Este miércoles, el Senado jugará un papel crucial dentro de la novela de corrupción y tráfico de dinero que salpica a todo el arco político kirchnerista. En particular, lo primero que se tratará será el pedido de allanamiento a los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner –implicada en la causa de los diarios de las coimas–. Pero, en caso de que se consiga el cuórum para debatir este tema, también podría aprobarse un viejo proyecto que facilitaría al Estado su cruzada por la recuperación de “lo robado”: la ley de Extinción de Dominio.

A estas horas del martes, todo pronóstico se sitúa en el dominio de lo meramente posible. El pedido de allanamiento, por un lado, puede no ser aprobado –o ni siquiera tratado, si no se consigue el cuórum– a pesar de la expresa solicitud que hizo la expresidenta a todo el cuerpo del Senado para dar vía libre a lo solicitado por la Justicia.

La ley de Extinción de Dominio, por su parte, no solo está sujeta a lo que previamente decida hacer la Cámara Alta respecto de CFK, sino también a los acuerdos que se logren entre las distintas bancadas.

Es que actualmente hay dos proyectos en pugna con distintas visiones respecto a cómo debería aplicarse esta ley que, entre otras cosas, aceleraría el proceso mediante el cual el Estado recupera los bienes obtenidos mediante la comisión de delitos comprobados por la Justicia, sobre todo en casos de delitos asociados con hechos de corrupción.

El debate se divide entre quienes buscan que el juicio por extinción de dominio comience recién después de que el acusado haya obtenido sentencia de cámara en el fuero penal –un proceso más burocrático y, por lo tanto, lento– y quienes sostienen que la extinción de dominio podría tratarse en el fuero civil y ser decidida incluso sin la condena penal. La primera propuesta cuenta con el aval de gran parte del PJ; la segunda es impulsada por el oficialismo.

Por el momento, no hay acuerdo respecto de qué posición prevalecerá, pero todos los indicios apuntan a que el dictamen que se impondrá será el de preferencia del justicialismo. Ante este hecho, varios integrantes de Cambiemos salieron al ataque de los legisladores peronistas y los acusaron de “tibios”, incluso “encubridores”.

Hay también una tercera opción, un dictamen firmado por el kirchnerismo. Sin embargo, lo más probable es que esta opción sea dada de baja para acoplarse a la postura del PJ luego de que este acceda a modificar algunos aspectos de su proyecto original.

En cualquier escenario, la opción que consiga imponerse deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados, luego de casi dos años de haber juntado polvo en el Senado gracias a las diferencias que el tema despertó dentro del peronismo y entre el peronismo y el oficialismo a lo largo de los meses.