la salud, no sólo a la identidad.

De esta manera, el activista destaca la “ejemplar” conformación del Frente Nacional por la Identidad de Género - compuesto por distintas organizaciones de diversidad sexual del país - para dar esta nueva batalla .La organización se consolidó definitivamente una vez que se logró la sanción en el Congreso de la Nación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo el 15 de julio de 2010.

Ante la consulta sobre si fue aquella conquista la que dejó allanado el camino para que se levanten nuevas luchas por más derechos civiles vinculados con la diversidad y la igualdad, Vargasresponde que ese logro “sin dudas marcó un antes y un después en la militancia”.

“La militancia por los derechos de la diversidad existe desde hace décadas, ni la dictadura pudo con ella”, aclara. Pero interpreta que a partir de la sanción del matrimonio igualitario, las organizaciones de género fueron multiplicándose.

“Los compañeros y compañeras fueron tomando conciencia de que vivimos en una sociedad y bajo un Gobierno que crea las posibilidades de canalizar las demandas. Esto hace que la organización se fortalezca porque en definitiva siempre peleamos por leyes y derechos que hoy nos parece que son sueños que estamos alcanzando”, relata.

En la conversación que mantuvo con NU Digital, el integrante de la agrupación “15 de julio” quiso dejar en claro que el colectivo LGTTB “tiene una historia propia y no es nadie;  pero que también es importante entender que existe un Gobierno y  voluntades políticas que hacen posibles que el ejercicio de nuestros derechos, que nuestros sueños comiencen a hacerse realidad”.

Por su parte, Diego Pedernera - militante de Organización Mendocina de Integración (OMIN) - entiende que a partir de la puesta en marcha del matrimonio igualitario el mayor cambio que se dio en el paradigma cultural que impera y que somete a las personas con diversa orientación sexual, tiene que ver con la visibilización que ganó el sector de la diversidad. Pero subraya que todavía prevalecen "demasiados prejuicios" por destronar para llegar a un verdadero punto de igualdad.

“Se rompió con la mayor discriminación hacia nuestro colectivo, que es el silencio. Con la instalación en el debate social del matrimonio igualitario las minorías sexuales dejamos de ser un tema del que no se habla”, afirma. Y agrega: “El paradigma cultural empieza a desquebrajarse pero no de la misma forma para todos/as”, en referencia a las diferencias de clases sociales que existen también hacia dentro del colectivo LGTTB.

“Si no tenés plata seguís siendo el puto del barrio, la discriminación permanece”, denuncia Diego y lo explica con un ejemplo: “Hace tiempo  vi una pareja de chicos que se besaban en un restaurante muy caro, nadie les dijo nada. Claro, el cubierto costaba 200 pesos, andá a besarte en una cancha de fútbol o en un restaurante del barrio. Parece que al derecho a amar de las parejas entre personas del mismo sexo lo podes ejercer si tenés plata”.

Para el referente de OMIN es necesario trabajar mucho sobre el imaginario social acerca de lo que es “normal o anormal”.  Por eso entiende que la educación sexual basada en parámetros de igualdad de género y diversidad sigue siendo una gran deuda del Estado.

En el mismo sentido Mario Vargas remarca la necesidad del cambio cultural para que la concreción inclusiva e igualitaria se haga efectiva. El sociólogo entiende que “las sociedades tiene procesos propios para poder absorber los cambios, y por lo tanto que hoy contemos con estas normas que por fin dan luz a nuestra existencia señalan que es posible la transformación, aunque paulatina”.

Finalmente detalla que al reclamo de derechos civiles y reconocimientos legales, las organizaciones de la diversidad le suman el trabajo diario para que la sociedad vaya cambiando: “Son dos procesos que deben ir acompañados. La inclusión de los sectores populares solo es posible con respeto cultural y redistribución social. La identidad es importantísima, pero también hay que pensar que nuestro colectivo está atravesado por múltiples determinaciones además de ser parte de la diversidad sexual”.

En consonancia con lo planteado por Pedernera, el integrante de la “15 de Julio” concluye: “Los condicionamientos no son únicamente por el factor de la diversa orientación social, también hay pobreza en este colectivo. Por eso tiene que haber una redistribución social real de los bienes materiales y culturales para que el acceso a la ciudadanía y la igualdad sean plenos”.

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Hacia el final de la entrevista los referentes invitaron a la sociedad mendocina a sumarse a la serie de actividades que desde el Foro de organizaciones LGTTB de la provincia preparan para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia.

JUEVES 17-05 | Sala Elina Alba (España y Gutiérrez) | 19:00 hs.
Charla Debate sobre la Ley de Identidad de Género a cargo Lohana Berkins (Activista travesti y Dirigente de la Cooperativa Nadia Echazú Bs. As.)

Presentación del Área de Diversidad del Gobierno de Mendoza

VIERNES 18-05 | Cine Universidad (Lavalle 77 Cdad) | 19:00 hs.
Proyección del documental: FURIA TRAVESTI. UNAHISTORIA DE TRAvAJO. Disertante: Lohana Berkins
Con la organización de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCUYO.

SÁBADO 19-05 | KM0 | 18:00 horas.
 Besada colectiva.