El 4 de julio de 2012 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto a un conjunto de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, presentó ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) una denuncia al gobernador, Francisco Pérez.

La denuncia es por omitir “la aplicación del protocolo  hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles y para la atención integral de toda víctima de violencia sexual”; luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se interpretó el Art.86 del Código Penal inciso 2 y ratifica este derecho.

Además, los distintos colectivos denunciaron al ministro de Salud de la Provincia, Carlos Díaz Russo, en base a los dichos desafortunados y poco felices, expresados en un medio radial local en correspondencia a la eventualidad de que se solicitara un aborto no punible.

La denuncia dice: “Al mismo tiempo denunciamos los dichos de Carlos Díaz Russo, ministro de Salud de Mendoza, quien, en el programa Te digo lo que pienso de MDZ Radio el día 23 de marzo de 2012, vertió dichos discriminatorios al decir lo siguiente: (…) ´con el simple pensamiento de que se puede lograr el aborto se puede cubrir una serie de mentiras en el sistema”. De esta manera se deja implícita la idea  que mujeres y/o niñas víctimas de una violación  pueden mentir respecto a estos ataques para poder realizarse un aborto”.

El comunicado de prensa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito considera que “en ambos casos, ya sea por acción u omisión de los funcionarios denunciados, se ve seriamente afectado el pleno acceso de las mujeres a la salud. Ante la negación de la legalización del aborto o la negación de practicar un aborto seguro ante una violación se vulneran los derechos humanos de las mujeres”.

Paulina Serú, integrante del colectivo feminista Ultravioleta dijo a Edición Cuyo que la postura de nuestro gobernador y su ministro de Salud es “la de no reconocimiento de los derechos válidos y adquiridos”.

Discriminación y desobediencia a la ley, en un mismo combo

El pedido que llevan adelante las organizaciones defiende el acceso de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito. Entre ellas figuran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Cladem, La Otredad, Fundación Ecuménica de Cuyo, Las Pobladoras, Ultravioletas Colectiva Feminista Lesbiana, La Minga, Se Vienen las Mendocinas, Mujeres Cotidianas, Varones Antipatriarcales Mendoza, Amotinadxs, Aberrosexuales,  Mujeres Cotidianas y Mujeres en Acción.

A través de la presentación se volvió a poner sobre el tapete algo que ya tiene veredicto: el Estado debe autorizar y practicar el aborto a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual que lo soliciten, garantizando así su integridad física y emocional.

Las organizaciones defienden el fallo emitido por la Corte a mediados de 2011, que realizó una interpretación respecto del artículo 86, inciso 2 del Código Penal en el que se establece que no es punible la interrupción del embarazo tras una violación y que su realización no necesita de una autorización judicial ni de denuncia policial previa. Con esto la Justicia sentó jurisprudencia, pero Mendoza mira para otro lado.

Es por esto, que las organizaciones entienden que se están vulnerando los derechos de las mujeres respecto del acceso a la salud y por lo tanto se está cometiendo discriminación.

La denuncia ingresó al Inadi el 4 de julio y quedó registrada bajo el número 1436. Esta entidad perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene el rol de recibir denuncias, investigar, realizar campañas y apoyar a las víctimas, en cuestiones relacionadas con toda forma de discriminación.

Por eso el Inadi, si bien no puede dictaminar una sanción, pondrá a consideración los elementos jurídicos necesarios para analizar la presentación y emitir un dictamen.

A propósito de lo ocurrido, el texto del comunicado de prensa sostiene: “El ejercicio irresponsable de las obligaciones de un funcionario público junto a la subestimación de las decisiones de la ciudadanía, constituyen actos de discriminación lisa y llana, y son en sí mismos obstáculos gravísimos y lesivos para el pleno desarrollo de una sociedad, convirtiendo en letra muerta la normativa vigente y, por ende, vulnerando el conjunto de los derechos”.

Serú, respecto a las expectativas que genera esta acusación agregó: “Más allá de los dichos y de las posturas, no es competencia del ejecutivo decir si se aplica o no la ley. La Corte ya lo decidió. A partir del caso de Chubut donde una menor fue violada por su padrastro. Con esto no queremos iniciar una discusión. Es un derecho que ya existe. Y el Gobernador no puede negar”.