Después de siete meses de iniciada la causa judicial por los abusos en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo y de reiterados reclamos, las víctimas y sus familias lograron que mejore la asistencia que el Estado debe brindarles, especialmente, respecto de la disposición de psicólogos e intérpretes en lengua de señas, para que puedan seguir un tratamiento que les permita superar lo vivido.

La representante de la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad, Alejandra Berlanga, explicó que después de reiterados reclamos lograron que las víctimas tengan asistencia y explicó que sólo falta resolver la situación de 4 personas, ya que no existía disponibilidad de intérpretes en lengua de señas en la zona donde viven.

Berlanga planteó que el desafío a futuro es aceitar los mecanismos para que la asistencia tenga continuidad, ya que será la única forma de garantizar que las víctimas y sus familias puedan seguir un tratamiento.

La mujer aseguró que, con el correr de los meses, también se solucionó el tema de la escolaridad de los pequeños, luego de que la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendiera las actividades en el instituto de Luján de Cuyo.  

El abogado querellante, Sergio Salinas, coincidió en la mejora de la asistencia a las víctimas. Y aseguró que fue clave la intervención de la vicegobernadora, Laura Montero; de la senadora Daniela García y de la Defensoría de las Personas con Discapacidad.

Desde el momento en que se inició la causa judicial, en noviembre de 2016, las familias de las víctimas reclamaron asistencia para los niños, niñas y adolescentes. Pero en los últimos meses subrayaron las deficiencias en la ayuda, especialmente psicológica. En la nota de Unidiversidad, llamada, La investidura sacerdotal asegura la impunidad Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, dijo que la Iglesia Católica refuerza esta situación con los traslados. 

La denuncia de las víctimas

Las víctimas de 5 a 29 años ya denunciaron 27 delitos en la Justicia provincial e involucraron a uno o varios de los seis acusados y detenidos por abuso sexual: los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, la monja Kosaka Kumiko y los empleados José Luis Ojeda, José Bordón y Armando Gómez.

Salinas explicó que se puso en marcha un 0800 específicamente para las víctimas del Próvolo y que por intermedio de Montero se mejoró la asistencia psicológica. Para esto fue necesario coordinar con el Ministerio de Salud –a través de la Dirección de Salud Mental-, para que los niños y niñas pudieran acudir al lugar más cercano a su casa y seguir con el tratamiento, pero además fue necesaria la disponibilidad de una intérprete en lengua de señas.

El abogado explicó que en algunos casos fue necesario asistir a las víctimas con la movilidad para llegar al lugar de la consulta, ya que algunas familias están en una situación social y económica complicada y no contaban con los recursos para trasladar a los pequeños que viven en distintos departamentos de Mendoza, de San Juan y San Luis.