Tres de cada diez víctimas de trata rescatadas y asistidas en 2022 eran explotadas sexualmente

Sociedad

El documento establece "la intervención de los organismos competentes, unifica criterios, previene las fragmentaciones y sobreintervenciones, desde el momento de la denuncia hasta la asistencia integral a las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación".

Los principios que regulan las intervenciones en situaciones de trata y explotación

Para lograr este objetivo, el nuevo protocolo incorporó, por primera vez, algunos principios explícitos que regularían la lucha contra la trata y la explotación. La máxima rectora es la de los derechos humanos, que remarca el respeto fundamental por la dignidad, integridad y desarrollo pleno de la persona.

También resalta la mayor gravedad cuando los efectos del delito de trata y explotación recaen sobre niñas, niños y adolescentes por ser personas en pleno proceso de desarrollo. Tienen “derecho a ser escuchada/o/e, y a tener en cuenta su opinión de acuerdo a sus posibilidades y atendiendo a su autonomía progresiva”.

A su vez, el protocolo reconoce el impacto diferenciado en mujeres y LGBTI+ del delito en cuestión y sugiere un abordaje integral para transformar las condiciones de desigualdad estructural. El nuevo instrumento requiere que se suministre o dispongan los elementos de apoyo que una persona con discapacidad necesita para asegurar la accesibilidad y su participación plena en los procesos de asistencia y restitución de sus derechos.

Foto: Twitter @ParemosLaTrata

Además, el documento remarca que las personas deben ser asistidas sin discriminación alguna y que en ningún caso serán punibles por haber cometido algún delito como resultado directo de haber sido objeto de trata. Con el fin de no revictimizarlas, quienes intervengan deberán extremar los cuidados para que las personas víctimas de trata no tengan que relatar reiteradamente y ante cada organismo las situaciones atravesadas.

En el abordaje de una persona víctima de trata o explotación, deberán tener en cuenta la interseccionalidad, es decir, las distintas violencias que agravan la vulnerabilidad de las personas damnificadas: edad, clases social, identidad o expresión de género, nacionalidad, idioma, orientación sexual, religión. La privacidad e identidad de las personas damnificadas es fundamental, como también sus intervenciones son confidenciales.

El protocolo establece que se deben evitar demoras en el proceso de asistencia y restitución de derechos, los organismos gubernamentales deben accionar de manera conjunta y articulada, y el abordaje debe ser interdisciplinario.

El funcionamiento del protocolo y la unificación de criterios

El nuevo protocolo aclara el funcionamiento de una línea de consultas y orientación que administra la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo. Su número es 01165460580. Además, "unifica el criterio al momento de la denuncia que los organismos deben presentar ante la Línea 145 y, en caso de imposibilidad de comunicación, ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (Protex)", informaron.

☎️ La línea 145 es de asistencia y denuncia para casos de trata laboral y sexual. Es gratuita, anónima, nacional y funciona las 24 hs.

En el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la #Trata de Esclavos reafirmamos nuestra lucha contra este delito. pic.twitter.com/SPMQxWerFS

— Min. Justicia y DDHH (@jusgobar)

March 25, 2022

Este procedimiento rige para todos los organismos involucrados en la detección de dicho delito, como los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Seguridad, de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En cuanto a la judicialización, persecución y flagrancia, se ordenan los protocolos de las fuerzas de seguridad, tanto para la detección temprana en los diferentes ámbitos de su competencia, como las guías de actuación y recepción de denuncias. El nuevo instrumento incorpora la facultad de la AFIP para querellar, en representación del Estado Nacional, "en aquellos casos que pueda visualizarse la existencia de elementos que pudieran configurar el supuesto de evasión previsional y afectar los recursos de la seguridad social".

En cualquier caso, el Estado y cualquiera de sus organismos tienen la obligación de garantizar la asistencia integral que requiera la persona rescatada.

Por último, la información del Gobierno nacional recuerda también los programas y recursos disponibles para las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación. Todo se encuentra en el sitio web del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Las estadísticas de trata y explotación

En 2022, el Gobierno nacional rescató y asistió 1186 personas que fueron víctimas de trata de personas. Lo informaron a través del documento del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del total de personas rescatadas el año pasado, la mayoría eran mujeres (637), 543 se identificaron como hombres y 6, como personas trans. En tanto que 61 personas asistidas eran menores de edad.