El pasado 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno nacional anunció la desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) “vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983”. Sobre la medida, la antropóloga y archivista especializada en derechos humanos Verónica Almada señaló que mezcla, al menos, dos temas y –además– explicó que la desclasificación no implica el acceso. De todas maneras, hasta ahora es solo un anuncio, afirmó.

Desde la oficina de la fiscalía federal de Mendoza que investiga violaciones a los derechos humanos y encabeza la acusación a los responsables de la represión durante la dictadura, aclararon que todavía no se sabe de qué documentos se trata. En tanto no saben qué información podrían contener, prefirieron no anticiparse a opinar sobre la desclasificación. La especialista en archivos compartió ese parecer, pero aportó algunos puntos de vista para analizar el anuncio, a la vez que se sinceró con la preocupación que le genera.

“Desclasificar documentos no significa que vos puedas acceder a ellos, porque persisten otros miles de obstáculos”, explicó Almada.

La gestión anterior, con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –con Cristina Caamaño, primero, y con Agustín Rossi, después– ya había armado un equipo de archivos para examinar qué documentos tenían. Y, por su parte, el Gobierno actual –el mismo que anunció la apertura de documentación– antes había desmantelado el equipo de trece personas que trabajaba con los archivos en el Ministerio de Defensa.

Para que el acceso sea real, aportó la especialista, falta tener a disposición un espacio para trabajar con los archivos, conocer qué información contienen, armar una descripción o inventario de lo que hay, disponer de recursos y estrategias para la conservación de los documentos, etc. Existe toda una línea de la Unesco y el Consejo Internacional de Archivos que desde hace más de veinte años vienen hablando de la gestión de acervos vinculados a graves violaciones a derechos humanos.

Verónica Almada declaró en 2021 ante el tribunal de Mendoza que investigó el accionar del Destacamento 144, de Inteligencia del Ejército. Foto: www.lesahumanidadmendoza.com

Una comunicación engañosa

Verónica Almada desglosó el contenido del anuncio presidencial y explicó que mezcla dos temas con intención engañosa. Primero cita el Decreto 4/2010 para desclasificar toda la documentación vinculada a la actividad de las Fuerzas Armadas durante “el periodo 1976-1983” o toda otra documentación producida fuera de ese periodo pero vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, después termina hablando de los archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que es un órgano civil.

Es cierto que, durante la dictadura, esa oficina estuvo comandada por las Fuerzas Armadas y fue puesta al servicio de funciones vinculadas a lo que llamaban “lucha contra la subversión”. Pero, entonces, “hay un engaño” —advirtió Almada— porque, en tanto estaba bajo la órbita de las fuerzas, se puede pensar que la información relacionada con el terrorismo de Estado ya está desclasificada desde 2006 y accesible por el Decreto 4/2010. Hasta ahora, no hay ninguna medida que especifique los términos concretos de la apertura.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina)

March 24, 2025

Además de las dudas –qué es lo que se va a desclasificar, si hay algo aparte de lo que se conoce, si se van a disponer recursos o armar equipos para trabajar en los documentos, cuáles son las intenciones de la apertura, etc.–, hay preocupación. La especialista sugirió “leer estos mensajes del Gobierno entre líneas” porque –luego de hablar del accionar de las FF. AA.– la comunicación de la presidencia cambia el rumbo del enunciado. Introduce el asesinato del capitán Viola y su hija por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y advierte que va a trabajar en un proyecto de ley para declarar imprescriptibles las causas civiles y penales vinculadas a la acción de las organizaciones armadas.

Vuelve, entonces, al discurso del “conflicto armado interno” entre dos facciones equiparables, es decir, la teoría de los dos demonios: En términos sencillos, la antropóloga desanduvo ese argumento: había que juzgar esos delitos, pero las fuerzas en ejercicio del poder estatal decidieron secuestrar y torturar gente, robar bebés y desaparecer personas. El gobierno de facto no aplicó la ley, sino un plan sistemático de terrorismo de Estado.

El anuncio sucede en paralelo al desmantelamiento del equipo del Ministerio de Defensa que trabajaba con los archivos desclasificados relacionados con las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Se dedicaban a organizar la información, elaborar informes para la Justicia o responder peticiones para investigaciones. Pero el ministro Luis Petri, al frente de la cartera, despidió primero a diez personas y después a las tres que quedaban. Todo, en medio de mentiras sobre la ineficacia de su trabajo, expuso Verónica Almada, que dejó de integrar el equipo en 2015, aunque siempre siguió vinculada.

Cómo hacer que los archivos desclasificados sean accesibles

El gran ejemplo de trabajo con archivos de la dictadura lo dio el equipo que abordó los documentos desclasificados en 2006, cuyo decreto operativo fue el 4/2010. Además de quitarle la clasificación de seguridad a toda información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre el 76 y el 83, el decreto completaba una serie de medidas del Ministerio de Defensa que tenían el objetivo de contribuir a las investigaciones judiciales sobre de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

Las medidas previas habían resultado insuficientes, en tanto la información solicitada poseía clasificaciones de seguridad (“secreto”, “reservado” o “confidencial”) a las cuales las Fuerzas Armadas apelaban para no responder –o responder parcialmente– las solicitudes judiciales. El decreto se adoptó como una solución integral para evitar demoras y obstaculizaciones, como así también para usar legalmente la documentación y evitar que los imputados hicieran planteos de nulidad.

El Ministerio de Defensa conformó el Equipo de Análisis y Relevamiento Documental para identificar aquella documentación de interés histórico o judicial. La estrategia fue novedosa, afirmó Verónica Almada: “Por primera vez, el plan de trabajo no implicaba solicitar al jefe de una fuerza que enviara determinada documentación cuya existencia se conociera o se presumiera, sino que investigadores propios del Ministerio de Defensa recorrerían los archivos de las tres fuerzas intentando responder las siguientes preguntas: ¿qué documentación producen?; ¿cuál conservan?; ¿cómo la conservan?; ¿dónde la conservan?

Esa primera tarea les tomó seis meses de trabajo, pero el equipo no se disolvió porque, en el trayecto, se dieron cuenta de que, más allá de que se conociera el tipo de documentación, la forma en la que estaba guardada y registrada iba a impedir que el Poder Judicial encontrara respuestas a sus preguntas. Por ejemplo: a veces, en el legajo de un militar no había información sobre su accionar, pero en el de otro se nombraba su participación para justificar su pedido de reconocimiento.

Se dieron, entonces, a la tarea de reconstruir cómo fue la estructura militar operativa en una área, en una subárea, en una zona, en una subzona. Las y los integrantes del equipo, además, elaboraron alrededor de 170 informes hasta su disolución –a pesar de que el ministro Petri dijo que habían sido cuatro–, cumplieron con citaciones judiciales para explicar documentación y respondieron solicitudes concretas de las distintas jurisdicciones. Recordó que el informe de Mendoza les tomó casi un año. Era evidencia que se sumaba a los testimonios y otro material probatorio.

El trabajo del equipo era simple y a la vez complejo: consistía en mirar toda la documentación y detallar su contenido, pero la documentación militar es bastante críptica, tiene sus siglas y su formulismo. Interpretar todos esos archivos en su conjunto fue indispensable para que la información desclasificada fuera accesible. “La desclasificación es un primer y necesario paso, pero el trabajo de investigación y archivo es tanto o más importante para el acceso”, concluyó Almada.