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La Asociación Civíl de Ayuda al Policía de Mendoza acusó al gobierno provincial de intervenir teléfonos personales de policías, abogados y periodistas. De la justicia federal a la provincial. La denuncia se agravó con el hackeo del correo de una abogada.
Centro Estratégico de Operaciones movil, organizado por el ministerio de seguridad de Mendoza. Foto: Axel Lloret
Unidiversidad/Constanza Sanchez Coveperthwaite
Publicado el 24 DE AGOSTO DE 2017
La denuncia fue realizada por los miembros de Ayuda al Policía que aseguran haber sufrido no solo escuchas ilegales sino tambien amenazas y persecución por parte del Ministerio que tiene a cargo Gianni Venier. En la denuncia señalan al personal de Dirección de Inteligencia Criminal como los que efectuaron dichas escuchas.
La denuncia se hizo en la Justicia Federal al fiscal Fernando Alcaraz, que se declaró incompetente y el expediente pasó a la provincia, precisamente a la Unidad Fiscal de Capital a manos del fiscal Gustavo Fehlmann, quien dijo a Unidiversidad que es una causa que ha llegado hace muy poco del juzgado federal y si bien las declaraciones de los testigos están pautadas para un futuro, por ahora solo cuentan con los testimonios de los denunciantes.
El presidente de la Asociación de Ayuda al Policía, Pablo Fiore dijo que ya hace tiempo venían denunciando esta situación en Fiscalía de Estado y la Inspección General de Seguridad (IGS) no actuó. Fiore aseguró que, más allá de las sospechas y de las persecuciones que sufrían los integrantes de la asociación, el problema se agravó cuando una abogada que tiene a varios clientes policías, descubrió que no le llegaban los correos electrónicos de la IGS con información oficial.
Luego de descubrir que la letrada tenia hackeada su cuenta, una de las integrantes de Ayuda al Policía se comunicó con una persona vinculada a la Dirección de Inteligencia Criminal, quién le confesó las tareas encomendadas para la investigación de los denunciantes. Esta evidencia y los correos que no llegaron para la abogada, son algunas de las pruebas de la denuncia. Por otro lado, aseguran que no solo hay policías perjudicados, también hay periodístas y abogados de la provincia.
Sin embargo, Fiore asegura que temen las represarias pero espera que se llegue al fondo de la situación. "No somos delincuentes, los policías no tienen gremios y ahí ya empezamos a ser una piedra en el zapato" , finalizó a la espera de que la justicia dictamine.
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