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05 DE DICIEMBRE DE 2024
La fiscalía ordenó además que se registre la municipalidad de Lavalle para recuperar documentación. Los procedimientos están dentro de la causa por asociación ilícita en la organización social Tupac Amaru.
La titular de la Tupac Amaru en Mendoza declarará mañana miércoles 12. Foto: Archivo Los Andes
La detención de la líder de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, tuvo este martes un nuevo condimento. Es que la fiscal que lleva la causa, Gabriela Chaves imputó y ordenó la detención de Ángel Osvaldo Rojas, hermano de la líder social también por asociación ilícita y coacción agravada por lo que permanecerá detenido en el penal de Boulogne Sur Mer. Este hombre se suma a los otros familiares de la dirigente social de Lavalle que también están detenidos por los mismos cargos. Ellos son el esposo Ramón Domingo Martínez, y las dos hijas del matrimonio Martínez Rojas.
Además del quinto detenido por asociación ilícita y dentro de la novela judicial, el abogado defensor, Alfredo Guevara acusó a la fiscal por privación ilegítima de la libertad, abuso de la autoridad y prevaricato. Esta última hace referencia a que según Guevara, Chaves dictó la detención de manera arbitraria incluso sabiendo que esa resolución era injusta.
Para completar lo que a esta altura el es culebrón de la Tupac, la fiscal Chaves ordenó una "registración" en la municipalidad de Lavalle para obtener documentación relacionada con el fin que tuvieron cerca 800 millones de pesos para construir viviendas desde el año 2012, según consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Desde el área de prensa explicaron que no se trata de un allanamiento porque no hay autorización de de un juez, sino que al tratarse de una dependencia pública, el fiscal tiene la potestad de presentarse y solicitar información.
Desde la comuna que gobierna el peronista Roberto Righi afirmaron que el municipio favorecerá la investigación pero que por el momento “no darán declaraciones a la prensa”. En una jornada de convulsión judicial, desde la comuna indicaron que la fiscal llegó cerca del mediodía y se reunió con los secretarios de Gobierno. Righi no estaba en la municipalidad por lo que el procedimiento los tomó por sorpresa.
Diez imputados en libertad y las hijas de Rojas con prisión domiciliaria
Según explicaron fuentes del MPF en la causa por asociación ilícita están involucradas otras 10 personas que permanecerán en libertad. En tanto se supo que las hijas de la dirigente mendocina, Carla y Leonela Martínez se les otorgó prisión domiciliaria puesto que ambas tienen hijos menores de edad.
El motivo por el que la familia Rojas se presentó de manera voluntaria en la fiscalía, continúa siendo un misterio. De hecho este acontecimiento desató una nueva guerra en el poder Judicial. La fiscal Chaves entendió que en algún punto del proceso hubo fuga de información y cargó los reproches contra la Jueza Alejandra Mauricio por demorar la orden de 24 allanamientos en el departamento de Lavalle.
La presentación voluntaria generó sospechas sobre el fiscal, la policía y fue un elemento más para convalidar la idea de que dentro del Poder Judicial hay una grieta que enfrenta dos visiones distintas de la justicia. Por una parte, el sector de Justicia Legítima, cercano al kirchnerismo, y otra parte, el sector que tiene una visión menos garantista.
El rol del abogado defensor
Alfredo Guevara es el abogado defensor de la familia Rojas. En declaraciones a Unidiversidad el letrado aseguró que la fiscal cometió las mismas prácticas que en Jujuy derivaron en la detención de la dirigente Milagro Sala. Según su visión se trata de un caso de persecución política porque el contenido de la denuncia no tiene que ver con la figura del expediente.
Para validar sus argumentos, Guevara relató que en 2015 una familia realizó una ocupación ilegítima en una vivienda en construcción por lo que Rojas y otras personas de la agrupación fueron al lugar con la intención de desalojar a los supuestos ocupas. Se produjo una discusión. Nélida Rojas asegura que fue amenazada por estas personas. La otra persona afirmó que los agresores eran los miembros de la Tupac.
La vivienda en cuestión estaba sin terminar. Rojas realizó una denuncia penal por la usurpación que luego, según el abogado, se archivó. En su cosmovisión Guevara entiende que la fiscal Chaves consideró sólo las declaraciones de los supuestos usurpadores y completó la acusación con los informes periodísticos del programa Periodismo Para Todos y el relato de los exsocios de la cooperativa que fueron excluidos por no pagar la cuota social.
El abogado no explicó cómo la jefa de la Tupac se enteró de los allanamientos y aseguró que lo hizo porque era inocente y no tenía relación con el ílicito. En este sentido argumentó que no explicará cómo llegó ese “dato” porque eso implicaría avalar la teoría de la fiscal.
Los hechos
Nélida Rojas y su familia se entregaron en la justicia el viernes 7 de abril a la tarde. Además de asociación ilícita, están acusados de haber permitido que personas de otros departamentos entraran en la cooperativa de Lavalle. A esto se suman casos de ventas de casas a personas que no eran destinatarias de las viviendas e incluso algunos aducen les pidieron “entre $ 30 mil y $ 40 mil” para lograr la vivienda, pero que “nunca la entregaron”.
La dirigente social está recluida en Unidad Penal VII Agua de las Avispas, en Cacheuta. Guevara solicitó que Rojas se presente a indagatoria debido que tiene la "voluntad" de presentarse para aclarar las situaciones y defenderse de las acusaciones. Según indicaron desde la fiscalía Nélida Rojas declarará mañana miércoles 12 de abril, a las 15.00.
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