La Corte Suprema de Brasil tomará una decisión clave para el futuro de Brasil y, específicamente, de la presidenta, Dilma Rousseff. El tribunal, en plenario, decide si da curso al trámite para iniciar el impeachment contra la mandataria, en medio de una fuerte crisis política, económica e institucional.

El impeachment es una figura del Derecho anglosajón mediante la cual se puede procesar a un alto cargo público. El parlamento o congreso debe aprobar el procesamiento y posteriormente encargarse del juicio del acusado (normalmente en la Cámara alta). Una vez que un individuo ha sido objeto de un impeachment tiene que hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasiona su destitución e inhabilitación para funciones similares.

La semana pasada, el juez de la Corte Suprema Luiz Edson Fachin puso temporalmente en suspenso el avance hacia el juicio político hasta hoy, cuando el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) dé su aval sobre todo lo resuelto hasta ahora. Fachin entregó ayer a nueve de los otros diez ministros de la Corte un documento con el contenido de su voto, de más de 200 páginas. El juez sugerirá que el STF establezca un procedimiento para tramitar el pedido de impeachment en el Congreso y someterá al plenario el pedido del Ministerio Público Federal para que sea anulada la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien dio luz verde a la solicitud de la oposición para que comenzara el proceso de juicio político.

Cunha, acérrimo opositor de Dilma dentro del espacio aliado al oficialista Partido de los Trabajadores, hizo lugar a un pedido de juicio político presentado por el jurista Helio Bicudo, que acusa a Rousseff de "crimen de responsabilidad" por supuestas maniobras para disimular el aumento del gasto público.

El abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, sostuvo hoy que la acusación contra Rousseff carece de sustento jurídico, pues no está demostrada su "culpa" en la manipulación del gasto público y sólo persiguen intereses "políticos" y posiciones "inquisitorias". Luis Inácio Adams sostiene que la oposición busca apoyarse en las encuestas de opinión pública, que muestran un alto rechazo de Rousseff, para impulsar "la casación de un mandato conquistado a través del voto popular" en los comicios de octubre de 2014.
 

Baja popularidad

Mientras tanto, la popularidad del gobierno de Dilma se mantiene en mínimos históricos, según un sondeo divulgado ayer. "La popularidad de la presidenta Dilma se mantiene estable, en su menor nivel incluyendo su primer mandato. Es la tercera encuesta sin cambios significativos", afirmó la encuestadora Ibope en un documento divulgado a la prensa.

Mientras el 9 % de los brasileños evalúa el gobierno como "bueno o muy bueno", el 70 % lo considera "malo o pésimo". El porcentaje de la población que aprueba "la manera de gobernar de la presidenta" es de 14 %, mientras el 18 % confía en la mandataria. El sondeo fue realizado entre el 4 y el 7 de diciembre, pocos días después de que Cunha aceptara un pedido de impeachment contra la presidenta.

Rousseff inició en enero su segundo mandato, y desde entonces una colección de problemas han detonado su popularidad: la economía entró en recesión en el segundo trimestre, la inflación ya roza los dos dígitos y el desempleo continúa aumentando. Sus dificultades para dialogar con el Congreso le han impedido poner en marcha un ajuste fiscal para ordenar las cuentas públicas.

La mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil puso bajo la lupa a eminentes empresarios, banqueros, exfuncionarios de la estatal Petrobras y políticos de varios partidos, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores.

Poco más de 80 mil brasileños se manifestaron el domingo pasado en distintas ciudades de Brasil, de acuerdo con estimaciones de la policía, una cifra aún lejos de los 2,4 millones que protestaron en todo el país el 15 de marzo.