En esta entrevista, Marta María Abate Daga, profesora de la cátedra Psicología del Desarrollo en la Facultad de Educación (FED) de la UNCUYO, se explaya sobre el desarrollo de la línea de investigación que sigue desde 2006 en torno a la educación en sexualidad: desde el derrotero de la labor docente hasta la educación sexual en las personas con discapacidad.

La psicóloga y especialista en docencia universitaria también reflexiona sobre la situación actual de la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).

Desde 2006 a la fecha usted ha desarrollado una línea de investigación en torno a la educación en sexualidad. ¿Cuáles han sido las distintas etapas en este recorrido?

La sanción de la Ley 26150 en el año 2006 estableció la obligatoriedad de brindar educación sexual de manera integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo argentino. Quienes participamos en instituciones de formación docente, nos vimos desafiados y comprometidos a construir alternativas que dieran respuesta a dos cuestiones de singular relevancia: la educación formal tiene el deber de brindar educación en sexualidad y los educandos tienen el derecho de recibir educación en este tema. Conscientes de que todos hemos sido educados en la sexualidad de modo informal, implícito y con base en conceptos, creencias y prejuicios propios de la vida cotidiana y de que no serían fácilmente reemplazados por conceptos y teorías con fundamentos científicos, decidimos iniciar una investigación con la intención de develar lo que los alumnos que estaban formándose para ser docentes pensaban sobre la sexualidad y sus posibilidades de educación. Este primer paso dio lugar a la paulatina construcción de una línea de investigación que ha seguido el siguiente proceso: en la etapa de 2007 a 2009, el objetivo fue develar las representaciones sociales de los futuros maestros sobre el tema, sin incluir la posibilidad de que el educando sea una persona con discapacidad. Ahora bien, si admitir la propia sexualidad -pensarla, hablarla, estudiarla, incluirla en la escuela y en la currícula- ha sido y es un tema conflictivo, cuando se trata de personas con discapacidad y particularmente con discapacidad mental, lo es mucho más. Atentos a esta situación, en la etapa que se dio entre 2009 y 2011, el objetivo fue describir las representaciones sociales de los alumnos que inician su formación docente sobre la educación en sexualidad cuando se trata de personas con discapacidad. En tanto, en la etapa de 2011 a 2013, el propósito fue describir las modalidades y características de la educación en sexualidad en el nivel Inicial y EGB de escuelas de educación común y especial en la ciudad de Mendoza. Para ello, se analizaron proyectos institucionales, planificaciones de diferentes áreas curriculares y de diferentes años de la escuela primaria y el nivel inicial y entrevistas en profundidad a docentes y directivos de seis escuelas mendocinas. Los resultados de esta última fase dieron origen al proyecto 2014-2015 cuyo  objetivo fue acompañar y registrar el proceso de construcción de proyectos institucionales adaptados a su realidad sociocultural en aquellas escuelas mendocinas que participaron de la última de las etapas anteriores, y que asumieron la responsabilidad de implementar la Ley 26150.

¿También trabajaron para las escuelas de la UNCUYO?

Sí. A lo largo de este proceso y en forma simultánea, participamos en el proceso institucional de reformar los planes de estudios para la educación inicial, primaria y especial que se implementan en la FED de la UNCUYO. En algunos de dichos planes se incluyó un espacio curricular denominado Educación Sexual Integral, en tanto que en otros no se incluyó dicho espacio con el argumento de que los contenidos se establecerían de modo transversal en los espacios curriculares, incluidos en los planes de estudio.

¿Qué sigue ahora?

Transcurridos más de diez años desde la sanción de la ley y desarrollada una cohorte completa de cada una de las cinco carreras de formación docente que se implementan en la Facultad, consideramos oportuno y necesario para la etapa de 2017 a 2018 describir las características del proceso de formación docente para la educación en sexualidad.

Con base en estas investigaciones, ¿cuál considera que es el estado de situación de la implementación, tanto a nivel nacional como provincial, del Programa Nacional de ESI?

El artículo 10 de la ley establece "una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de 180 días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo de 4 años”. Este año se cumplen 11 años de su sanción y la realidad es que estamos muy lejos de su efectivo cumplimiento. En términos generales, existe un alto nivel de desconocimiento o de conocimiento muy superficial en todos los niveles del sistema educativo y en consecuencia un muy bajo nivel de cumplimiento.

¿A qué se debe esta situación?

Los organismos del Estado responsables de su efectivización no han realizado un trabajo sostenido y en profundidad de difusión de la ley y menos aún de capacitación de todos y cada uno de los niveles del sistema educativo como para que cada institución escolar pueda construir un proyecto institucional en el que los derechos a una educación sexual integral se vean concretados en los contenidos de cada una de las áreas curriculares.

Pero algo se debe haber avanzado...

Sí. En los primeros tres años desde su sanción se generaron materiales de difusión y cursos-jornadas de capacitación pero de modo muy fragmentado, superficial y sin continuidad. Paulatinamente, estos intentos se fueron diluyendo y en la actualidad -a pesar de que las demandas al respecto se multiplican- no se observan ni proyectos, ni programas orgánicos por parte del Ministerio de Educación nacional ni provincial que apunten a dar cumplimiento a lo que la ley establece. En el transcurso de los últimos meses, en un departamento del sur de la provincia, se volvieron a plantear fuertes cuestionamientos por parte de autoridades religiosas y entidades afines a la efectivización de lo que la ley establece por parte de organismos del Estado, lo cual no deja de ser un síntoma. Esta situación relega una y otra vez una dimensión muy significativa del desarrollo humano, manteniéndola en el terreno de lo implícito y cargada de prejuicios, hecho no precisamente favorable para un desarrollo armonioso y a favor de la salud mental.