Una gran marcha culminó este domingo a la noche con un acto en la explanada de Casa de Gobierno, convocada por los organismos de derechos humanos a 43 años del golpe cívico-militar en el país, constituyéndose en el acto central para recordar un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria en Mendoza. Entre los reclamos más importantes, estuvo el pedido para que se sancione una ley que regularice el funcionamiento del ex-D2.

Los organismos se concentraron a última hora en la Avenida San Martín y Garibaldi en el punto neurálgico del microcentro mendocino. Desde allí, el numeroso grupo marchó en caravana por las calles hasta la explanada de Casa de Gobierno para mantener latente la Memoria y preservar su lucha constante por la Verdad y la Justicia.

Uno de los reclamos de los organismos de derechos humanos fue la falta de regularización del Espacio para la Memoria (EPM) donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como D2, ubicado en Belgrano 179, a escasos metros de la sede gubernamental provincial. Tanto el gobierno anterior, de Francisco Pérez, como el actual, a cargo de Alfredo Cornejo, firmaron decretos para reconocer ese espacio, pero Mendoza aún no ha adherido a la Ley Nacional 26691 –reglamentada en 2014–, que otorga un marco regulatorio a los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención. Tampoco existe una normativa provincial.

Es por este motivo que las organizaciones que integran el consejo directivo del EPM, desde que hicieron la toma de posesión del ex-D2, en 2014, han presentado proyectos de ley para tener un aval que los legitime. 

“Estamos ocupando el lugar de hecho, pero es parcial, de algunos lugares y no de toda la dependencia, que en la dictadura ocupó gran parte del edificio”, explicó al diario Los Andes Sofía D’Andrea, de la Asociación de Ex Presos y Presas Políticas, una de las organizaciones que comparte la administración del espacio. Según D’Andrea, la insistencia para que salga una ley que los respalde es porque los decretos son provisorios. “Lo que nosotros necesitamos es una ley que perdure en el tiempo, pero no hemos tenido novedades. Lo hemos planteado en el Ejecutivo durante los tres años que llevan de gestión y a través de la directora de Derechos Humanos, Luz Faingold, sin resultados”, indicó. 

En este sentido, Faingold reconoció la necesidad de que exista una ley que establezca cómo debe funcionar el lugar. Dijo que un problema crucial es mudar a todos los organismos que funcionan en el sitio, como Fiscalía y Preventores.

“Hoy el espacio está minimizado. La Provincia paga los servicios, pero no tenemos cargos, solo una empleada adscripta de Godoy Cruz. Todo lo demás es sostenido por los organismos. La ley vendría a regularizar esta situación definiendo responsabilidades. No hay presupuesto para el desarrollo de actividades, como aquellas relacionadas con la difusión o la pedagogía”, señaló D’Andrea.

La única entidad que aporta financiamiento es la UNCuyo que, por ejemplo, asigna becarios para diferentes actividades. 

Sin multa de Capital

En un principio, la Municipalidad de Mendoza notificó a los organismos que durante la marcha debían “circular por las veredas, respetando los pasos peatonales y señales semafóricas”, de acuerdo a la Ordenanza 3016/91 y al Decreto 863/08 de Convivencia Urbana. Sin embargo, y ante las quejas de los organizadores, el intendente de la Capital y precandidato a la gobernación por Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, se disculpó por la nota de la Municipalidad que prohibía la marcha y salió al cruce aclarando que el funcionario que la firmó (Claudio Romano) siguió el protocolo.

El jefe comunal se disculpó aduciendo que su funcionario "no se dio cuenta y que está muy afligido", sin considerar que se trataba de un tema de derechos humanos, a la vez que ratificó su apoyo a la movilización.