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El Tribunal Supremo de Justicia decidió ejercer las funciones legislativas mientras dure lo que él ha calificado como "desacato" del Congreso. Fuerte repudio internacional.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, habla durante una conferencia de prensa en Caracas (Foto publicada por La Nación)
Unidiversidad / Fuente: La Nación - Audiovisual Télam
Publicado el 30 DE MARZO DE 2017
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela advirtió en una sentencia que ejercerá las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mientras persista lo que considera como un situación de "desacato".
Aunque el TSJ ha anulado muchas acciones y decisiones del Congreso desde que pasó en 2016 a manos opositoras al gobierno de NIcolás Maduro, es la primera vez que expresamente dictamina en una sentencia que asumirá las funciones legislativas, publica La Nación.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia.
La advertencia la hizo en el texto de una sentencia fechada el miércoles 29 en la que autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas petroleras mixtas sin que sea necesaria la aprobación del parlamento.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, que pertenece a la oposición, denunció que el fallo es "un golpe de Estado con todas sus letras".
El TSJ sostiene que las decisiones de la AN son nulas por estar en "desacato" al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.
Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión del propio Congreso, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la bancada opositora a acusar al máximo tribunal de cercenar la función parlamentaria para favorecer al gobierno de Maduro.
En su decisión, el TSJ solicitó al Gobierno que, en adelante, al crear empresas mixtas en el área de hidrocarburos, le informe a la Sala Constitucional de todos los detalles y futuras modificaciones y negó al parlamento el poder de cambiar condiciones en esos casos.
"Golpe de Estado"
El opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN) denunció que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le despoja de sus funciones mientras estén en desacato es "un golpe de Estado con todas sus letras".
"Es una dictadura que la comunidad internacional tiene que ayudar a que se prendan las alarmas para apoyar la decisión del pueblo venezolano para que cambiemos esta dictadura por una Venezuela de libertad, justicia y democracia", expresó en rueda de prensa en Caracas.
Borges dijo que el Poder Legislativo se "rebela" ante el fallo que calificó de "basura "y que fue emitido por quienes aseguró "secuestraron la Constitución, los derechos y la libertad de los venezolanos".
Afirmó que la sentencia fue emitida para para tratar de evitar el control del parlamento sobre las empresas petroleras y advirtió que el Poder Legislativo no cesará en la lucha por el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela.
Condena internacional
Diferentes países repudiaron la ruptura institucional de Venezuela y, en algunos casos, incluso decidieron retirar a sus embajadores del país. Este último es el caso de Estados Unidos, Brasil y Perú.
Chile también opinó, a través de su canciller. "Quisiera expresar la alta preocupación del Gobierno de Chile por el agravamiento de la situación venezolana", dijo Heraldo Muñoz.
Por su parte, el canciller mexicano Luis Videgaray declaró: "El Gobierno de México reafirma su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país, así como al restablecimiento del orden democrático".
El diplomático, en una conferencia conjunta con su par de Colombia, además llamó al diálogo para identificar soluciones concretas "para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas".
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