El proyecto de ley que se aprobó este miércoles 13 de junio en el Congreso Nacional busca no solo despenalizar sino, principalmente, legalizar. Es decir, que sea desde el Estado que se garantice, en este caso, la interrupción voluntaria del embarazo.

Aunque aún se toman ambas palabras como sinónimos, la exministra de la Suprema Corte de Justicia Aída Kemelmajer de Carlucci explicó que despenalizar es eliminar una figura del Código Penal de una nación. En cambio, legalizar implica que el Estado debe generar las estructuras para que esa conducta lícita pueda ser realizada.

Entonces, despenalizar el aborto significaría solo eliminar artículo 86 (y sus incisos) del Código Procesal Penal (CPP), que tipifica al aborto como un delito y estipula lo que se conoce como “aborto no punible”, es decir, los casos en los que no se puede penalizar a la mujer por interrumpir su embarazo. Por eso, los artículos 11 y 12 del proyecto de ley que se votará mañana establecen la derogación de esos apartados del CPP, que data de 1921.

Pero, además, el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito prevé en su quinto artículo que “el sector público de salud, las obras sociales (...), las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales (...) incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar (...) la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo (...) en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda”.

Así, se establece la legalización del aborto para que inclusive en los hospitales públicos se deba garantizar este ejercicio de lo que se considera un derecho de las personas gestantes. Esto también implica que a futuros médicos y médicas se los deba educar en las universidades para que sepan practicar una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y sin riesgos de vida para la mujer.