El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al exministro de Salud Ginés González García, al periodista Horacio Verbitsky y a los eventuales involucrados por el escándalo del vacunatorio VIP que le costó la salida del cargo al ahora exfuncionario.

Marijuan también reclamó medidas de prueba y que las provincias informen a quiénes están suministrando la vacuna contra el coronavirus como “personal esencial”.

“Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, advirtió en la denuncia enviada a la Cámara Federal.

Según sostuvo el fiscal, la confesión del periodista oficialista sobre su vacunación implica una “clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.

Marijuan solicitó que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido” González García y Verbitsky, “sin perjuicio” de que luego puedan identificarse a otras personas que también estuvieran involucradas en el hecho.

En su denuncia, resaltó que el Gobierno fijó como objetivo “vacunar al cien por ciento de la población teniendo en cuenta criterios científicos y éticos, y la disponibilidad progresiva de dosis”. A tal fin, se estableció un orden de prioridades para la inmunización y que “recién en su etapa inicial la vacunación de las personas mayores de 70 años de edad en la provincia de Buenos Aires y de 80 años en esta ciudad, previa inscripción y registro para la obtención del turno correspondiente”.

Es por esto que el fiscal considera que aun teniendo en cuenta estas circunstancias, se va “conociendo que determinadas personas vinculadas con actividades políticas y/o relacionadas directamente con algunos funcionarios, obtienen la posibilidad de ser vacunados, aun cuando no están dentro de la normativa”.

En ese sentido, el fiscal indicó que lo que se investiga es “una bajeza tal en personas con un cargo político y funcional trascendente” que le hace “recordar a los peores momentos de la Argentina”.