La Dirección de la Mujer del Poder Judicial de la provincia ofrece estadísticas anuales de las denuncias recibidas en esa dependencia. Pero este año sumó datos de los casos atendidos entre enero y septiembre, en comparación con el mismo período de los años 2015, 2014 y 2013. En tanto, el primer proyecto de ley para la declaración en emergencia de violencia de género, que data de 2012, quedó encajonado en la Legislatura.

Los números del Poder Judicial especifican que entre enero y septiembre del 2013 hubo 994 casos atendidos de violencia de género. En 2014 fueron 1519 y, en 2015 y 2016, 1754 y 1755, respectivamente. El crecimiento de esa cifra del 77 % en 4 años y hasta el momento, aunque sea por un solo caso, el número sigue en subida.

Estadísticas de las denuncias por violencia de género durante el período enero-septiembre de los años 2013 a 2016. Fuente: Dirección de la Mujer, Poder Judicial de Mendoza.

Luego de los femicidios de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén Arroyo, en la Cámara de Diputados se pidió declarar la emergencia en violencia de género en la provincia. Eso ocurrió en la sesión del miércoles 28 de septiembre, día en que se convocó a una marcha bajo la consigna “Ni Una Menos”, pero acordaron que se tratarían los proyectos de ley en la sesión siguiente, porque aquel día tenía prioridad de tratamiento con o sin despacho la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, en la sesión siguiente no se trató y el oficialismo se ha negado desde entonces a declararla. El triple femicidio del barrio Trapiche, ocurrido el pasado domingo 23, fortaleció el reclamo por acciones específicas por parte del Estado para que intervenga en el asunto. Por lo tanto, se ha abierto un amplio debate sobre si es “necesario” declarar o no la emergencia en violencia de género. Desde el oficialismo argumentaron que lo que se necesita es redistribuir los recursos y elaborar un plan integral.

Lo cierto es que existen tres proyectos de ley que buscan declarar la emergencia y el primero de ellos data de 2012. Lo más curioso es que fueron presentados por tres bloques políticos distintos: el primero lo presentó el exdiputado del Partido Justicialista (PJ) Daniel Cassia; los otros dos fueron presentados en 2015: uno, por la también exlegisladora Lorena Meschini (UCR), y el otro, por la actual diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Cecilia Soria.

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado algunas medidas, como la implementación de más refugios para alojar a las víctimas (el primero de ellos fue inaugurado el pasado lunes 24 en Santa Rosa), los sistemas del botón antipánico y pulseras gemelas, y se destinó parte del presupuesto 2017 para la Dirección de Género.

Esto es lo que rescató la exdiputada Meschini, quien hoy ocupa el cargo de directora de Economía Social y Asociatividad en el Gobierno. Ella comentó que en su momento, específicamente en mayo del año pasado –cuando presentó el proyecto de ley–, consideró que declarar la emergencia en violencia de género era necesario porque el Gobierno anterior, tanto el provincial a cargo de Francisco Pérez, como el nacional bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no destinaba presupuesto a la aplicación de las políticas de género que decía militar. En cambio, la funcionaria destacó que para el presupuesto 2017, se asignarán 30 millones de pesos, aproximadamente, a la Dirección de Género de la provincia, a cargo de Silvina Anfuso.

Además, Meschini señaló que en 2015, cuando presentó el proyecto de legislación, el bloque del PJ-FpV trabó su tratamiento. La radical apuntó a Sonia Carmona y a Lorena Saponara, actual y exdiputada, respectivamente. Con esto, la funcionaria consideró “contradictorio” que la actual oposición esté a favor de la declaración de emergencia en violencia de género, cuando estuvieron en contra el año pasado, mientras eran oficialismo.
 

Los argumentos de Cassia

Daniel Cassia, exdiputado del Partido Justicialista y primer legislador que propuso la emergencia en violencia de género en 2012. Foto publicada por Sitio Andino.

El dirigente peronista que ha militado desde 2012 la declaración de la emergencia en violencia de género es Daniel Cassia, exdiputado del PJ. Su posición se sostiene en los números presentados por el Poder Judicial: la emergencia fue necesaria en 2012 y es necesaria hoy. “Me parece un error demorarse en la implementación de una ley que te permite acelerar los pasos frente a las decisiones que se deben tomar en forma inmediata. Si no la realidad, como vemos, nos está pasando por encima”, declaró el político.

El exlegislador ve voluntad en la administración actual de implementar una política pública sobre el tema, pero considera que no se prevé un factor que él considera importante: el tiempo. La ventaja de declarar la emergencia en cualquier ámbito es que acelera procesos administrativos. “Con la declaración de emergencia vos podés hacer muchísimas acciones en el corto plazo sin la necesidad de atarte a la Ley de Contabilidad”, aseguró Cassia.

Es que destinar recursos, tanto humanos como económicos, a la intervención estatal para la prevención y erradicación de la violencia de género implica un proceso que puede llevar, por ejemplo, seis meses, mientras que con la declaración de la emergencia, ese tiempo se reduciría a 20 o 30 días. Y, para el exdiputado, el tiempo en este tema es un factor clave. El ejemplo concreto -y bastante contundente- que dio Cassia es el de la Fiscalía especializada en Delitos de Violencia de Género que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia ha anunciado.

El Procurador, Alejandro Gullé, manifestó su urgencia por inaugurar ese organismo aquel 28 de septiembre, luego de los femicidios de Zapata, González y Arroyo. Pero después declaró que había demoras en los procesos administrativos y en la designación del personal. Actualmente esta Fiscalía se encuentra en proceso de acondicionamiento edilicio y estará ubicada en un ala del Palacio Policial, según Gullé. Asimismo, el Procurador no pudo estimar una fecha de inauguración, porque también faltan cosas que tratar con la Corte.

Frente a estas situaciones, Cassia argumenta que la declaración de emergencia en violencia de género no significa romper con la ley, sino que “implica saltear obstáculos que pone la ley, porque estás en un momento en el cual tenés que tomar decisiones rápidas, por la situación que vive el tema”.