El Gobierno nacional define los detalles finales para la presentación de una nueva oferta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos durante la semana próxima, con miras a completar todo el proceso de la reestructuración de la deuda, por US$ 67.500 millones, para el próximo 24 de julio.

Fuentes gubernamentales precisaron que la presentación sería "la semana próxima", teniendo en cuenta que hoy viernes es feriado en los Estados Unidos, que adelantó un día la celebración de su independencia.

En la últimas horas, los grupos más grandes de acreedores hicieron llegar al Gobierno argentino contrapropuestas, con vistas a lograr un acercamiento y alcanzar finalmente un acuerdo, y se espera que los intercambios continúen durante el fin de semana.

El primer grupo, el ACC (siglas en inglés del Comité de Acreedores de Argentina), le alcanzó al Gobierno una propuesta financiera cuyo valor ronda unos 54 dólares por lámina de 100 nominales de deuda vieja (en valor presente neto), que implicaría un mínima modificación en los pagos respecto de la última oferta que presentó el Gobierno a los bonistas.

Deuda: prorrogan la negociación con los bonistas hasta el 24 de julio

El Gobierno extendió hasta el 24 de julio el término para que los tenedores de bonos acepten el programa para reestructurar unos US$ 66.300 millones en títulos emitidos bajo legislación extranjera, luego de que venciera hoy el plazo anteriormente dispuesto.

Aquí se encuentran involucrados los fondos Gramercy, Greylock y Fintech que, pese a las diferencias, son los que lograron un mayor entendimiento con el Gobierno argentino, entre los principales grupos de acreedores, y que blanquearon formalmente hoy su oferta a la prensa a través de un comunicado.

El ACC indicó que la nueva contraoferta otorgaría "un alivio de US$ 39.000 millones hasta 2028".

El grupo, que presentó la oferta el 1 de julio, sostuvo que la propuesta debe tener un umbral mínimo de participación de dos tercios y precisó que el cupón promedio ponderado de los intereses incluidos en la contrapropuesta es de 3,95%, sin superar el 5%.

"El ACC continúa creyendo que la mejor manera de avanzar es a través de una resolución consensuada", dijo el grupo en el comunicado.

La propuesta que dio a conocer ACC mantiene los mismos bonos y estructura de amortización que la oferta que hizo el Gobierno argentino al 17 de junio y los contratos originales de los bonos elegibles, si bien piden el adelanto de pago de cupones de ciertos bonos.

Sin embargo, estos fondos también solicitan mantener las condiciones legales contenidas en las cláusulas de acción colectiva (CAC) de 2005, solamente para tenedores de bonos de los canjes 2005 y 2010.

La Argentina había propuesto cláusulas CAC utilizadas en los bonos emitidos a partir de 2016 para todos los bonos a reestructurar.

Esta estrategia de ACC logró mover los cimientos del otro gran comité de acreedores, el Ad Hoc, el más duro según las palabras de Martín Guzmán, que lideran fondos como Blackrock, Monarch, Ashmore.

Luego de haber trascendido la oferta del ACC a través de la prensa, el Ad Hoc emitió un comunicado a principios de la semana afirmando que "no hubo negociaciones significativas" con el Gobierno desde el 17 de junio, el día en que se conoció la última oferta argentina.

El jueves por la noche, dejaron trascender a través de Bloomberg, que si el Gobierno argentino avanzara con la propuesta de ACC "la rechazarían" y exigirían a sus miembros "el llamado acuerdo de bloqueo, que obligaría a sus miembros a rechazar esa oferta", según fuentes consultadas por dicha agencia.

Este grupo hizo saber a través de medios internacionales que aún intenta alcanzar un acuerdo con la Argentina, más allá de que la última contraoferta que presentaron era menos beneficiosa para el Gobierno, con un pedido de recupero de al menos 57 dólares cada 100 de deuda nominal.

Sin embargo, uno de los puntos de mayor conflicto con Ad Hoc son las cláusulas legales, ya que exigen términos "imposibles de cumplir", según advirtió oportunamente Guzmán.

Este Comité, a diferencia de ACC, exige cláusulas de los bonos 2005 para todos los bonos nuevos a emitir a partir de esta operación; gatillar un default de bonos en caso de eventual incuplimiento con el FMI; y aumentar la lista de bienes sin inmunidad del gobierno argentino en caso de eventual default, entre otras, para garantizar los cobros de los acreedores.

La especulación del mercado es que si el Gobierno avanzara con la propuesta del grupo ACC, que pide cláusulas legales CAC del 2005, solo para los bonos emitidos antes del 2016, podría desmembrar al Comité que reúne dos de los grupos más fuertes y que se habían unido para presentar una sola oferta, el Argentine Bondholder Group (Blacrock y toros) y el Exchange Boldholder group (bonistas del canje 2005 y 2010).

En conjunto, los acreedores aseguran que reúnen 21.000 millones de dólares y las minorías necesarias para bloquear las series de los bonos 2005 y 2010.

El Gobierno presentó a la SEC la primera propuesta el pasado 21 de abril, con un valor presente neto calculado por el mercado en cerca de 40 centavos por dólar,

La administración de Alberto Fernández, que se mueve por estos días con mucho hermetismo, postergó cuatro veces el vencimiento de la oferta, con miras a continuar negociando para alcanzar un acuerdo.

La última oferta de la Argentina a los acreedores, alcanzaba un valor de recupero de 49,90 dólares, y mantenía en suspenso la utilización de endulzantes, como podían ser cupones atados las exportaciones.

También incluye las CAC de 2016 para todos los bonos, acordes con "el lenguaje standar del FMI y el G20", según precisó Guzmán, y la posibilidad de reasignar los grupos de bonos una vez realizado el canje, para eventualmente utilizar mayorías a favor del Gobierno que le permitan cerrar un acuerdo con acreedores.

Alberto Fernández pidió una restructuración global de la deuda externa

El presidente Alberto Fernández pidió este miércoles el "alivio inmediato de la deuda de los países más pobres del planeta". Se sumó así a un llamado conjunto formulado por Estados latinoamericanos, del Caribe y España para que el FMI y otros organismos internacionales den una respuesta "oportuna y decidida" a la región frente a la crisis mundial causada por la pandemia de coronavirus.