El Gobierno nacional presentará este domingo la nueva oferta de reestructuración de la deuda bajo ley extranjera por US$ 67.500 millones y mañana la oficializará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, con miras a completar el proceso de acuerdo con los acreedores antes del próximo 31 de agosto.

Así lo confirmó esta mañana el presidente Alberto Fernández, quien dijo que "la oferta se va a conocer este domingo, va a estar abierta hasta fines de agosto" y que se trata "del máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos que los acreedores comprendan".
 

"Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra. Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no postergar más a los que ya están muy postergados", dijo el Presidente en declaraciones a FM Milenium.
 

Acerca de la propuesta, dijo que "si esto se analiza racionalmente ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, se le está pidiendo que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso".

"El Gobierno anterior dio a los títulos, insólitas condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar", concluyó el Presidente.

Si bien los detalles se conocerán una vez publicados en el Boletín Oficial, trascendió que el Gobierno ofrecerá nuevos títulos por un Valor Presente Neto (VPN) algo superior a los 53 centavos por dólar nominal de deuda emitida desde 2016, y de 57 centavos para bonos surgidos de los canjes de 2005 y 2010.

Se trata de una mejora sustancial respecto de la primera propuesta, presentada el 21 de abril por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien por entonces había ofrecido una única propuesta con un VPN de 40 centavos, a partir de una serie de quitas de capital, intereses y años de gracia para los primeros desembolsos.
 

La mejora en la oferta radicaría en un menor recorte de tasas de interés, el adelantamiento en los pagos para el 2021, una quita de capital simbólica para los títulos emitidos durante los últimos años y el reconocimiento del total del capital y de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC's) para los títulos de los canjes de 2005 y 2010.
 

Durante los últimos meses, el Gobierno y los tres principales grupos de acreedores -el Comité de Acreedores de Argentina (ACC, por sus siglas en inglés), el Ad Hoc Argentine Bondholder Group (Blacrock y otros) y el Exchange Boldholder Group (bonistas del canje 2005 y 2010)- mantuvieron diálogos constantes para llegar a un entendimiento.

El ACC, que incluye entre otros a los fondos Gramercy, Greylock y Fintech, alcanzó días atrás una propuesta financiera al Gobierno con un valor de 54,5 dólares de VPN por lámina y que, indicó, otorgaría "un alivio de US$ 39.000 millones hasta 2028".

El grupo, que presentó la oferta el 1 de julio, sostuvo que la propuesta debe tener un umbral mínimo de participación de dos tercios y precisó que el cupón promedio ponderado de los intereses incluidos en la contrapropuesta es de 3,95%, sin superar el 5%.

"El ACC continúa creyendo que la mejor manera de avanzar es a través de una resolución consensuada", dijo el grupo en un comunicado.
 

Trascendida la oferta del ACC, el comité de acreedores que lideran Blackrock, Monarch y Ashmore afirmó que "no hubo negociaciones significativas" con el Gobierno desde el 17 de junio y dejó trascender que si el Gobierno argentino avanzara con la propuesta de ACC "la rechazarían" y llevarían adelante un "bloqueo" del canje, según fuentes consultadas por Bloomberg.
 

Según hizo saber a través de medios internacionales, el grupo Ad Hoc reclama un VPN de, al menos, 57 dólares por cada 100 y cláusulas legales que, según el propio Guzmán, exigen términos "imposibles de cumplir".

A diferencia de ACC, Ad Hoc exige que las CAC de los bonos 2005 y 2010 sean iguales para todos los bonos nuevos; que en caso de un incumplimiento con el FMI se gatille un default; y que se aumente la lista de bienes embargables del país, entre otras exigencias.