Ley, protocolo e insumos: Argentina se destaca en la región por sus políticas de acceso al aborto

Sociedad

“El propósito es resaltar los cambios ocurridos desde la aprobación de la ley. No es posible asumir que estos cambios sean exclusivamente el resultado de la ley, pero sí reconocer que las acciones que puso en marcha impactan en las prestaciones de salud y en el contexto general de la política pública”, señala el informe.

Entre el 30 de diciembre de 2020 y junio de 2023, la cantidad de servicios públicos que realizan la práctica aumentó el 98 %, resaltó el informe, ya que pasaron de 907 a 1793. Esto no se corresponde con la cantidad de abortos, que en el mismo período se incrementó un tercio en el sector. 

El trabajo identificó desigualdades territoriales en el acceso al derecho: hay provincias que disminuyeron o mantuvieron la cantidad de servicios que realizan abortos, como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Mendoza se encuentra entre las 18 jurisdicciones que las incrementaron, pero el informe del proyecto Mirar la ubica entre las tres con tasa más baja de disponibilidad de servicios públicos por cada 1000 mujeres en edad fértil. El número, explican, no es lineal con la necesidad. 

Efectores públicos que dan acceso a servicios de IVE/ILE. Argentina, 2020-2021. Reporte anual 2022 "Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal"

“Si en cada jurisdicción se requieren aún más servicios o si los que existen son suficientes, depende de las condiciones preexistentes a la aprobación de la ley, del desempeño de esos servicios y de las opciones y las necesidades de las personas. También, de la disponibilidad de servicios dependientes de las obras sociales y de prestadores privados, así como de la cobertura de salud de las personas y su capacidad de pago y traslados dentro del territorio”, amplía la investigación.

Sin embargo, la producción de información sobre los resultados de la política sigue siendo deficitaria, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, aseguraron las investigadoras. Sucede que no todas las provincias producen informes de gestión para reportar las acciones y los resultados de la política de acceso al aborto. Es decir, hay fallas en los mecanismos de rendición de cuentas que tienen los ministerios para demostrar el nivel de cumplimiento con la ley.  

Hay aspectos positivos de la política pública que se detectaron en 2022 ????

???? Son datos y análisis del Reporte anual 2022 “Los rumbos de la experiencia argentina con el #abortolegal” del #proyectomirar. pic.twitter.com/1SXOD2WBGZ

— CEDES (@cedes_org)

July 25, 2023

Mercedes Krause, socióloga e investigadora de la iniciativa, destacó que la política pública de estos años priorizó el suministro de insumos como uno de los pilares del acceso al aborto. De hecho, en 2022, el Estado nacional financió la adquisición y distribución de 62.323 tratamientos de misoprostol y la Anmat autorizó en 2023 la comercialización de la mifepristona. Ambos medicamentos son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la práctica.

En cuanto a las obras sociales, "hay una paulatina adecuación y un mayor grado de cumplimiento de la ley", según el trabajo. Sobre una muestra de 247 obras sociales, se notificaron 4966 prestaciones en 2022: el 31 % fueron medicamentosas; el 67 %, instrumentales, y el 2 %, con procedimientos combinados. Sin embargo, todavía “no se dispone de un mecanismo sistematizado para que reporten lo actuado" ni lineamientos que controlen la actuación de los agentes de salud.

Los desafíos tras la conquista del derecho

Según el análisis del proyecto Mirar, hay un descenso del número de artículos sobre aborto publicados por los medios gráficos, junto a una concentración de lo publicado en contenidos a favor del derecho. El principal tema abordado por la prensa en 2022 fueron las expresiones políticas, que ocuparon el 32 % del total de las notas analizadas, mientras que el 20 % habló del cumplimiento de la Ley 27610 en el sistema de salud.

Fuente: Reporte anual 2022 "Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal".

Esta reducción de notas sobre el tema es uno de los datos “preocupantes” que destaca el informe. Otros son las cartillas religiosas en los servicios de salud –“en intentos de poner en marcha servicios confesionales de acompañamiento a las mujeres embarazadas dentro de hospitales con el fin de evitar sus decisiones de abortar”– y las declaraciones públicas de candidatos presidenciales acerca de la necesidad de derogar la Ley 27610. 

“Necesitamos explicitar y hacer realidad la obligación de todos los subsistemas de seguridad social y de la medicina prepaga de informar sobre las prestaciones de aborto, de modo de contar con información sanitaria completa en todo el país y a lo largo de todo el sistema de salud, y no solo público”, añade. 

Para evitar la incertidumbre sobre las conquistas, el reporte señala que es fundamental “identificar y abordar las barreras regulatorias y estructurales que impiden que la política siga consolidándose”. A pesar de todo –y a diferencia de lo que sucedió el primer año–, en 2022 no hubo nuevas presentaciones judiciales contra la ley o el protocolo de acceso, y no fue procesado ningún equipo de salud por proveer abortos dentro del marco legal.