La negociación con los holdouts está tomando la agenda nacional por estos días. Con la sanción del poder legislativo que aprobó acordar con los fondos buitre, se les pagará y así se saldrá del default pero ¿esa deuda es totalmente legítima?

Mucho se ha discutido sobre si se está pagando “caro o barato” el nuevo endeudamiento que contraerá el Gobierno nacional para cesar el conflicto con los holdouts. Además, se habló sobre la incertidumbre que genera la posibilidad de que ello desate futuros litigios con el resto de los bonistas que sí aceptaron entrar en los canjes 2005 y 2010, y si llegarán las ansiadas inversiones.

Esto generaría sumar más de 12 mil millones de dólares a una deuda externa que ya ronda los 200 mil millones de dólares, deuda que ha crecido exponencialmente desde la década de los 70 hasta hoy. Esto nos debería hacer pensar un poco más qué es lo que se está pagando y si se debería pagar.

Para Francisco Machín, economista miembro del Colectivo de Economía Crítica, hay puntos delicados que se deberían tener en cuenta a la hora de negociar con los fondos. El combo que proponía el gobierno de derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, más el endeudamiento para pagar a los holdouts generaba inquietudes por parte de algunos sectores.

Una de las tantas inquietudes es que, con la derogación de la Ley de Pago Soberano, se dejó sin efecto la bicameral que investiga la deuda externa. Esta bicameral fue más que nada una estrategia del gobierno anterior con el objetivo de reunir a los sectores de centro-izquierda y elaborar un plan para poder pagarles en el país a los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 y no podían cobrar debido al fallo del juez Griesa. Sin embargo, resultó en vano porque no se ha avanzado en el proceso de auditoría.

Machín afirma que “la deuda externa opera como un verdadero sistema de apropiación de recursos, tiene mecanismos propios que no están sujetos a control gubernamental alguno. El sistema de la deuda es de una perfección tal que son los acreedores quienes, contrariamente a lo que resulta usual en un contrato entre partes, fijan la totalidad de las reglas que han de observarse; imponen honorarios, comisiones, gastos sin determinar, límites legales, renuncias, exclusiones jurisdiccionales, determinan las tasas de interés, los niveles de capitalización y hasta tienen la generosidad de facilitar a los países deudores sus propios abogados. De tal forma, y ante tal rigurosidad operativa, al país deudor nunca le quedan opciones defensivas o que le permitan cuestionar al sistema”.

Como lo explicita el Derecho Internacional Público, en algunos casos las deudas pueden ser repudiadas: las de los regímenes políticos de facto o contraídas por quienes atentaron contra el gobierno legítimo de un país, o por no poderse pagar sin sacrificar al pueblo. Esto abre una nueva discusión acerca de nuestra deuda.

Un ejemplo de esto es Ecuador. En el 2008, el presidente Rafael Correa argumentó que el 70 % de la deuda soberana del país era ilegítima, y que por el bien del país no podían destinar año tras año enormes cantidades del presupuesto a pagar deuda que llevaba a la ruina el país. A pesar de las presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, decretó la suspensión del pago del 70 % de la deuda nacional, además de expulsar del país a los enviados del FMI a Quito.

Para el economista, la deuda externa pública argentina, en algunas épocas de nuestra historia, ha sido contraída sin la autorización de los representantes legítimos del pueblo, mediante gobiernos de facto. Además, en su origen se han acreditado múltiples ilícitos y ha sido contraída sin el consentimiento nacional, ya que se refinanciaron deudas provenientes de regímenes dictatoriales.

“La deuda externa argentina resulta odiosa, porque no sólo no fue contraída para desplegar proyectos de desarrollo, sino que se ha constituido para disponer de recursos suficientes para sostener un régimen de facto usurpador del orden constitucional, y luego los gobiernos que siguieron durante el período democrático contrajeron más deuda al pedir créditos internacionales para pagar los intereses”. Todo esto está probado y documentado por el juez Jorge Ballesteros, que en el año 2000 determinó que la deuda contraída durante la dictadura cívico-militar era ilegítima, remitiendo su fallo al Congreso de la Nación. Por supuesto, el expediente duerme en un cajón de Tribunales.

Esto no sólo nos ha sucedido a los argentinos. Si se analiza detenidamente el endeudamiento de Brasil, Uruguay, Ecuador y Perú, podrán observarse las mismas características que en Argentina en cuanto a las formas operativas, transferencia de recursos, y a la cada vez mayor dependencia de sus economías a grupos financieros ajenos a las mismas.

“Entonces ¿acaso pensar en el hoy y no en el mañana, es decir, en las próximas generaciones, no es una falta de ética? La deuda hoy en día es impagable, imagínense con el megaendeudamiento que se vendría. La deuda es pan para hoy y hambre para mañana, pasado y pasado. La deuda es destinar recursos de hoy para calmar el fuego pero para mañana no tenés recursos para destinar al desarrollo y mejoramiento de la economía. Muchas veces entrar en un círculo de megaendeudamiento es un viaje de día". "¿Acaso saber que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, de romper con la lógica del sistema, y no hacerlo, no es falta de ética? ¿El no tener la auditoría de la deuda no es una falta de ética?”, continúa.

Concluye: “La auditoría no es otra cosa que la transparencia de las cuentas públicas, saber qué porcentaje de la deuda es ilegítima es un derecho. Es una cuenta pendiente para con el pueblo argentino, que debe ser exigida no solo por los políticos, sino por toda la sociedad civil. Si no lo exigimos nosotros nadie lo va a hacer, ya que esto compromete no sólo a la elite empresarial argentina, sino a todos los funcionarios políticos desde la vuelta de la democracia hasta el presente".