Unas 200 familias sin vivienda de la localidad Palmira, al este de la provincia de Mendoza, el 31 de mayo fueron desalojadas violentamente del terreno que ocupaban de manera precaria.

El lugar estaba abandonado hacía más de 50 años y los vecinos se instalaron para tratar de construir sus viviendas. Sin embargo, fueron desalojados con balas de goma y topadora por más de 500 policías, incluido un helicóptero de Seguridad.

La ley dice que todas las personas que estén amenazadas o sean objeto de desalojos forzosos tienen el derecho de acceder oportunamente a un recurso.

Entre las medidas apropiadas figuran una audiencia imparcial, acceso a la asistencia letrada, asistencia jurídica, retorno, restitución, reasentamiento, rehabilitación e indemnización. Éstas deben ajustarse a los principios sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

Angélica Escayola, abogada y militante social dijo a través de una entrevista en el programa El Alegato de Radio Nacional Mendoza, que en las últimas horas (antes del desalojo) las familias habían sido convocadas para formar una cooperativa y acordar un plan de vivienda.

Lo llamativo del caso es que el día en que se llevó adelante el desalojo, las familias tenían una reunión en el marco de una negociación que marchaba viento en popa. Escayola mostró preocupación por la intervención policial, lo que llamó “un operativo desproporcionado, que contraviene la política nacional”.

“Esto era tratado como un conflicto social y no como un delito. El día de la represión había una conciliación porque las familias venían hablando para llegar a un acuerdo”, agregó la letrada.

¿Por qué entonces, en el marco de consensuar un acuerdo, responder a un derecho como es el de la vivienda, y atender al reclamo de un privado, se da la orden de desalojo? “Aparentemente es una decisión política del municipio porque había un acuerdo para avanzar sobre el tema de vivienda. Estaban censando…”, dijo la militante social.

El comienzo

A principios de abril de este año, las familias comenzaron con el asentamiento en el terreno de tres propietarios.

Los dueños de las tierras buscaron recuperar sus terrenos con diferentes criterios. Mientras dos de ellos pidieron el desalojo, el restante comenzó con audiencias de conciliación y solicitó que los ocupantes abandonen el lugar por propia voluntad.

El 12 de abril algunas familias comenzaron a ocupar un sector descampado de Palmira, en la vera sur de la variante, entre el carril San Pedro y el carril Chimbas.

La Unión Vecinal José Hernández  fue la primera en denunciar este caso, que tiene una etapa de su barrio construida hace unos cinco años. La vecinal radicó la denuncia por usurpación en la Oficina Fiscal de Palmira.

Luego la familia Castro radicó una denuncia por lo mismo. Y en tercer lugar, declaró la Fundación Educar, una organización que está integrada por seguidores del líder espiritual hindú Sai Baba.

Después del desalojo, trascendió que una de los privados no quería que le devolvieran el lugar.

Lo que ocurrió

En el procedimiento de desalojo hubo policías de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR),  Infantería, Cuerpos Especiales, personal de canes y hasta un helicóptero. También topadoras de Vialidad Provincial que arrasaron con las precarias viviendas.

Los distintos medios difundieron un improvisado censo realizado en el predio que arrojaba los siguientes datos: 222 familias,  453 adultos, 434 niños, 20 discapacitados, 18 embarazadas y 3 ancianos.

 “No queremos que nos regalen nada, pero somos familias que no tenemos dónde construir. Es por eso que hemos tomado estos terrenos que son de la comuna de San Martín y que nadie usa”, explicó para Diario UNO en su momento Jorge Leiva, uno de los 300 ocupantes, entre niños y adultos.

 En declaraciones a Radio La Mosquitera emitidas en Informativo FARCO, el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Alfredo Guevara, contó que el fiscal Mariano Carabajal, yerno del juez cómplice de la dictadura y prófugo en Chile Otilio Roque Romano, “fue quien ordenó el desalojo violento”.

Guevara (abogado de los militantes sociales detenidos en el desalojo) relató que “este hecho de represión de un conflicto social es un hecho muy grave que ocurrió el viernes, donde tras un enorme despliegue hubo diversos heridos, chicos heridos con balas de goma”.

El abogado explicó que “no había usurpación” y que cuando los vecinos entraron el predio “no hubo violencia, no hubo fuerza, eran terrenos que no estaban ocupados, por lo tanto la resolución del caso tenía que ver con un juicio de desalojo en sede civil” pero “a raíz de la intervención de uno de los fiscales de cámara de la localidad de San Martín”, Mariano Carabajal, se produjo el desalojo por la fuerza.

El abogado del MEDH confirmó que Carabajal es yerno del ex integrante de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Roque Romano, prófugo en Chile y acusado por haber participado en más de 100 delitos de lesa humanidad.

La frase tan mentada de que la violencia genera más violencia tuvo un capítulo más en la provincia mendocina. La ocupación también obedece a una cuestión social que no debe criminalizarse sino resolverse por las vías correspondientes. “Es una señal política fuerte. Que estas cosas no pasen más en Mendoza”, finalizó Angélica Escayola.