La pieza legislativa se componía de dos puntos: el primero contenía las condiciones en que podría decretarse el estado de emergencia en Francia; el segundo fijaba las reglas bajo las cuales una persona podía ser despojada de la nacionalidad francesa en caso de ser condenada por terrorismo. La marcha atrás, según anunció el propio Hollande en una breve declaración en el Palacio del Elíseo –sede del Ejecutivo galo–, se produce ante la falta de consenso en la Asamblea Nacional y el Senado y la "hostilidad" de una parte de la oposición hacia ese proyecto.

"He decidido cerrar el debate parlamentario, pero no me desviaré de los compromisos tomados tras los atentados de enero y noviembre para garantizar la seguridad del país y proteger a los franceses ante el terrorismo. Es mi deber y mi responsabilidad y la asumiré hasta el final y con la fuerza necesaria", dijo Hollande. Tanto la Asamblea Nacional como el Senado habían reescrito el texto en primera lectura y las dos cámaras debían alcanzar una versión común antes de que el proyecto llegara a ser votado por el Parlamento reunido en Versalles en sesión bicameral, institución que en Francia se denomina Congreso.

Hollande admitió que no iba a ser posible alcanzar un compromiso en torno a la retirada de la nacionalidad y deploró "profundamente esa actitud", al destacar que "ante la actual amenaza terrorista hay que hacer todo para evitar las divisiones". "El terrorismo islamista ha declarado la guerra a Europa, a Francia, al mundo entero. (...) Esta guerra será larga", enfatizó el Presidente antes de subrayar que esa cruzada requiere "a escala europea una acción determinada" y "una respuesta nacional a la altura de los desafíos".